Una dividida Corte Suprema dictaminó el jueves facilitarle al gobierno federal la deportación de residentes permanentes legales (LPR) que han sido condenados por delitos graves.
En una decisión de 5 contra 4, los jueces de la Corte Suprema se unieron para ir en contra de un hombre que buscaba cancelar las órdenes de deportación por delitos de armas de fuego y drogas. Los LPR que están sujetos a órdenes de deportación pueden solicitar la cancelación de su deportación bajo una ley federal de inmigración si cumplen con los estrictos requisitos de elegibilidad.
Esa ley otorga al fiscal general la facultad de cancelar la deportación de un solicitante que haya sido un LPR durante cinco años y haya residido de forma continua en Estados Unidos durante siete años, durante los cuales no debe haber sido condenado por un delito grave. Si se descubre que un LPR ha cometido tales delitos, se activaría una regla llamada «regla de tiempo de detención». Esta regla haría que la acumulación del requisito de siete años se detenga desde el momento en que el individuo comete un delito que lo hace «inadmisible».
El jueves, la corte dictaminó que confirmaba la decisión de una corte inferior que consideraba al hombre inelegible para la cancelación discrecional de su deportación porque había cometido delitos de agresión con agravantes en los siete años iniciales de su residencia, aunque esos delitos no eran motivo de su deportación.
El fallo se considera en general una victoria para la administración Trump. El presidente Donald Trump ha estado trabajando en una plataforma que presione por una mayor aplicación de las leyes nacionales de inmigración.
En este caso, Andre Barton, residente permanente legal y ciudadano jamaiquino, había solicitado que se cancelara su deportación. Barton y su madre fueron admitidos legalmente en el país en 1989 y él obtuvo su green card en 1992. El caso se cita como Barton vs. Barr.
Durante su estancia en Estados Unidos, él ha sido condenado por delitos estatales en tres ocasiones distintas que abarcan 12 años. Barton fue condenado en 1996 por agresión con agravantes, daños criminales a la propiedad y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. En 2007 y 2008, también fue condenado por delitos de drogas en las cortes estatales de Georgia.
En 2016, el gobierno federal solicitó su deportación por su delito de armas de fuego y sus delitos de drogas. Barton admitió que era deportable por esos delitos y un juez de inmigración lo declaró deportable. Luego solicitó la cancelación de la deportación. El juez de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración determinaron que no tenía derecho a la cancelación porque había cometido la agresión con agravantes durante sus primeros siete años de residencia, lo cual lo hacía inadmisible.
Barton sostiene que, como ya había sido admitido legalmente, no podía ser «declarado inadmisible» en el sentido de la ley de cancelación de deportación.
En la apelación, la Corte de Apelaciones de los EE.UU. del 11º Circuito acordó con el juez de inmigración. El 11º circuito había tomado el mismo punto de vista que el 2º, 3º y 5º circuito, determinando que la regla de tiempo de detención se aplica a los inmigrantes como Barton. Mientras tanto, el 9º circuito dijo que los inmigrantes no pueden ser considerados «inadmisibles» a menos que busquen ser admitidos en Estados Unidos.
Barton apeló entonces al fallo a la Corte Suprema.
El juez Brett Kavanaugh, quien escribió la opinión de la mayoría, estuvo de acuerdo con el 11º circuito pero también señaló que el proceso de deportación es un «proceso desgarrador» especialmente para los miembros de la familia. La corte decidió siguiendo las líneas ideológicas conservadoras-liberales.
«La deportación es particularmente difícil cuando involucra a alguien como Barton que ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos», escribió Kavanaugh (pdf). «Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de autorizar la deportación de los no ciudadanos—incluso de los residentes permanentes legales—quienes han cometido ciertos delitos graves. Y el Congreso también decidió excluir categóricamente la cancelación de la deportación de los no ciudadanos que tienen antecedentes penales importantes. El Congreso puede, por supuesto, enmendar la ley en cualquier momento. Mientras tanto, la Corte está obligada a aplicar la ley tal como fue promulgada por el Congreso».
La mayoría encontró que no había ningún problema en considerar los delitos de agresión con agravantes aunque no fueran motivo para la deportación de Barton.
«Es completamente normal mirar más allá del delito de condena en la sentencia penal, y también es completamente normal mirar más allá del delito de deportación en la etapa de cancelación de deportación en casos de inmigración», escribió.
La Jueza Sonia Sotomayor disintió, argumentando que el fallo de la mayoría estaba «en desacuerdo con el sentido común». Se le sumaron los otros jueces liberales. Ella argumentó que la mayoría había mezclado la «inadmisibilidad» con la «deportabilidad». Ella dijo que para que alguien sea inadmisible, ese individuo debe ser un no-ciudadano que busca ser admitido.
«Barton no puede ni debe ser considerado inadmisible a los efectos de la regla del tiempo de detención porque ya ha sido admitido en el país», escribió. «Por lo tanto, para que la regla del tiempo de detención haga a Barton inelegible para el amparo de la deportación, el Gobierno debe demostrar que cometió un delito que lo hizo deportable».
Alrededor de 13.2 millones de LPRs vivían en Estados Unidos en enero de 2015, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicadas en 2019 (pdf). Entre ese número, 9 millones tenían derecho a solicitar la ciudadanía estadounidense.
Matthew Vadum contribuyó a este informe.
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