La Corte Suprema de Estados Unidos acordó pausar la expiración del Título 42 luego de que 19 estados presentaran una solicitud de suspensión de emergencia.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la decisión de una corte inferior que levantaría el Título 42 el miércoles. Pidió una “suspensión administrativa” que suspende la orden mientras los jueces consideran la solicitud multiestatal.
A primera hora del lunes, Arizona, Louisiana, Texas y otros 16 liderados por el Partido Republicano presentaron una solicitud de emergencia instando al SCOTUS a revertir la decisión de la corte inferior de anular el Título 42.
“Deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de manera imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe que está ocurriendo en nuestra frontera sur”, dijo Mark Brnovich el fiscal general de Arizona, en un comunicado de prensa. «Se estima que los cruces ilegales aumentarán de 7000 por día hasta 18,000”.
El 16 de noviembre, el juez federal de distrito Emmet Sullivan en Washington, D.C., anuló la política que permite a los funcionarios de inmigración expulsar rápidamente a los inmigrantes que ingresan a EE. UU. durante una emergencia de salud pública. Sullivan fue designado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1994.
El título 42 fue invocado por la administración Trump en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19.
«Daño irreparable»
El mes pasado, la coalición multiestatal intentó intervenir para permitir que los estados siguieran defendiendo la política. Cuando el juez de la corte de distrito se negó a pronunciarse sobre la moción, los estados apelaron a una corte superior para suspender la decisión.
El viernes, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia de EE. UU. rechazó la moción de intervención.
Ahora, la coalición citó que habría un «daño irreparable sin una suspensión».
“En particular, el gran aumento del número de inmigrantes resultante de esta finalización aumentará necesariamente los costos de aplicación de la ley, educación y atención sanitaria de los Estados», dice la solicitud.
“La probabilidad de un daño irreparable para los estados se destaca por el hecho de que el DHS ha solicitado entre USD 3000 y 4000 millones en fondos de emergencia para hacer frente a la calamidad inminente que ocasionará la decisión de la corte de distrito”, continúa el documento.
Según un agente de la Patrulla Fronteriza, que habló con The Epoch Times bajo condición de anonimato por temor a las repercusiones, tan solo desde el 1 de diciembre hasta el 19 de diciembre, los dos sectores más transitados de la frontera, que son El Paso y Del Río en Texas, contaron 70,288 detenciones, entre las cuales se sabe que 28,913 escaparon de la detención.
El gobernador de Texas, Greg Abbott (Der.), invocó recientemente el derecho de su estado a proteger su propio territorio contra la invasión de carteles de la droga como resultado de las políticas fronterizas de la administración Biden.
“Los tejanos están pagando el precio de su fracaso. Los ranchos están siendo destrozados y las casas son vulnerables a la intrusión. Nuestras comunidades fronterizas son regularmente interrumpidas por traficantes de personas y los servicios de rescate”, escribió Abbott en una carta a Biden el 16 de noviembre. “El fentanilo mortal está cruzando la frontera porosa a tal grado que ahora es la principal causa de muerte entre los ciudadanos de 18 y 45 años».
“Su inacción ha tenido consecuencias catastróficas. Bajo su supervisión, Estados Unidos está sufriendo el mayor volumen de inmigración ilegal en la historia de nuestro país”, continuó.
Al ser testigo de la situación en la frontera, el juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, también envió una carta pidiéndole a Biden que retrase la derogación del Título 42. Cortez invitó al presidente a visitar el sur de Texas y abordar el «problema grave en el horizonte» que enfrentan los pueblos fronterizos con la disolución del Título 42.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles lleva mucho tiempo luchando por el fin del Título 42.
“La política se implementó durante la administración Trump, en violación de los estatutos de inmigración de larga data que exigen que los solicitantes de asilo reciban un procedimiento completo y justo para determinar su derecho a la protección en Estados Unidos”, escribió la ACLU en su sitio web el mes pasado.
California «a punto de estallar»
El gobernador de California, Gavin Newsom (D), quien visitó la frontera entre California y México la semana pasada, dijo que el estado santuario ha gastado “aproximadamente mil millones de dólares en los últimos tres años para apoyar la salud y la seguridad de los migrantes, así como las comunidades fronterizas circundantes, pero no podemos continuar haciendo este trabajo solos”, según un comunicado de prensa.
En una entrevista posterior a su visita a la frontera, Newson le dijo a KXTV News que el sistema en California está “a punto de colapsar”.
“El hecho es que lo que tenemos en este momento no está funcionando y está a punto de irrumpir en un mundo post-42 a menos que asumamos cierta responsabilidad y pertenencia”, dijo Gavin.
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