La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, reveló este lunes que la crisis de derechos humanos continúa en Nicaragua y que ahora afecta también a la respuesta del régimen a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
En una presentación oral sobre la situación en Nicaragua en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet sostuvo que la crisis sanitaria requiere más transparencia y difusión de información por parte del régimen, que por el momento ha respondido con violaciones de la libertad de expresión y despidiendo a personal médico.
La situación de confrontación que impera en Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando la sociedad civil organizó protestas contra medidas del régimen, que respondió con la represión armada.
De acuerdo a Bachelet, el régimen nicaragüense sigue negándose a dialogar para intentar rebajar las tensiones y resolver los problemas identificados.
Más aún, confirmó que la Ley de Amnistía aprobada en ese país a mediados de 2019 «ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos» que se produjeron para aplastar el movimiento ciudadano.
Según informaciones transmitidas por organizaciones de la sociedad civil a la ONU, 94 personas percibidas como opositoras están detenidas, acusadas en su mayoría de delitos comunes y dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas recientemente al presentar serios problemas de salud.
Además, se han registrado treinta casos de amenazas e intimidaciones en contra de activistas, periodistas, dirigentes sociales y representantes de la Iglesia.
Bachelet pidió al régimen de Daniel Ortega que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y en estado de salud delicado, y que acepte reanudar la cooperación con su organismo.
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