El estado de Nueva York podría recurrir a los miembros de la Guardia Nacional para reemplazar a los trabajadores de la salud que no hayan recibido la vacuna contra COVID-19.
En un comunicado del 25 de septiembre, la gobernadora demócrata Kathy Hochul dijo que las opciones para hacer frente con la escasez de personal hospitalario incluyen el despliegue de miembros de la Guardia Nacional capacitados médicamente. La situación le permitiría declarar una emergencia para aumentar la oferta de personal de la salud incluyendo a trabajadores con licencia de otros estados, de otros países y enfermeras jubiladas.
«Todavía estamos en una batalla contra el COVID para proteger a nuestros seres queridos, y debemos luchar con todas las herramientas a nuestra disposición», dijo en un comunicado. «Estoy vigilando de cerca la situación de dotación de personal y tenemos un plan para aumentar nuestra fuerza laboral de servicio médico y ayudar a aliviar la demanda de nuestros hospitales y otras instalaciones de servicio médico».
Según su oficina, aproximadamente el 16 % de los 450,000 miembros del personal hospitalario del estado, o alrededor de 72,000 trabajadores, aún no han sido vacunados.
Mientras tanto, su oficina dijo que los trabajadores de la salud que son despedidos después de no recibir la vacuna no pueden recibir seguro de desempleo a menos que puedan presentar una solicitud válida aprobada por un médico, dijo la oficina de Hochul. La declaración no menciona las exenciones religiosas.
Un juez federal con sede en Albany ordenó temporalmente el 14 de septiembre a los funcionarios del estado de Nueva York que otorguen exenciones religiosas para la orden estatal de vacunación.
Los demandantes—incluidos médicos, enfermeras, un técnico médico y un coordinador de médicos—se enfrentaban el despido, daños a sus carreras y otras pérdidas a menos que se sometieran a la orden de vacunación que contravienen con sus creencias religiosas, según la demanda.
«Lo que Nueva York está intentando hacer es cerrar de golpe una escotilla de escape de una orden de vacunación inconstitucional», dijo el abogado Christopher Ferrara, abogado especial de Thomas More Society, en una declaración. “Y están haciendo esto sabiendo que muchas personas tienen objeciones religiosas sinceras a las vacunas que fueron probadas, desarrolladas o producidas con líneas celulares derivadas de niños abortados”.
El comisionado de Salud de Hochul, Howard Zucker, y la fiscal general Letitia James presentaron la semana pasada documentos judiciales argumentando que el estado no necesita exigir exenciones religiosas.
“Reducir la cantidad de personal no vacunado que puede exponer a los pacientes vulnerables a enfermedades potencialmente mortales en el entorno del servicio médico es de suma importancia. El tiempo es esencial”, argumentaron en un expediente judicial.
Días después de que el juez de Albany bloqueara la orden, una corte de apelaciones bloqueó temporalmente el requisito de que los maestros y el personal de las escuelas de la ciudad de Nueva York recibieran la vacuna. La corte programó la próxima fecha de audiencia para el 29 de septiembre.
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