Legisladora de Georgia busca prohibir cirugía de cambio de sexo en menores

Por Matthew Vadum
05 de Noviembre de 2019
Actualizado: 05 de Noviembre de 2019

Una legisladora estatal en Georgia quiere que constituya un delito grave que los médicos realicen una cirugía de cambio de sexo en niños menores de edad, incluyendo vasectomía, castración, mastectomía y otras variedades de mutilación genital, y prohibir la prescripción de medicamentos para bloquear la pubertad y la terapia de hormonas sexuales cruzadas en tales casos.

La propuesta legislativa es una secuela de una batalla legal muy publicitada en Texas sobre James Younger, un niño de 7 años cuya madre dice que se identifica como niña y que prefiere que la llamen Luna. Si bien la madre quiere que James comience la terapia de reemplazo hormonal, el padre se opone y busca obtener la custodia exclusiva del niño y de su hermano gemelo. Un juez otorgó al padre y a la madre la custodia compartida el 24 de octubre.

La representante del estado de Georgia, la republicana Ginny Ehrhart, dijo que su legislación protegería a los niños de ser sometidos a procedimientos irreversibles cuando son jóvenes, pero que no tendría ningún efecto en los médicos que trabajan con adultos que buscan un cambio de sexo. La ley de Georgia actualmente permite que los menores de edad reciban cirugía y medicamentos recetados si uno de los padres da su consentimiento.

“Estamos hablando de niños que no pueden hacerse un tatuaje o fumar un cigarro o cigarrillo en el estado de Georgia, pero que pueden ser castrados y esterilizados”, dijo. “La remoción de partes del cuerpo saludables o no enfermas de niños menores de edad también estaría prohibida”.

Ehrhart indicó que el texto final del proyecto de ley, que aún está en proceso de redacción, podría castigar a los padres por permitir que un niño se someta a un cambio de sexo.

“Puede haber alguna implicación en cuanto a la responsabilidad de los padres de someter al niño a este tipo de intervención médica peligrosa”, dijo Ehrhart, según The Atlanta Journal-Constitution.

Jeff Graham, director general del grupo LGBT Georgia Equality, comentó que la propuesta de Ehrhart es una mala idea.

“Esta legislación penalizaría las decisiones que se toman cuidadosamente dentro de las familias en consulta con los profesionales médicos y los profesionales de la salud mental. Apoyar a los niños para que reconozcan su identidad de género no solo es humano, sino que también salva vidas y fortalece a las familias”, dijo.

En PJMedia, el autor conservador Matt Margolis elogió los esfuerzos de Ehrhart.

“Esta legislación suena como un gran modelo de legislación nacional para proteger a los niños pequeños, cuyos cerebros están siendo lavados por el grupo de presión LGBT para que crean que son de un género diferente”, escribe.

“Es hora de dejar de fingir que los niños pequeños son lo suficientemente maduros o capaces de tomar decisiones que alteran su vida y de las que están obligados a arrepentirse más tarde y que no podrán revertir”.

La iniciativa legislativa de Ehrhart viene después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos revelara en mayo una norma para revertir una regulación de la era Obama, que definía la palabra “sexo” incluyendo el concepto impreciso de “identidad de género”. Aunque muchas personas usan las palabras “sexo” y “género” indistintamente en sus conversaciones cotidianas, el género es un concepto político y científicamente polémico cuya definición no está universalmente acordada.

La regulación de Obama impidió que las aseguradoras de salud impusieran lo que los activistas de izquierda consideraban límites o restricciones arbitrarias a los servicios de salud, como los que ayudan a una persona en el proceso de cambio de sexo. La norma obligaba a las aseguradoras de salud a pagar, entre otras cosas, los servicios relacionados con los transexuales que en años anteriores se habían considerado cosméticos o electivos, con la teoría de que rechazar dicha cobertura constituiría una discriminación basada en el sexo.

Los proveedores de servicios de salud, especialmente los hospitales operados por organizaciones religiosas, se opusieron a pagar por la provisión de anticonceptivos o servicios relacionados con el aborto, así como por los procedimientos médicos para personas transgénero que pueden incluir la esterilización electiva. Grupos de izquierda los demandaron en la corte federal, argumentando que la administración Trump está creando “un régimen totalmente nuevo que eleva las objeciones religiosas por encima de todos los demás intereses y valores”.

En un caso relacionado, la Corte de Apelaciones de California dictaminó el 17 de septiembre en Minton v. Dignity Health que una mujer diagnosticada con disforia de género puede demandar a un hospital católico por negarse a extirpar quirúrgicamente su útero como parte del proceso de cambio de sexo, a pesar de la objeción religiosa del hospital a llevar a cabo la operación, como la edición en inglés de La Gran Época ha informado anteriormente.

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