Un grupo bipartidista de legisladores está instando al gobierno de Biden a buscar pruebas de primera mano que ayuden a detener el comercio ilícito de órganos en China, donde el régimen comunista asesina presos de conciencia para mantener su industria de trasplantes.
«La sustracción forzada de órganos es una atrocidad y la interrupción y disuasión de esta práctica debe ser una prioridad del Departamento de Estado», escribieron los legisladores en una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, fechada el 3 de mayo, según informó The Epoch Times en marzo, antes de su publicación.
El grupo —encabezado por el representante Chris Smith (R-N.J.), presidente, y el senador Marco Rubio (R-Fla.), miembro de mayor rango de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC)— solicitó que Blinken utilice los programas de recompensas del Departamento de Estado para obtener pruebas de primera mano que permitieran exigir responsabilidades a los responsables de la sustracción forzada de órganos en Beijing.
Bajo la vigilancia del Partido Comunista Chino (PCCh), la práctica de la sustracción forzada de órganos vitales de personas vivas con fines lucrativos se ha convertido en una industria floreciente, según las exhaustivas investigaciones y pruebas que han surgido en la última década y media.
En 2019, una corte independiente de Londres concluyó, tras una investigación de un año, que la sustracción forzada de órganos se había llevado a cabo en China durante años «a una escala significativa» y que tal atrocidad constituía un crimen de lesa humanidad.
Las principales víctimas, según la corte, son los practicantes encarcelados de Falun Gong, una disciplina de meditación que ha sido objeto de amplias campañas de persecución por parte del régimen desde 1999. Su sentencia final, hecha pública en marzo de 2020 y que incluye 300 páginas de testimonios y alegaciones, no encontró «ninguna prueba de que se haya puesto fin a la práctica».
A pesar de la «impresionante cantidad de testimonios acumulados» por el tribunal independiente, el grupo de legisladores declaró que «no hubo ningún esfuerzo por buscar pruebas sobre individuos cómplices en la sustracción forzada de órganos o en la industria del tráfico de órganos» mediante el uso de programas de recompensas en el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado ofrecía recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a la detención, traslado o condena de «ciudadanos extranjeros designados acusados de crímenes contra la humanidad, genocidio o crímenes de guerra», según el sitio web del programa Global Criminal Justice Rewards.
Otros programas de recompensas del Departamento incluyen el programa de larga duración Recompensas por la Justicia, cuyo objetivo es recabar información que «proteja vidas estadounidenses y fomente los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos», y el Programa de Recompensas por la Delincuencia Organizada Transnacional, que abarca delitos transnacionales como la trata de seres humanos.
Los legisladores instaron al Sr. Bliken a utilizar plenamente los recursos disponibles para reunir pruebas y dar prioridad a la lucha contra la sustracción forzada de órganos por parte del régimen.
El grupo escribió que «existe una necesidad apremiante de descubrir información de primera mano de aquellos que fueron testigos o participaron en la práctica», dada la «demanda mundial de trasplantes de órganos y la evidencia del tráfico ilegal de órganos» en la China comunista.
Citaban un estudio de 2022 publicado en el American Journal of Transplantation, que concluía que los cirujanos y otros trabajadores médicos chinos han actuado como «verdugos» del régimen comunista. El trabajo documentaba casos de 71 publicaciones científicas en lengua china que mostraban que la obtención de órganos se producía antes de que los pacientes fueran declarados en muerte cerebral, en violación de la norma internacionalmente aceptada del «donante muerto».
«Conseguir que la RPC rinda cuentas y aborde plenamente las pruebas de la sustracción forzada de órganos será fundamental para poner fin a esta horrible práctica y promover, a largo plazo, el establecimiento de un sistema de donación de órganos verdaderamente voluntario», escribieron los legisladores, utilizando las siglas del nombre oficial de China, República Popular China.
Además de Smith y Rubio, la carta está firmada por los congresistas Jennifer Wexton (D-Va.) y Michelle Steel (R-Calif.), Zach Nunn (R-Iowa), y Ryan Zinke (R-Mont.), todos ellos miembros del CECC, un panel bipartidista que asesora al poder ejecutivo y al Congreso sobre los derechos humanos y el estado de derecho en China.
En una rueda de prensa ordinaria el 9 de mayo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, confirmó que habían recibido la carta y dijo que el departamento «respondería a su debido tiempo a los propios miembros».
El llamamiento de los legisladores se produjo días después de que el régimen comunista chino fuera señalado por las violaciones rampantes de la libertad religiosa en el último informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. También mencionaba el abuso de órganos por parte del régimen, afirmando que se sustraen órganos a practicantes de Falun Gong y uigures, «algunos aún vivos».
La industria criminal del asesinato por órganos en China ha atraído a pacientes de todo el mundo ofreciendo un periodo de espera que es un imposible, por lo corto, (imposiblemente corto) a veces de solo unos días. Un estudio publicado en el American Journal of Transplantation en 2016 muestra que China es el «país de destino» más popular para trasplantes en el extranjero.
Para hacer frente a los delitos de sustracción de órganos cometidos por el PCCh, la Cámara de Representantes aprobó en marzo de 2023 la Ley para Acabar con la Sustracción Forzada de Órganos (H.R. 1154). Si se promulga, la ley sancionaría a toda persona implicada en la sustracción forzada de órganos y exigiría al gobierno la presentación de informes anuales sobre las actividades de este tipo que se lleven a cabo en países extranjeros.
Mientras tanto, tres estados promulgaron leyes que prohíben el turismo de trasplantes de órganos. El más reciente ha sido Idaho, cuyo gobernador promulgó el 10 de abril la Ley para poner fin a la sustracción de órganos.
Durante una audiencia del CECC en marzo, el Sr. Smith describió la sustracción forzada de órganos a escala industrial en China como «una atrocidad sin precedentes en su maldad».
«Todos tenemos cierta responsabilidad de actuar», dijo a la audiencia. «Si no actuamos ahora, se perderán muchas más vidas».
Con información de Eva Fu y Frank Fang.
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