Maduro ofrece apagar incendios mientras destruye el Amazonas

Por Sabrina Martín
26 de Agosto de 2019 Actualizado: 26 de Agosto de 2019

El régimen de Nicolás Maduro, que ha destruido el Amazonas y las reservas naturales venezolanas gracias al genocidio ecológico causado por el Arco Minero, ofreció «ayuda» para atender los incendios que se expanden por Sudamérica.

De acuerdo con un estudio de BBC MundoVenezuela es el segundo país con más incendios desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto. Según la agencia de noticias, solo en territorio venezolano se han llevado a cabo 26.500 incendios forestales en el Amazonas; una situación que el régimen no ha podido controlar.

Pese a la incapacidad del régimen para controlar los incendios internos, el chavista y usurpador ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, publicó un comunicado donde lamenta la situación y ofrece cooperar de forma inmediata para “mitigar” lo que ocurre en la región.

El encrudecimiento de la dictadura contrasta completamente con la realidad, pues no solo se desconoce cómo pretendería ayudar a paliar los incendios si no cuenta con los recursos para hacerlo. En Caracas, por ejemplo, cuando se incendiaron al menos 50 hectáreas del cerro El Ávila, al norte de la capital, los bomberos solo contaban con un camión cisterna; esto, en medio de un racionamiento diario de agua que se da en todo el territorio nacional desde hace aproximadamente cinco años.

Además, en el comunicado de presunta «solidaridad» por los incendios, el régimen destacó que «siempre ha reivindicado los derechos de las comunidades a la tierra, promoviendo un desarrollo económico y ecológicamente sustentable».

Pero el descaro de la dictadura no tiene límites, pues no solo ha sido capaz de atentar contra las comunidades indígenas de Venezuela con masacres en la frontera mientras los expulsa de territorio venezolano, sino que con la ejecución del Arco Minero ha destruido el Amazonas a tal punto de que será imposible de recuperar.

Persecución y exterminio de indígenas venezolanos

Mientras el régimen de Maduro asegura que «ha reivindicado los derechos de las comunidades a la tierra», también emprende una campaña de persecución y exterminio contra los indígenas venezolanos.


La Gran Sabana, región al sureste de Venezuela, está militarizada desde el pasado 22 de febrero, en víspera de las acciones planificadas por la oposición para ingresar la ayuda humanitaria. Militarizarla significó asesinar a siete personas y detener a 56, varias de las cuales resultaron heridas. Algunas comunidades están desoladas, pues, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano, unos 721 indígenas han huido tras la brutal persecución de la dictadura.

“Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años”, señaló esta organización en un informe presentado el pasado 5 de julio de 2019 a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela.

Arco Minero, el mayor ecocidio

El Arco Minero de Venezuela es el refugio de la corrupción y uno de los mayores crímenes ecológicos perpetrados por la dictadura de Maduro. Mientras el dictador ofrece una supuesta ayuda para paliar los incendios en el Amazonas, va destruyendo las tierras vírgenes que aún quedan en el país suramericano y que además son el principal pulmón vegetal del mundo.

El Arco Minero se convirtió en el famoso mito de «El Dorado», donde el régimen de Maduro destruye la selva venezolana para apropiarse del oro y las piedras preciosas.


La dictadura ha concedido tierras vírgenes a China, Rusia, Turquía y hasta a guerrillas como el ELN o las FARC para mantener su apoyo político y permanecer en el poder.

La dictadura está «contaminando» la flora y fauna de los estados Bolívar, Apure y Amazonas con cianuro y mercurio, dos compuestos usados para la extracción de minerales.

El Arco Minero del Orinoco está ubicado en este estado, y contempla una zona de 114 000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, el manganeso, oro, hierro, bauxita, cobre, níquel, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011, luego de que el Gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera.

Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias. “Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como vacuna, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”, señala el reportaje.

Las sangrientas batallas de las bandas rivales por el control sobre las minas han convertido a Bolívar en uno de los estados más peligrosos del país. Los cuerpos de mineros, criados por balas, se han convertido en una visión inquietantemente común. En este mundo, donde los asesinatos violentos y las políticas corruptas forman parte de la vida cotidiana, el Gobierno venezolano está tratando de atraer a las empresas mineras multinacionales, un movimiento que muchos temen puede minar aún más la integridad ambiental de esta remota región y exacerbar los abusos de derechos humanos.

Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.

Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.

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