Más de 200 legisladores presentaron un escrito a la Corte Suprema, argumentando que el histórico caso que despenaliza el aborto de Roe vs. Wade debería ser «reconsiderado» porque el estándar del derecho al aborto es «inviable».
Treinta y nueve republicanos del senado y 166 republicanos de la Cámara de Representantes sugirieron a la Corte Suprema, en un escrito amicus curiae para un caso de aborto que se avecina, que se ocuparán de la cuestión de si Roe v. Wade debería ser reconsiderado. En la comunicación se dijo que los principios del caso contenían «ambigüedad» y que los tribunales inferiores los habían interpretado de manera inconsistente. Dos demócratas -los representantes Collin Peterson ( D-Minn.) y Daniel Lipinski (D-Ill.)- también firmaron el escrito.
«Cuarenta y seis años después de que se decidiera sobre Roe, sigue siendo un precedente radicalmente inestable», escribieron los legisladores en su escrito (pdf).
Argumentaron que los principios en Roe fueron «aleatorios desde el comienzo» y que los jueces en el caso solo insinuaron que existía un derecho constitucional «fundamental» al aborto.
«En cambio, el tribunal solo exigió que las normas se ‘relacionaran razonablemente’ con el interés del Estado y ‘se adaptaran a los intereses reconocidos del Estado'», escribieron. «Los casos decididos desde entonces no trataron consistentemente el aborto como un ‘derecho fundamental’ y no aplicaron consistentemente un escrutinio estricto».
El derecho al aborto no es un tema en el caso, citado como June Medical Services LLC v. Gee, donde se presentó el escrito. El caso trata de la impugnación de una ley estatal de 2014, la Ley 620, que requiere que los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión en hospitales en un radio de 30 millas del lugar donde se realizó el procedimiento.. El escrito de los legisladores fue presentado en apoyo de la Dra. Rebekah Gee en su capacidad oficial como secretaria del Departamento de Salud de Louisiana – el demandado en el caso.
El estado argumentó que los privilegios de admisión -lo que significa que se requiere que un médico sea miembro del personal de un hospital con la capacidad de admitir pacientes para proporcionar servicios de diagnóstico y terapéuticos- eran necesarios para proteger la salud y la seguridad de los pacientes.
Sin embargo los apelantes, June Medical Services y dos médicos, argumentaron que la ley impone una «carga excesiva» a las mujeres que buscan servicios de aborto. Los opositores también han dicho que la ley podría reducir efectivamente los proveedores de aborto del estado. Los apelantes también argumentaron que la ley es inconstitucional porque la Suprema Corte ya había anulado una ley casi idéntica en Texas en 2016.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las restricciones al aborto de Lousiana después de determinar que la ley de Lousiana era «notablemente diferente» de la de Texas. La Corte Suprema acordó revisar el caso en octubre y tiene previsto atender los argumentos orales en marzo.
En su escrito, los legisladores instaron a la corte superior a confirmar la decisión de la corte de circuito diciendo que los apelantes carecían de capacidad para presentar el caso en nombre de sus pacientes. Argumentaron que las clínicas de aborto de Lousiana, incluyendo June Medical Services, no estaban interesadas en la seguridad de sus pacientes y citaron su larga historia de «acciones disciplinarias profesionales y atención médica deficiente».
Los legisladores también argumentaron que la corte de circuito tenía razón al decidir que la ley de Lousiana no imponía una «carga indebida» al acceso al aborto. Argumentaron que la ley de Lousiana era diferente de la ley de Texas porque trataba de llevar a las instalaciones de aborto «al mismo conjunto de estándares» que se aplican a los abortistas en los centros de cirugía.
«El Quinto Circuito también encontró que el registro relativo a la acreditación de hospitales en Louisiana es muy diferente de aquel [en Whole Woman’s Health v. Hellerstedt]. A diferencia de Texas, ‘Luisiana no intentaba seleccionar o destacar los centros de aborto'», escribieron.
Este escrito se presenta después de que casi 200 senadores y representantes demócratas presentaran un escrito similar en apoyo de los apelantes (pdf), pidiendo a las cortes que anulen la ley de Lousiana.
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