El líder de la Minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), criticó duramente el jueves las acciones de la Administración Biden en materia de política energética que, en conjunto, calificó de «nuevo acuerdo verde fragmentario».
McConnell dijo durante una sesión del Senado el jueves que las acciones de la Administración Biden hasta ahora son «la receta equivocada», incluyendo la decisión de revocar la autorización para el oleoducto Keystone, la decisión de volver a unirse al Acuerdo Climático de París y otras acciones tomadas en nombre de abordar el cambio climático.
«No hay nada verde en un tsunami de despidos para los trabajadores estadounidenses, o en el transporte de crudo canadiense en camiones y trenes en lugar de por un oleoducto», dijo McConnell. «Este nuevo acuerdo verde fragmentario es la receta equivocada. Equivocado para el medio ambiente, equivocado para la seguridad nacional. Y, sobre todo, para los trabajadores estadounidenses que pronto serán extrabajadores estadounidenses si esto sigue así».
«China, Rusia y nuestros otros competidores deben estar encantados, absolutamente encantados, de que nuestro nuevo gobierno esté esencialmente declarando la guerra a algunos de nuestros propios fundamentos económicos para satisfacer un ansia de gestos simbólicos», añadió McConnell.
«Abocando voluntariamente a nuestra propia gente al paro, reduciendo nuestra seguridad energética nacional, aumentando los costes y los precios para las familias trabajadoras, todo ello sin ningún impacto significativo en las temperaturas globales».
El senador republicano elogió las políticas de la Administración Trump diciendo: «los últimos cuatro años demuestran que el crecimiento de nuestra prosperidad, la reducción de las emisiones y la expansión de la energía nacional no están realmente en conflicto: podemos lograr los tres».
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Oleoducto Keystone XL
McConnell calificó la decisión de Biden de revocar el permiso del oleoducto Keystone XL como un «retroceso masivo para la seguridad energética en Norteamérica». El expresidente Donald Trump había permitido en 2017 la finalización del oleoducto.
Un líder canadiense calificó la semana pasada la decisión de Biden de frenar la finalización del sistema de oleoductos en Canadá y Estados Unidos como un «golpe en las tripas», señaló McConnell. «Me imagino que los 11,000 trabajadores estadounidenses, incluidos 8000 trabajadores sindicales que contaban con ese trabajo, se sienten de la misma manera», agregó, diciendo que Biden «efectivamente cerró la puerta a miles de puestos de trabajo estadounidenses de un plumazo».
La orden ejecutiva de Biden que puso en pausa la construcción del oleoducto decía que en 2015, el Departamento de Estado y el expresidente Barack Obama «determinaron que aprobar el proyecto para el oleoducto Keystone XL no serviría al interés nacional de Estados Unidos».
El mismo análisis había dicho que el país «debe priorizar el desarrollo de una economía de energía limpia, que a su vez creará buenos empleos». También decía que el oleoducto tendría un impacto limitado en la seguridad energética de Estados Unidos, y que la aprobación del oleoducto «socavaría el liderazgo climático de Estados Unidos al restarle credibilidad e influencia a la hora de instar a otros países a adoptar medidas climáticas ambiciosas».
Acuerdo climático de París
Por otra parte, McConnell dijo que la decisión de Biden de reintegrarse al Acuerdo Climático de París el pasado 20 de enero solo traerá a los estadounidenses «un serio dolor».
«Hemos vuelto a entrar en un pacto internacional que habría autoinfligido un grave dolor a las familias trabajadoras, que no ha conseguido frenar las emisiones de China, y sin el cual nuestras propias emisiones han estado bajando de todos modos», dijo.
John Kerry, exsecretario de Estado de la Administración Obama-Biden y ahora principal asesor de Biden en materia de política medioambiental, «admitió ayer que incluso si Estados Unidos llevara de algún modo sus emisiones de carbono a cero, no supondría una gran diferencia en el panorama mundial», señaló McConnell. «Eso es porque nuestros competidores, incluida China, ya nos han superado».
Estados Unidos abandonó formalmente el acuerdo climático el 4 de noviembre de 2020. El expresidente Donald Trump anunció por primera vez en 2017 su intención de retirarse del Acuerdo Climático de París, calificando el marco de las Naciones Unidas para abordar el cambio climático como «un desastre total» para la economía estadounidense que era demasiado indulgente con la China comunista y sus emisiones de gases de efecto invernadero.
China se ha convertido en el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, copando el 26.8 por ciento del total. Tanto China como India, que contribuye con un 7 por ciento, se comprometieron en el pacto internacional a reducir la intensidad de sus emisiones en relación con el PIB para 2030. Esto significa que sus emisiones seguirán aumentando durante la próxima década debido al crecimiento económico y tampoco contribuirán a reducir las emisiones globales en un 50 por ciento para 2030, según el Universal Ecological Fund.
Para 2035, la participación de Estados Unidos en el acuerdo costaría a una familia media 20,000 dólares y al PIB nacional 2.5 billones de dólares, así como una pérdida global de casi 400,000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en el sector manufacturero, según un informe de 2019 publicado por la Fundación Heritage. Estados Unidos contribuye en un 13.1 por ciento a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Prohibición de la explotación de petróleo y gas en terrenos públicos
McConnell también cuestionó la decisión de Biden de este miércoles de detener la explotación de petróleo y gas natural en tierras públicas.
«Ayer, la administración frenó el desarrollo de la energía nacional en las enormes franjas de tierra que son propiedad del gobierno federal», dijo el senador el jueves. «No habrá nuevos arrendamientos de petróleo, gas o carbón en tierras federales».
«Nuestro uso responsable de estas tierras representa más de una quinta parte, una quinta parte, de nuestra producción nacional, unos 2.8 millones de barriles diarios. Eso es casi el equivalente a la producción diaria de petróleo de Kuwait solo en nuestras tierras federales. A eso hay que añadir el 10 [por ciento] del gas natural nacional», señaló.
Pero «algunas élites de izquierda» no están «contentas» con el hecho de que Estados Unidos en 2019, por primera vez desde la década de 1950, tuviera un superávit energético y sus exportaciones superaran a las importaciones, dijo.
«Las fuentes de esta energía nacional asequible no tienen suficiente tendencia», dijo McConnell. «Como explicó ayer John Kerry en nombre de la administración, quiere que la gran cantidad de obreros estadounidenses [que trabajan] en esos sectores encuentren ‘opciones mejores’. ¿Opciones mejores que sus buenos empleos para atender a sus familias y reforzar nuestra independencia?», cuestionó.
Kerry dijo el miércoles que Biden quiere asegurarse de que los trabajadores de la industria energética «tengan mejores opciones» en trabajos que «paguen mejor» y sean «más limpios», poniendo como ejemplo ser técnico de energía solar en lugar de ser minero.
Kerry también afirmó que es falsa la idea de que «ocuparse del clima» sea a costa de los trabajadores de la energía. Añadió que hay «mucho dinero por hacer» en la creación de nuevos puestos de trabajo «más saludables» en sectores como el hidrógeno verde, la geotermia y otras energías renovables.
McConnell señaló el jueves que un estudio (pdf) realizado por la consultora energética OnLocation concluyó que la prohibición del arrendamiento y la explotación en tierras y aguas federales supondría la pérdida de casi un millón de empleos para 2022.
«Un millón de puestos de trabajo perdidos solo el año que viene. Es una forma muy buena de empezar una presidencia: despidos masivos entre nuestros propios ciudadanos», recalcó.
McConnell dijo que los estados que tienen gran parte de su producción de petróleo y gas natural vinculada a tierras federales sufrirán importantes pérdidas de empleo durante el próximo año, con estimaciones que sugieren que al menos 16,000 puestos de trabajo están en juego en Nuevo México y 3000 puestos de trabajo en Colorado si persiste la prohibición federal de Biden.
McConnell añadió: «los trabajadores estadounidenses de otros sectores también lo pagarán».
Cuatro demócratas de la Cámara de Representantes de Texas se han unido para instar a Biden a rescindir su orden, afirmando que provocará la pérdida de puestos de trabajo, reducirá los ingresos presupuestarios, socavará la independencia energética de Estados Unidos y «perjudicará a una comunidad que ya sufre».
Según el estudio, la decisión sobre las tierras federales podría suponer que los hogares estadounidenses gasten un total de 19,000 millones de dólares más en energía para 2030.
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