Cientos de enfermeras y médicos, incluido un médico forense jefe, han sido investigados por el estado de Michigan a causa de acusaciones relacionadas con el COVID-19. Dichas acusaciones van desde una grabación en la que algunos invitados a una boda no usaban mascarillas hasta decirle a los que piden dulces que no se vacunen.
Las autoridades desestimaron muchas de las denuncias. Hay docenas de ellas pendientes de resolución, algunas de las cuales han sido remitidas para la adopción de medidas disciplinarias. Algunas han sido remitidas a la oficina del fiscal general de Michigan para su enjuiciamiento penal.
Un especialista en alergias y asma es el tema de una de las referencias enviadas al fiscal general. La denuncia acusa al médico de recetar “una dosis letal” de ivermectina.
Más de 500 copias de quejas se proporcionaron exclusivamente a The Epoch Times. El Instituto de Justicia del Pacífico obtuvo los registros a través de una solicitud de FOIA. El instituto representa a algunas de las enfermeras y médicos acusados.
El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan recibió e investigó las quejas. Aquellos que han investigado han sido despedidos o remitidos a su división de cumplimiento para medidas disciplinarias o a la oficina del fiscal general. Muchos figuran como «bajo revisión de la junta». La lista proporcionada al instituto incluye quejas hasta el 24 de febrero de 2022.
Una de las enfermeras que representa el Pacific Justice Institute es Holly Austin, profesora universitaria de enfermería que tiene un doctorado en enfermería.
La enfermera se enfrentó a la revocación de su licencia por parte del Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan debido a que habló en una reunión de la junta escolar pública, en diciembre de 2021, como madre en contra de los planes para restablecer una orden de mascarillas en la escuela de sus hijos.
Dave Peters, abogado del personal del Pacific Justice Institute, le dijo a The Epoch Times que se sorprendió cuando el estado continuó su investigación sobre Austin incluso después de que envió una respuesta, de 100 páginas a las acusaciones del estado, en la que explicaba como estaban difundiendo información errónea sobre Austin.
“Recuerdo que no hace mucho tiempo tales acciones por parte de las autoridades gubernamentales o cualquier otra persona habrían hecho que toda la comunidad de periodistas aullara sobre la supresión escalofriante a la libertad de expresión”, dijo Peters, quien también tiene una maestría en medicina.
Según los documentos que Peters proporcionó a The Epoch Times, el estado tardó más de un año en cerrar la investigación contra Austin. El estado concluyó en una carta del 3 de marzo de 2022 “que luego de una revisión e investigación exhaustivas”, había “determinado que no se puede corroborar una violación al Código de Salud Pública”.
Más de 200 médicos y enfermeras fueron investigados solo por expresar su preocupación sobre la vacuna contra el COVID o por no usar o promover el uso de mascarillas. Se informó sobre un médico que estrechó la mano de alguien que no llevaba mascarilla; otro fue objeto de una denuncia por alegar que tuvo una mala reacción a la vacuna contra el COVID.
En febrero, Ljubisa Dragovic, médico forense jefe del condado de Oakland, fue investigado por el estado tras realizar autopsias sin usar una mascarilla.
“Cuando estás trabajando en un ambiente con personas fallecidas no hay estornudos o tos activos por parte de los cadáveres. Era una tontería”, dijo Dragovic a The Epoch Times, “no se puede contraer o dar COVID a una persona muerta”. Dragovic dijo que no podía usar una mascarilla porque sus anteojos se empañaban y no podía ver lo que estaba haciendo.
«Lo último que quieres es quedarte ciego mientras utilizas una escápula afilada», dijo.
Dragovic, quien está completamente vacunado y cree en el uso de las mascarillas alrededor de pacientes vivos y compañeros de trabajo, dijo que pasó aproximadamente dos horas respondiendo preguntas de los investigadores de la Junta de Licencias Médicas de Michigan.
Según Dragovic, otro médico forense presentó la denuncia. La persona estaba «totalmente enloquecida de miedo por el COVID», dijo Dragovic. Ese médico fue contratado en el momento álgido de la pandemia para realizar autopsias, pero se negó a hacerlo por miedo a contraer el COVID-19, llegando incluso a encerrarse en su despacho en algunas ocasiones. Al final renunció, según Dragovic.
El denunciante solo presentó la impugnación un año después de que Dragovic se negara a darle una referencia laboral.
Peters dice que el caso es un ejemplo de cómo las investigaciones estatales no tuvieron nada que ver con la seguridad del público.
“Esto se usó para matar la libertad de expresión, para intimidar a las personas con el propósito de que se sometieran”, dijo, “punto”.
Docenas de las quejas fueron contra médicos que emitieron exenciones de mascarillas para niños. Tres enfermeras fueron acusadas de falsificar pruebas de vacunas, incluida una que supuestamente lo hizo para un amigo en un crucero.
La junta de licencias remitió las quejas contra dos médicos y dos quiroprácticos a la Oficina del fiscal general de Michigan por “no seguir las precauciones de seguridad de COVID-19”.
La junta investigó a varios médicos y enfermeras por promover o recetar ivermectina o hidroxicloroquina.
La denuncia contra Austin cita un correo electrónico que ella escribió a la Junta Escolar de Brighton. Dicho correo incluía una recopilación de investigaciones que había realizado sobre el daño que causa el uso de mascarillas. Citó más de 200 estudios.
«Les imploro que se informen de la literatura actual sobre las mascarillas y su ineficacia para disminuir la transmisión del COVID-19, los daños potenciales e inherentes de las mascarillas en nuestra población pediátrica, y las secuelas a corto y largo plazo para nuestros jóvenes por el uso continuo de mascarillas a causa de los mandatos», escribió Austin.
El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan no respondió a las consultas de The Epoch Times sobre las investigaciones.
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