La Misión de la ONU en Venezuela determinó este jueves que las deficiencias del sistema de justicia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha contribuido a perpetuar las violaciones a los derechos humanos a través de torturas, violaciones y persecuciones desde el 2014 hasta agosto del 2021.
Las conclusiones del informe de la Misión de la ONU estuvo basado en 177 entrevistas con actores del sistema de justicia, a través de una encuesta a exjueces y juezas, fiscales y abogados venezolanos, y a través de la revisión de documentos judiciales y otros documentos.
Además a través del análisis de 183 detenciones desde 2014 hasta agosto de 2021 de opositores reales o aparentes según el régimen—la mayoría son hombres.
La investigación por parte de la misión indica que continúa analizando los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, y tratos inhumanos incluyendo violencia sexual.
«El Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos», dice el informe.
La presidenta de la Misión Marta Valiñas—una abogada portuguesa experta en derechos humanos y derecho penal internacional—dijo que la independencia del poder judicial ha sido erosionada poniendo en peligro la impartición de justicia y la garantía los derechos individuales.
La investigación de la Misión arrojó que las detenciones ilegales se producen con irregularidad pese a que el Art. 44 de la Constitución de 1999 determina que ninguna persona puede ser detenida salvo con una orden judicial o que haya sida sorprendida en fragancia de algún delito.
Además arrojó que los jueces de control no tomaron medidas adecuadas al momento de ofrecerles información creíble sobre las irregularidades e ilegalidades en las detenciones realizadas por los agentes de seguridad y cita el caso de el caso de Franklin Caldera, «quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021 fue secuestrado en Colombia» presuntamente «por miembros de la DGCIM» y fue interrogado y torturado más tarde durante aproximadamente 12 días, tiempo en el que no se obtuvo información de su paradero.
Además, añade que las irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad estatales en las detenciones determinadas en el informe de la misión del 2020 se reflejaron en el actual informe, ya que las personas detenidas «fueron trasladas con los ojos vendados o encapuchadas, utilizando rutas indirectas» y determinando que «hubo un uso excesivo de la fuerza o la violencia durante las detenciones».
También el informe de la Misión de la ONU alarma la utilización del método de tortura utilizado por los nazis, denominado Sippenhaft—es una técnica de castigo colectivo—es decir, tal método justifica la responsabilidad familiar sobre un acto considerado como delito por algún miembro de la familia, derivado del derecho germánico de la Edad Media y adoptado por la Alemania nazi con el fin de infringir castigo a los familiares por un presunto delito cometido por algún familiar.
El informe cita el caso de un acusado de participar en la Operación Gedeón, quien dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el Sippenhaft. Por lo que posteriormente detuvieron a sus dos hermanas y a su cuñado, reteniéndolos durante 32 días en La Boleíta—uno de los centros clandestinos de detención y tortura del régimen de Maduro.
El informe menciona que además parte de las omisiones cometidas por el Estado fue «No investigar las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual».
Y citó que en 113 casos de los 183 casos de detenciones revisados por la Misión, las personas que estuvieron detenidas o sus representantes legales denunciaron que se cometió tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron con evidencias claras marcas de maltrato ante los tribunales. El informe citó el caso de una detenida que sufrió un aborto posterior a la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas.
Este informe se complementa con el informe de la Misión del septiembre del 2020. Y se espera que las recomendaciones y conclusiones sean presentadas el 24 de septiembre. Además se prevé que en marzo y septiembre del 2022 la misión de a conocer más análisis y conclusiones.
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