El fiscal general de Mississippi pidió el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que revocara la decisión histórica sobre el aborto de Roe vs. Wade y argumentó que la práctica no debería considerarse un derecho constitucional.
“La conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene base en el texto, la estructura, la historia o la tradición”, dijo la fiscal general republicana, Lynn Fitch, a los nueve magistrados en un nuevo expediente judicial.
En mayo, la corte superior acordó escuchar la apelación de Mississippi de un fallo judicial de 2019 que anulaba una ley estatal que prohibía los abortos después de la semana 15 de embarazo. Se espera que ese caso—Dobbs vs. Jackson—sea discutido cuando el mandato de la Corte Suprema comience en octubre.
En el escrito, la fiscal general de Mississippi señaló que el texto de la Constitución no menciona el aborto y dijo que adherirse a la decisión de 1973 es «peligrosamente corrosivo para nuestro sistema constitucional». La Corte Suprema dictaminó en ese momento que el aborto podría legalizarse antes de la viabilidad, que generalmente es la semana 24 de embarazo.
El escrito inicial presentado por el estado, interpuesto en junio del año pasado, argumentó que la Ley de Edad Gestacional del estado cumplía con el precedente legal existente e indicó que Roe vs. Wade debería ser revocado si la Corte Suprema no podía encontrar otra forma de defender la ley de Mississippi.
Sin embargo, el escrito de la corte del jueves parece reformular ese argumento y tiene ahora por objetivo el propio caso de Roe vs. Wade y una decisión posterior de 1992 de la Corte Suprema: Planned Parenthood vs. Casey.
“El aborto es fundamentalmente diferente de cualquier derecho que esta Corte haya respaldado”, escribió Fitch. “Ningún otro derecho implica, como el aborto, ‘la terminación intencionada de una posible vida’”. Y agregó: “Roe puso fin a casos anteriores, Casey no pudo restablecerlo y ambos reconocen un derecho que no tiene base en la Constitución».
«Un mayor escrutinio de las leyes de aborto nunca puede servir para esos objetivos», agregó la fiscal general, «debido a que la Constitución no protege el derecho al aborto, no proporciona orientación a las cortes sobre cómo rendir cuenta de los intereses en este contexto».
Con respecto a las razones políticas para el aborto, Mississippi argumentó que los tiempos han cambiado desde 1973 y 1992, respectivamente. La fiscal general señaló que en los últimos años, los avances científicos han demostrado que un feto ha adquirido forma humana antes de la viabilidad, y las alternativas que incluyen la adopción y los anticonceptivos están más disponibles que nunca.
“La marcha del progreso ha dejado atrás a Roe y Casey”, afirma el escrito. “Esos casos sostuvieron que un embarazo no deseado podría condenar a las mujeres a ‘una vida y un futuro angustiosos’, que el aborto es un complemento necesario para la anticoncepción y que la viabilidad marcó un punto sensible para cuando los intereses del estado en la vida por nacer se vuelven imperiosos”.
Los conservadores durante décadas han luchado contra Roe vs. Wade, el cual reconoció que un derecho constitucional a la privacidad personal protege la capacidad de una mujer para abortar. La corte, en su decisión de 1992, reafirmó el fallo y prohibió las leyes que imponen una «responsabilidad indebida» a la capacidad de una mujer para obtener un aborto.
Quienes se oponen al aborto tienen la esperanza de que la Corte Suprema limite o revoque el caso Roe vs. Wade. La corte ahora incluye la incorporación de la tercera persona designada el año pasado por el presidente republicano Donald Trump, la magistrada Amy Coney Barrett. Ella reemplazó a la jueza Ruth Bader Ginsburg, una defensora del aborto de larga data, en septiembre.
Un escrito de oposición de la Organización de Salud Femenina de Jackson, la única clínica de abortos de Mississippi, debe entregarse antes del 13 de septiembre. La clínica argumentó anteriormente que 50 años de precedentes y fallos judiciales han establecido la viabilidad de Roe vs. Wade.
“Antes de la viabilidad, los intereses del Estado, sean los que sean, no pueden anular los intereses de una persona embarazada en su libertad y autonomía sobre su propio cuerpo”, escribió la clínica el año pasado.
Con información de Reuters.
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