El secretario del Tesoro Steven Mnuchin y otros funcionarios de la tesorería fueron absueltos por el Inspector General del Tesoro (TIG) en ejercicio, Richard Delmar, sobre la decisión de retener las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump en el Congreso.
La investigación sobre el asunto fue desencadenada por el presidente de la Cámara de Representantes, Richard Neal (D-Mass.), quien la solicitó después de que Mnuchin se negara a proporcionar seis años de declaraciones de impuestos personales del presidente, junto con algunas declaraciones de negocios.
«Basándose en las entrevistas realizadas y en la revisión de los correos electrónicos pertinentes, TIG encontró que la recepción, el procesamiento y las respuestas del presidente Neal a las solicitudes de registros y citaciones del presidente eran consistentes con el proceso general del Tesoro para el manejo de la correspondencia del Congreso y las solicitudes para incluir al Secretario Mnuchin en la supervisión del asunto», decía el informe (pdf) de la investigación.
En mayo, Mnuchin rechazó la petición de Neal sobre las declaraciones de impuestos de Trump, afirmando que la demanda carecía de «un propósito legislativo legítimo».
El Departamento de Justicia respaldó a Mnuchin, diciendo que como la confidencialidad de las declaraciones de impuestos está protegida por la ley, Mnuchin no había violado la ley al rechazar la citación.
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El consejo de Neal no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El informe del fiscal general «demuestra que las acusaciones anteriores por motivos políticos están desacreditadas: el secretario Mnuchin siguió la ley, cumplió con todas las solicitudes y hay una supervisión adecuada por parte del Tesoro», dijo el representante Kevin Brady (republicano de Texas), el miembro de mayor rango de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, en un comunicado.
La oficina de Delmar no intervino en los asuntos legales relacionados con el debate sobre las declaraciones de impuestos porque estaba fuera del ámbito establecido, según escribió Sally Luttrell, inspectora general adjunta de investigaciones, en el informe.
El Departamento del Tesoro «procesó la solicitud adecuadamente», buscó orientación jurídica en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC) y determinó que estaba vinculada a esa dependencia, escribió Delmar en una carta (pdf) a Neal y Brady.
«No pretendemos opinar sobre el análisis y las conclusiones del dictamen y el asesoramiento de la OLC», escribió.
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