Opinión
Un equipo de nueve expertos de Harvard, Johns Hopkins y otras universidades de primera línea publicó una investigación que cambia el paradigma sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas COVID-19 y sobre por qué la obligación de vacunar a los estudiantes universitarios no es ético.
Este estudio de 50 páginas, que se publicó en The Social Science Research Network a finales de agosto, analizó los datos de los CDC y de la industria sobre los efectos adversos de las vacunas, y concluyó que la obligatoriedad de las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 para los jóvenes puede causar entre 18 y 98 efectos adversos graves reales por cada hospitalización relacionada con la infección por la COVID-19 teóricamente evitada.
Los autores del documento son el Dr. Stefan Baral, profesor de epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, y el cirujano Martin Adel Makary, profesor de la Universidad Johns Hopkins conocido por sus libros que denuncian la mala praxis médica, como «Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Heath Care»; y el Dr. Vinay Prasad, hematólogo-oncólogo, que es profesor del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la UCSF, así como autor de más de 350 artículos académicos y revisados por colegas.
Pero entre este equipo de expertos internacionales de alto nivel que redactaron este documento, quizá el más notable sea Salmaan Keshavjee, doctor en medicina, actual director del Centro de Prestación de Servicios Sanitarios Mundiales de la Facultad de Medicina de Harvard y profesor de Salud Mundial y Medicina Social en la misma. Keshavjee también trabajó mucho con Partners In Health, una organización sin ánimo de lucro con sede en Boston cofundada por el difunto Dr. Paul Farmer, en el tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos, según su biografía en línea.
El riesgo de la desafiliación
Como señala el estudio, a los estudiantes de las universidades de Estados Unidos, Canadá y México se les dice que deben recibir una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 o serán dados de baja. A los estudiantes de secundaria no vacunados que acaban de empezar la universidad también se les dice que las vacunas contra la COVID-19 son «obligatorias» para asistir.
Estos mandatos están muy extendidos. Actualmente hay 15 estados que siguen respetando las exenciones filosóficas (creencias personales), y 44 estados y Washington, D.C. permiten las exenciones religiosas a las vacunas. Pero incluso en estos estados, las universidades privadas están diciendo a los padres que no aceptarán las exenciones de vacunas reconocidas por el estado.
Basándose en entrevistas personales con media docena de familias, The Epoch Times supo que los administradores de algunas universidades están informando a los estudiantes que tienen sus propios equipos médicos contratados por la universidad para examinar las exenciones médicas presentadas por los estudiantes y firmadas por médicos privados. Estos médicos, según se les dice a las familias, decidirán si las razones de salud aducidas son médicamente válidas.
5 argumentos éticos contra los refuerzos obligatorios
Aunque los medios de comunicación no suelen informar de ello, los refuerzos de la vacuna COVID-19 generaron una gran controversia.
Mientras que algunos países están compensando discretamente a las personas por las devastadoras lesiones causadas por la vacuna, y otros países están limitando las recomendaciones de la vacuna COVID-19, los Estados Unidos están recomendando que los niños de 12 años o más reciban el refuerzo específico Omicron de Pfizer-BioNTech, y que los adultos jóvenes mayores de 18 años reciban la vacuna actualizada de Moderna.
Al mismo tiempo, las autoridades de salud pública de Canadá sugieren que los canadienses necesiten las vacunas COVID-19 cada 90 días.
En un contexto de recomendaciones de salud pública confusas y a menudo cambiantes y de fatiga de refuerzos, los autores de este nuevo documento sostienen que los mandatos de refuerzos universitarios no son éticos. Dan cinco razones específicas para esta audaz afirmación:
1) Falta de transparencia en la elaboración de políticas. Los científicos señalan que no existe ningún análisis formal y científicamente riguroso de riesgo-beneficio sobre la utilidad de los refuerzos para prevenir infecciones graves y hospitalizaciones en adultos jóvenes.
2) Daños esperados. Un examen de los datos actualmente disponibles muestra que los mandatos tendrán como resultado lo que los autores denominan un «daño neto esperado» para los jóvenes. Este daño esperado superará el beneficio potencial de los refuerzos.
3) Falta de eficacia. Las vacunas no impidieron eficazmente la transmisión del COVID-19. Dada su escasa eficacia, los autores la califican de «modesta y transitoria», los daños esperados causados por los refuerzos probablemente superen cualquier beneficio para la salud pública.
4) No hay recurso para los adultos jóvenes afectados por la vacuna. Obligar a la vacunación como requisito previo para asistir a la universidad es especialmente problemático porque los jóvenes lesionados por estas vacunas probablemente no podrán recibir compensación por estas lesiones.
5) Daño a la sociedad. Los mandatos, insistieron los autores, condenan al ostracismo a los adultos jóvenes no vacunados, excluyéndolos de las oportunidades de educación y empleo universitario. La vacunación coercitiva supone «importantes infracciones a la libre elección de ocupación y a la libertad de asociación», escribieron los científicos, especialmente cuando «los mandatos no están respaldados por una justificación de salud pública convincente».
Las consecuencias del incumplimiento incluyen la anulación de la matrícula, la pérdida de los privilegios de acceso a Internet, la pérdida de acceso al gimnasio y a otras instalaciones deportivas, y la expulsión del alojamiento del campus, entre otras cosas. Estos enfoques punitivos, según los autores, provocaron un estrés psicosocial innecesario, daños a la reputación, pérdida de ingresos y miedo a ser deportado, por nombrar sólo algunos.
Hay que vacunar a entre 22,000 y 30,000 adultos jóvenes que no estaban afectados para evitar una sola hospitalización
La falta de eficacia de las vacunas es una de las principales preocupaciones de estos investigadores. Basándose en su análisis de los datos públicos proporcionados a los CDC, estimaron que entre 22,000 y 30,000 adultos jóvenes previamente no infectados tendrían que ser reforzados con una vacuna de ARNm para prevenir una sola hospitalización.
Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta la protección conferida por una infección previa. Por tanto, los autores insistieron en que «debe considerarse una evaluación conservadora y optimista del beneficio».
En otras palabras, las vacunas de ARNm contra COVID-19 son esencialmente inútiles.
Las vacunas de refuerzo obligatorias causan más daño que beneficio
Pero la falta de eficacia documentada es solo una parte del problema. Los investigadores descubrieron además que por cada hospitalización por COVID-19 que se evita en adultos jóvenes que no habían sido infectados previamente con COVID-19, los datos muestran que entre 18 y 98 «eventos adversos graves» serán causados por las propias vacunas.
Estos eventos incluyen hasta tres veces más miocarditis asociada al refuerzo en hombres jóvenes que hospitalizaciones evitadas, y hasta 3234 casos de otros efectos secundarios tan graves que interfieren con las actividades diarias normales.
En un hospital regional de Carolina del Sur, el recepcionista llevaba un botón que decía: «Estoy vacunado contra el COVID-19» con una gran marca negra.
«¿Y los refuerzos?», preguntó un visitante del hospital. «Empieza a parecer que necesitamos demasiadas vacunas».
«Sí parece que son muchas», coincidió el empleado. «Es difícil saber qué hacer». Pero tenía un consejo para el visitante: «Sigue leyendo y formándote, para que puedas tomar una decisión informada».
Este nuevo documento es una lectura esencial para cualquiera que intente decidir si necesita más vacunas. Los autores concluyen su estudio con una llamada a la acción. Los responsables políticos deben poner fin inmediatamente a los mandatos para los adultos jóvenes, asegurarse de que quienes ya sufrieron daños por estas vacunas sean compensados por el sufrimiento causado por los mandatos, y realizar y compartir abiertamente los resultados de los análisis de riesgo-beneficio de las vacunas para los distintos grupos de edad.
Estas medidas son necesarias, según los autores, para «iniciar lo que será un largo proceso de reconstrucción de la confianza en la salud pública».
Que la fuerza esté con los científicos valientes
Los dos coprimeros autores, el Dr. Kevin Bardosh y Allison Krug, agradecieron a sus familias su apoyo para «debatir públicamente los mandatos de las vacunas Covid-19» en la sección de agradecimientos del artículo.
Como escribimos en mayo, un número cada vez mayor de científicos y médicos están hablando sobre la dudosa eficacia y los preocupantes problemas de seguridad que rodean a estas vacunas COVID-19 de rápida aplicación. Lo hacen plenamente conscientes de los riesgos personales y profesionales que conllevan. Merecen nuestro aliento y apoyo.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la opinión de The Epoch Times.
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