Cerca de 50 nuevos miembros de la administración Biden se agregaron entre los acusados de la demanda que alega que el gobierno indujo a la censura de funcionarios estatales y otras personas en las redes sociales.
En esta segunda enmienda a la demanda, en el caso Missouri vs. Biden, se incluye seis nuevas agencias, elevando su número a 13 agencias, y añade 41 nuevos acusados individuales, elevando su número a 54.
En total, se acusa a 67 funcionarios o agencias de violar los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes al participar en una «operación de censura» presionando a las grandes compañías de informática como Facebook, Google y Twitter para que tomasen medidas contra los usuarios que estaban ofreciendo una supuesta información errónea.
Las evidencias que respaldan las reclamaciones se dieron a conocer en el proceso de presentación de pruebas. Estas incluyen intercambios entre funcionarios de la Casa Blanca y Meta, la empresa matriz de Facebook, y los mensajes que demuestran las reuniones entre funcionarios de la administración y las empresas.
Entre los nuevos acusados se encuentran el FBI; el exasesor principal de COVID-19 de la Casa Blanca, Andrew Slavitt; Dana Remus, asesora del presidente Joe Biden; Elvis Chan, agente especial del FBI con sede en San Francisco; Janell Muhammed, subdirectora digital del Departamento de Salud y Servicios Humanos; Allison Snell, funcionaria de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras; la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); el Departamento de Estado; y Mark Robbins, director ejecutivo interino de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
Una o más entre las grandes compañías de informática que fueron citadas en el caso, identificaron a los funcionarios como posibles interlocutores en la moderación de contenidos relacionados con la «información errónea de COVID-19», la historia del New York Post sobre el ordenador portátil de Hunter Biden, la Junta de Gobernanza de Desinformación de la administración Biden, ya disuelta, y/o «la seguridad electoral, la integridad, los resultados, y/o la confianza del público en los resultados de las elecciones (sin incluir cuestiones de interferencia extranjera o cuestiones relacionadas)».
Slavitt fue nombrado porque los correos electrónicos muestran que estaba en comunicación con Facebook en relación con la lucha contra la supuesta información errónea. Los mensajes muestran que Facebook se comprometía a censurar y restar importancia a las publicaciones que se «apartaban del mensaje del gobierno sobre las vacunas», según los demandantes. Slavitt también pidió a Twitter que prohibiera el acceso a Alex Berenson, un periodista independiente, de acuerdo a los mensajes publicados anteriormente.
Muhammed, por su parte, se puso en contacto con Facebook para pedirle que retire las páginas y cuentas que supuestamente se hacían pasar por representantes del gobierno. «Por supuesto», respondió uno de los empleados de Facebook.
Otras evidencias sugieren que la FDA «ha participado en la censura inducida por el gobierno contra la expresión privada en las redes sociales sobre cuestiones de seguridad y eficacia de las vacunas, entre otros temas», dijeron los demandantes.
Las agencias que se sumaron a la causa judicial no respondieron a solicitudes de comentarios.
El juez de distrito, Terry Doughty, una persona designada por Trump para supervisar la causa, ordenó recientemente a los acusados nombrados en las denuncias anteriores a que cumplan con las demandas, incluido el Dr. Anthony Fauci, uno de los principales asesores médicos de Biden. Los nuevos documentos no incluyen más información de Fauci o de la oficina de la secretaría de prensa de la Casa Blanca.
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