Mississippi y otros ocho estados demandaron al gobierno de Joe Biden para bloquear una orden ejecutiva que exige a las agencias federales desarrollar estrategias para ampliar el registro de votantes que, según los estados, tiene como objetivo promover políticos y políticas de izquierda en las elecciones.
La demanda, presentada el 13 de agosto ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Kansas, acusa a la Orden Ejecutiva 14019 sobre la Promoción del Acceso al Voto de una «infección partidista» tan grave que socava su pretendida intención, que es hacer que registrarse para votar y votar sea sencillo y fácil, y promover el derecho al voto entre los estadounidenses con derecho a ello.
Mississippi, al que se unieron en la demanda Montana, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Dakota del Sur, alega que la orden ejecutiva sobrepasa los límites de la autoridad federal y viola la Constitución de Estados Unidos, particularmente en su supuesta usurpación de los derechos de los estados a gestionar sus propios procesos de registro de votantes.
La demanda afirma que la orden ejecutiva convierte a las agencias federales en entidades de registro de votantes, elude la transparencia y está impulsada por motivos partidistas.
«Nosotros apoyamos plenamente el fomento del registro de votantes y la promoción de un electorado comprometido», dijo la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, en una declaración. «Pero poner todo el peso de la Oficina Oval detrás de un esfuerzo desarrollado en primer lugar por grupos activistas partidistas y luego ocultar las actividades de la agencia del escrutinio público va demasiado lejos. La ley no lo permite. Mississippi no lo tolerará».
La acción legal pretende bloquear la aplicación de la Orden Ejecutiva 14019, argumentando que los planes para la orden no pasaron por la notificación y el comentario público o cualquiera de las salvaguardias en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) que garantizan la rendición de cuentas y la transparencia.
«La infección partidista es tan grave que hace que la EO 14019, y las decisiones de la agencia derivadas de ella, sean producto de un pretexto», dice la demanda. «Es decir, en lugar de garantizar ‘que el registro para votar y el acto de votar sean simples y fáciles para todos los que reúnen los requisitos para hacerlo’, o promover o defender ‘el derecho a votar de todos los estadounidenses que tienen derecho legal a participar en las elecciones’ (…) el propósito es promover a los políticos y las políticas de izquierda en las elecciones».
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el desafío legal.
Agencias federales movilizadas
El presidente Joe Biden firmó la orden ejecutiva el 7 de marzo de 2021. El decreto ordena a las agencias federales que exploren formas de ampliar el registro y la participación de los votantes proporcionando información y recursos relevantes durante las interacciones públicas, facilitando el acceso a los servicios para votantes y garantizando la igualdad de oportunidades para votar.
«Las agencias estudiarán formas de ampliar las oportunidades de los ciudadanos de registrarse para votar y de obtener información sobre el proceso electoral y participar en él», se lee en la orden.
Varias agencias gubernamentales —incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Agricultura, por nombrar algunos— están llevando a cabo campañas para inscribir a nuevos votantes.
Ceridwen Cherry, exabogada del Proyecto de Derecho al Voto de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), calificó la orden ejecutiva de «visionaria».
«En una democracia, los gobiernos a todos los niveles deberían hacer todo lo posible para ayudar a las personas con derecho a voto a registrarse para votar», dijo Cherry en una declaración. «La orden ejecutiva de acceso al voto es un paso importante hacia el logro de este objetivo, ya que hace que el gobierno federal se involucre en ayudar con el registro de votantes, al igual que ya lo hacen los gobiernos estatales».
Algunos expertos creen que la orden ejecutiva beneficia a los demócratas frente a los republicanos.
«Se dirigen a agencias de asistencia social que atienden predominantemente a votantes de tendencia izquierdista», dijo Stewart Whitson, director jurídico de la Fundación para la Rendición de Cuentas Gubernamental, a The Epoch Times en una entrevista anterior.
«Se trata de un registro de votantes selectivo, por lo que uno no tiene que preocuparse por conseguir más votantes republicanos si centra sus esfuerzos en lugares donde la gran mayoría de los votantes se inclinarán hacia la izquierda».
Un informe de una coalición de grupos progresistas detalla su evaluación de lo bien que lo están haciendo 10 agencias federales en la aplicación de la orden ejecutiva y dónde pueden hacerlo mejor.
Algunas de las recomendaciones del informe incluyen instar al Departamento de Salud y Servicios Humanos a que inscriba a los nuevos votantes en las solicitudes de seguro médico bajo Obamacare.
El informe también anima al Departamento de Asuntos de Veteranos a incluir el registro de votantes para los veteranos que se inscriban en los beneficios de salud VA y sugiere que el Departamento de Educación debe incluir el registro de votantes cuando los estudiantes solicitan ayuda federal para estudiantes.
Además, la Oficina de Prisiones debería trabajar para registrar a los convictos que reúnan los requisitos, según las recomendaciones del informe, que elogia al Departamento del Tesoro por dirigir los esfuerzos de registro de votantes a «los clientes de bajos ingresos de sus centros de preparación voluntaria de impuestos».
Los críticos afirman que las agencias federales también se están asociando con grupos privados para inscribir votantes en las instalaciones de las agencias federales.
«Esencialmente, están llevando a grupos de terceros a un terreno federal, a una oficina federal, y quién sabe lo que están haciendo», dijo el Sr. Whitson.
«¿Quién sabe si están siguiendo las leyes estatales que rigen el registro de votantes y la recogida de solicitudes?», indicó el director jurídico, añadiendo que la administración Biden no ha revelado qué grupos privados se asociarán con las agencias federales.
Con la contribución de Kevin Stocklin
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