Nueve exfuncionarios de la administración del expresidente boliviano Evo Morales, entre ellos cinco de sus ministros, se encuentran refugiados en la embajada de México en La Paz, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció el lunes actos de intimidación por la instalación de un cerco policial.
Un funcionario federal de México que conoce la situación y pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa dijo a The Associated Press que entre los refugiados está Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia y quien fuera mano derecha de Morales, que está acusado por el gobierno interino de sedición y terrorismo.
También está el extitular de Defensa, Eduardo Zavaleta; el de Justicia, Héctor Enrique Arce; el de Minería, Félix César Navarro; el de Gobierno, José Hugo Moldiz; y la de Culturas, Antonia Wilma Alanoca, así como dos exviceministros y quien fuera responsable de la Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación, Nicolás Laguna.
El Ministerio Público y la policía de Bolivia acusan a varios de estos exservidores públicos de fraude electoral tras los polémicos comicios generales realizados en ese país el pasado 20 de octubre.
Tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Áñez se declaró presidente interina de la nación sudamericana mientras se convoca a nuevas elecciones.
Las relaciones entre el gobierno mexicano y el que actualmente lidera Bolivia se tensaron después de que México diera asilo a excolaboradores de Morales en su sede diplomática en La Paz y López Obrador recibiera a Morales en Ciudad de México.
El despliegue desde el sábado de 150 policías y miembros de la inteligencia boliviana en la residencia oficial de México en La Paz y un intento de detener e inspeccionar un vehículo de la embajadora María Teresa Mercado empeoraron las cosas. Ante esto, el ejecutivo mexicano envió el lunes dos cartas de queja, una al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y otra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En las misivas, México considera que tales acciones “más que proteger, han intimidado y vigilado el interior de las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano” lo que contraviene el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas establecido en la Convención de Viena.
Por su parte, el lunes por la tarde, desde La Paz, el gobierno interino denunció la injerencia en asuntos internos por parte de México ante los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y anunció que está evaluando su salida de este organismo.
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