El próximo impeachment del Senado contra el expresidente Donald Trump es un procedimiento único en su tipo y los académicos jurídicos han expresado opiniones encontradas sobre su constitucionalidad.
El senador Rand Paul (R-Ky.) planteó una cuestión de orden en el Senado a inicios de esta semana, lo que obligó a la cámara a pronunciarse sobre la constitucionalidad de los procedimientos. Aunque se regresó un votación de 55 contra 45, lo que significa que el juicio continuará, también reveló que casi la mitad de la cámara opina que los procedimientos son inconstitucionales.
Muchos académicos que argumentan que el juicio es inconstitucional se basan en una interpretación del Artículo II, Sección 4, de la Constitución de EE. UU. que establece: “El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de su cargo por impeachment y condenado por traición, soborno u otros delitos graves y faltas».
Según su interpretación del texto, estos académicos dicen que el impeachment es para los funcionarios actuales, y dado que Trump ya había dejado el cargo, la jurisdicción o autoridad del Senado para llevar a cabo un impeachment expiró el 20 de enero, cuando su mandato terminó.
Robert A. Levy, presidente de la junta directiva del Instituto Cato, explicó la interpretación en un posteo de blog. Dijo que si Trump todavía estaba en el cargo, sería sometido a impeachment y condenado, según el artículo II. Sin embargo, desde que finalizó su mandato, a pesar de que fue acusado, ya no está sujeto a condena.
El profesor Robert Natelson, investigador principal de jurisprudencia constitucional en el Independence Institute, dijo a The Epoch Times a través de un correo electrónico que en su interpretación del texto, la Constitución solo presupone, pero no declara, que el impeachment es para los funcionarios actuales.
Sin embargo, también agregó, «la política general de la Constitución contra los proyectos para condenar sin celebración de juicio aboga por una interpretación estrecha del poder de impeachment». Un proyecto para condenar sin celebración de juicio es un acto de una legislatura que declara a una persona o un grupo de personas culpables de un crimen.
Esta interpretación de la Constitución es compartida por muchos republicanos del Senado que no están de acuerdo en seguir adelante con el juicio, el cual tiene argumentos de apertura programados para la semana del 8 de febrero.
En el otro grupo, los académicos jurídicos y muchos demócratas del Senado sostienen que los exfuncionarios todavía están sujetos al poder del impeachment tras dejar el cargo porque la Constitución permite el castigo de la inhabilitación después de ser destituido.
Estos académicos se basan en el Artículo I, Sección 3, el cual establece: «El juicio en Casos de impeachment no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, fideicomiso o beneficio en Estados Unidos».
Un grupo de académicos del derecho constitucional escribió en una carta abierta (pdf) en apoyo del juicio en el Senado argumentando que debido al artículo I y al artículo II el poder de impeachment de la Constitución tiene dos aspectos.
“El primero es la destitución del cargo, que se produce automáticamente tras la condena de un funcionario actual. El segundo es la inhabilitación para ocupar un cargo futuro, que se da en aquellos casos en que el Senado estima conveniente la inhabilitación a la luz de la conducta por la cual fue condenado el acusado”, afirma el grupo.
“El poder del impeachment debe leerse para dar pleno efecto a ambos aspectos de este poder”, agregaron.
Sin embargo, no todos los académicos están de acuerdo.
«El impeachment, como lo concibió la generación fundadora de este país, se concibió únicamente como un procedimiento para la destitución de un individuo de ciertos cargos públicos calificados, no con el propósito de descalificarlo para un cargo futuro, o por cualquier otra razón». El profesor Juscelino F. Colares, profesor de derecho en la Universidad Case Western Reserve, dijo a The Epoch Times por correo electrónico.
Y continuó, escribiendo que como un «castigo potencial después del juicio», la descalificación no puede funcionar como una «concesión expresa o implícita de jurisdicción por dicho juicio».
“La noción de que cualquier órgano judicial deba tener primero jurisdicción antes de que pueda llegar a los méritos es elemental, y los senadores de EE. UU.—abogados por derecho propio o no— lo saben mejor”, dijo.
La interpretación de Colares sobre la Constitución es compartida por Levy, quien argumenta que la descalificación es un remedio limitado para alguien que ha enfrentado el «fallo en casos de impeachment».
“Como sabemos, Trump fue acusado pero no condenado. A mi consideración, ahora él no puede ser constitucionalmente condenado ni inhabilitado”, agregó.
Ejemplos históricos
Los académicos jurídicos que apoyan el juicio han afirmado además que su argumento de que los juicios de impeachment contra exfuncionarios son adecuados se fundamenta en precedentes históricos.
El profesor Frank Bowman, profesor de derecho en la Universidad de Missouri y quien ha escrito sobre el impeachment, y el profesor Brian C. Kalt, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Michigan, coescribieron un artículo de opinión, el 11 de enero, argumentando que la “historia, estructura, justificación y aplicación” de las cláusulas de impeachment sustentan un juicio posterior a la presidencia.
Dicen que ha habido tres ejemplos en la historia de EE. UU. en los que exfuncionarios, que fueron acusados, fueron juzgados por el Senado. Uno fue el senador William Blount, a quien el Senado finalmente determinó que no podía ser sometido a impeachment porque no era un «funcionario» según la Constitución. Otro fue el juez federal, George English, cuyo juicio fue desestimado luego de que los encargados de la Cámara argumentaron que no tenía mucho sentido proceder.
El tercero fue William Belknap, secretario de guerra del presidente Ulysses S. Grant, cuyo impeachment desató un debate en un Senado acerca de su constitucionalidad. Los senadores finalmente votaron para afirmar que el juicio tiene jurisdicción respecto a exfuncionarios del gobierno. Al final, Belknap, fue absuelto por poco.
Natelson, quien anteriormente enseñó derecho constitucional y es autor de “The Original Constitution: What It Actually Said and Meant” (“La Constitución original: lo que realmente decía y pretendía”), agregó que este argumento también está sustentado por ejemplos del Parlamento británico, del cual se inspiraron los padres fundadores de EE. UU. Natelson también es colaborador de The Epoch Times.
“El significado de la palabra ‘impeachment’ se define por la comprensión de cuando se redactó la Constitución, y tanto el Parlamento británico como las primeras legislaturas estatales acusaron a las personas luego de que dejaron el cargo”, dijo.
Colares y Levy argumentan que debido a que el caso de Belknap no ha sido comprobado en la corte, aún no puede ser designado como un precedente legal.
“Estamos en un nuevo terreno constitucional aquí”, dijo Colares.
Mientras tanto, Natelson dijo que si el próximo juicio es constitucional, «nadie lo sabe con certeza».
“Entonces, cualquiera que responda categóricamente a esta pregunta de una forma u otra, está argumentando un caso o no está bien informado”, dijo.
Otra área que suscita preocupación constitucional es la decisión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, de no presidir el impeachment. El senador Patrick Leahy (D-Vt.), el presidente pro tempore del Senado, será quien presida el juicio.
El Artículo I, Sección 3, Cláusula 6, de la Constitución, especifica, «Cuando el presidente de Estados Unidos sea juzgado, el presidente de la Corte Suprema [será quien] presida».
Paul argumentó en un artículo de opinión a inicios de esta semana que sin Roberts, el impeachment no es válido.
“Si el juez Roberts no preside esto, entonces no es un impeachment. Esta farsa no será más que un partidismo encarnizado y un teatro político”, dijo Paul.
La Corte Suprema no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Epoch Times u otros medios de comunicación sobre la ausencia de participación de Roberts en el próximo juicio.
Colares supone que la decisión de Roberts es probablemente porque el juicio es en contra de una persona que ya no es presidente. Añadió, «en el improbable caso de condena, la Corte en la que [Roberts] se desempeña y que él preside, podría tener que decidir una impugnación respecto a la (in) constitucionalidad de la autoridad del Senado».
El 13 de enero, la Cámara controlada por los demócratas votó 232 contra 197 para acusar a Trump por un solo artículo de impeachment, argumentando que el presidente incitó a una «insurrección» que provocó la irrupción al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero.
El impeachment se completó en una sola sesión de siete horas y ha sido criticado por los republicanos por su conveniencia y ausencia del debido proceso.
Aunque el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.) está continuando a toda máquina con el impeachment, la votación de 55 contra 45 a favor de la orden de Paul podría ser un indicio de que es poco probable una condena contra Trump ya que se necesita una mayoría de dos tercios para que se condene.
El artículo se actualizará para incluir más comentarios de los entrevistados.
Siga a Janita en Twitter: @janitakan
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
