OEA acusa a Maduro ante la CPI por posibles crímenes de lesa humanidad al pueblo pemón

Por Anastasia Gubin - La Gran Época
09 de Julio de 2019 Actualizado: 10 de Julio de 2019

Tras una investigación la Organización de los Estados Americanos OEA entregó un informe esta semana a la Corte Penal Internacional que denuncia “un ataque militar desmedido y cruel” y posibles “crímenes de lesa humanidad” contra las comunidades indígenas pemón de parte del régimen de Nicolás Maduro.

“El informe completo se entregará a la Corte Penal Internacional como otro insumo dentro del examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió sobre la situación en Venezuela el 8 de febrero de 2018”, destacó la OEA este lunes.

“Las comunidades de la etnia Pemón y los habitantes de la capital del municipio, Santa Elena de Uarién, fueron objeto de un ataque militar desmedido y cruel, así como de un desplazamiento forzoso, dentro del marco de la represión sistemática que el régimen de Nicolás Maduro mantiene contra la mayoría de la población venezolana, que tanto la Secretaria General de la OEA, como el Instituto CASLA han denunciado como posibles crímenes de lesa humanidad”, dice el documento.

El informe completo contiene entrevistas directas con víctimas, familiares de las víctimas, testigos, perpetradores y otra información recabada por un equipo técnico SG/OEACASLA durante una visita a la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela, los días 23 a 27 de abril de 2019.

En cambio el resumen que se dio a conocimiento público, la OEA dice que fue redactado para no identificar a las personas que dieron su testimonio al equipo técnico.

La Organización hace notar que los antecedentes de la represión de la comunidad indígena Pemón, data de años anteriores y forma parte del “proyecto de poder que mantiene la estructura de Nicolás Maduro, para controlar política, económica y socialmente a la Gran Sabana, el municipio más rico en minerales del país”.

Maduro, para sus ambiciones,“necesitaba quitarle el control territorial de la Gran Sabana que el pueblo Pemón ejerce ancestralmente”.

También destaca el esfuerzo del pueblo Pemón, que se organizó a través de una alianza y trabajo conjunto del Consejo de Caciques, la alcaldía y la Guardia Territorial Pemón, “para sobrevivir al caos y la crisis que ha causado en esa región, la explotación desmedida y sin ningún tipo de control ambiental de las minas del municipio que está causando un daño ecológico de grandes dimensiones”.

Como resultado de la crisis hoy “las comunidades indígenas son víctimas directas de las mafias que operan en la zona de la Gran Sabana con la colusión de militares, que además traen consigo inseguridad, prostitución, tráfico de droga y enfermedades”.

La OEA denuncia “muchos ataques por parte de organismos de seguridad, e incluso, el asesinato” de un Capitán (Cacique a cargo de una comunidad), un hecho que fue reclamado y denunciado al gobierno pemon.

La operación militar de Maduro

Cuando el gobierno del presidente interino Juan Guaidó anunció la llegada de ayuda humanitaria en febrero de 2019 a varios puntos fronterizos del país, las comunidades fronterizas con Brasil y el pueblo pemon se prepararon para recibirla,

La OEA constató que estaban viviendo “la desidia y el desgobierno, día a día”.

“Ante este anuncio, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de por lo menos 5000 efectivos militares y civiles traídos de zonas foráneas para reprimir, bajo órdenes de una cadena de mando que incluía a un ministro de gobierno, dos Gobernadores, un Mayor General, dos Generales de División, dos Generales de Brigada, cuatro Coroneles, y dos comandantes”, señala el documento.

Según la OEA esto indicaba la importancia que para Maduro tenía el control en esta zona.

“La operación militar de los días 22 y 23 de febrero y los días siguientes de ese mes, sirvieron, no solo para prevenir la ayuda humanitaria, sino (…) arrebatar a los Pemón el control de sus territorios, recuperando el Régimen la exclusividad del control de la seguridad y el control territorial”, añadió la OEA.

El primer ataque ocurrió en la comunidad indígena de Kumarakapay, que se ubica a más de 80 kilómetros de la frontera brasileña, “demuestra que la operación militar tenía estos objetivos paralelos, además de impedir la ayuda humanitaria”.

“Las comunidades indígenas cercanas a la frontera con Brasil de Kumarakapay, Manak-Krű, Maurak, entre otras, así como la ciudad de Santa Elena de Uarién, fueron atacadas de forma despiadada por los organismos represivos y de inteligencia del Estado, donde participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional, el FAES, los colectivos, personas pertenecientes a los sindicatos mineros y presuntos presos comunes”.

Maduro movilizó tanquetas, motos, armamento letal y su uso, “contra una población desarmada”.

Es un acto criminal” destaca el informe. “En solo 48 horas, asesinaron e hirieron a mansalva a miembros de las comunidades, utilizando balas de plomo y sin previos mecanismos de aviso”.

Además señala que “detuvieron, encarcelaron y torturaron a un número representativo de personas”,

Por los menos 1200 pemones escaparon a las comunidades hermanas pemones del Municipio Roraima en Brasil, donfe legaron desplazados forzosamente,

Llegaron “huyendo despavoridas con sus hijos, antes de ser “masacrados””, dice el documento.

El régimen persiguió a su alcalde, Emilio González, miembro de la comunidad Pemón, quien se refugió en Brasil, con 18 miembros de su equipo de gobierno.

El siguiente vídeo es un testimonio de una jefa de Guardia Territorial Pemón por radio, que se compartió en las redes sociales.

Sobre los asesinatos y los múltiples heridos de esos días, el equipo técnico SG/OEA-CASLA dijo que todos los testigos coinciden en que las personas asesinadas son muchas más que la cifra oficial reconocida.

“El propio Alcalde habló de por lo menos 22 personas asesinadas, otro testigo clave habló de por lo menos 55 personas fallecidas y múltiples testigos entrevistados (incluyendo heridos de bala en las manifestaciones) y capitanes de las comunidades, comentaron como habían visto caer a su alrededor a personas heridas de bala, que las mismas tanquetas de la GNB recogían, y que nunca se supo a donde fueron trasladados”.

“Disparaban como locos” a los que estaban en las calles, sin importar edad o sexo de los manifestantes, coincidieron los entrevistados.

Los miembros enmascarados de un “colectivo”, las células del régimen Nicolás Maduro, asisten a un mitin en Caracas el 7 de enero de 2019. Los miembros de “Colectivo” son denominados revolucionarios y matones. (YURI CORTEZ / AFP / Getty Images)

El equipo SG/OEA-CASLA cuenta hoy con un registro con nombres y apellidos de 51 personas heridas de bala los días 22 y 23 de Febrero,.

“Esto nos indica la violencia con la cual actuaron los órganos represivos ante manifestantes desarmados”.

Otro testigo resentado en el documento indicó el traslado de por lo menos 67 personas heridas al Hospital de Boa Vista, en Brasil.

Otros heridos fueron atendidos fuera del hospital, en Santa Elena de Uarién, porque tenían terror de ser detenidos y un sin número de personas heridas de bala se fueron a la selva a esconderse.

Varias fuentes hablaron de la existencia de una fosa común y también del miedo latente y persistente que tienen las víctimas y los testigos de declarar sobre posibles desaparecidos.

Más de 60 personas fueron detenidas, entre ellos varios menores de edad y llevadas al fuerte.

militar Escamoto, cerca de Santa Elena de Uarién, donde por lo menos 36 de los detenidos fueron sometidos a torturas, y casi la totalidad de los detenidos fueron sometidos a tratos crueles.

En el lugar se constituyó un Tribunal de Control de Maduro, a cargo del Dr. Andrés Maza -el presidente del circuito judicial- junto con Fiscal superior, Dr. Andrés Alcalá.

“En la intervención y ejecución de los tratos crueles intervino de manera directa el propio gobernador del Estado Bolívar y su Secretario de Seguridad Ciudadana”, denuncia el informe de la OEA.

Un indígena que resultó herido durante los enfrentamientos con soldados venezolanos, llega al hospital en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil, el 22 de febrero de 2019. – Soldados venezolanos mataron e hirieron a personas cuando intentaron impedir que las tropas bloquearan una ruta de entrada humanitaria. Ayuda en la frontera brasileña. Una mujer indígena y su esposo fueron asesinados y muchos otros miembros de la comunidad indígena Pemon resultaron heridos o muertos. (NELSON ALMEIDA / AFP / Getty Images)

De las 1200 personas, mayoritariamente Pemón, que fueron desplazadas forzosamente en los días posteriores al ataque, casi 1000 aún permanecen en las comunidades brasileñas al momento de realizar la visita a la frontera la misión SG/OEA-CASLA, “con muchísimo miedo a regresar a Venezuela e incluso, miedo a ser perseguidos dentro de territorio brasileño por el Régimen de Maduro”.

El coordinador de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz, dijo en febrero en una rueda de prensa en Caracas que los indígenas que se desplazaron hacia lls localidades rurales de Brasil en un 40% eran niños, según la agencia Efe.

El informe de la OEA concluye que presenta “evidencias adicionales para los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma, como son el asesinato, la tortura y la persecución, previamente alegados en el Informe de la Secretaria General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes (mayo de 2018), y en los informes del Instituto CASLA sobre tortura presentados a la Oficina de la Fiscal de la CPI en 2016, 2017, 2018 y 2019, así como evidencias para el crimen de desplazamiento forzoso de la comunidad indígena Pemón”.

“Solo una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes alegados en este informe, así como sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Régimen de Maduro en todo el territorio venezolano desde por lo menos el 12 de febrero de 2014 podrá brindarles justicia a las víctimas”, dice la OEA.

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