La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este miércoles a Nicaragua la liberación «inmediata» de los aspirantes a la Presidencia en las elecciones de noviembre próximo y de los «presos políticos».
Con 26 votos a favor y 7 abstenciones, el Consejo Permanente del organismo interamericano aprobó una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
En el texto, expresó su «grave preocupación» por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones «libres y justas».
Además, el organismo con sede en Washington tomó nota «con alarma» del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su Gobierno de minar el proceso electoral.
En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo de Managua a que ponga «en práctica sin demora» los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionalmente reconocidos, lo que incluye «las reformas electorales acordadas».
Todo ello para celebrar comicios libres, justos y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y de otras organizaciones internacionales creíbles, dice la resolución.
Asimismo, el Consejo Permanente no descartó adoptar otras acciones si fuera necesario, como llevar a la Asamblea General de la OEA los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua.
En la sesión de este miércoles del Consejo Permanente, celebrada de forma virtual, no participó la delegación nicaragüense. En una carta leída por un representante de Managua antes de que se iniciaran las deliberaciones, Nicaragua aseguró que no acepta ni aceptará «actos que degraden su libertad».
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando los nicaragüenses salieron a protestar contra el presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien buscará en los comicios generales del próximo noviembre una nueva reelección.
En el marco de la crisis se registraron 328 muertos, al menos 103,000 exiliados y cientos de opositores presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Entre los presos hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia, líderes opositores y profesionales independientes.
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