La OEA expresó su preocupación por la aprobación de una ley en Nicaragua que podría impedir a los opositores ser candidatos a cargos de elección popular e instó al régimen de Ortega a derogarla.
La “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada este lunes por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional de Nicaragua e inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el estado y sus ciudadanos, y que además serán considerados «traidores a la patria».
La OEA manifestó “su profunda preocupación” y señaló que la ley impediría a los nicaragüenses elegir libremente a sus representantes.
“La iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa pretende restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral, en un claro atentado a los principios básicos de un estado democrático, de acuerdo a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana”, señala en un comunicado publicado el 21 de diciembre por Luis Almagro.
Por ello, los próximos comicios de 2021 se volverían “una imposición en lugar de una elección”, según la organización. El régimen de Ortega tiene previsto celebrar elecciones generales el 7 de noviembre del próximo año.
Ante esta posibilidad, Almagro pidió al régimen derogar la ley y emprender reformas electorales para garantizar «elecciones libres, justas y transparentes”.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Nicaragua pic.twitter.com/NRBsHqy94P
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 22, 2020
Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europa también se han pronunciado ante la promulgación de la ley.
Esta iniciativa “busca prevenir las candidaturas de la oposición es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando el país del estado de derecho”, manifestó el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en un comunicado el 22 de diciembre.
El funcionario añadió que la UE apoya “un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza”.
De acuerdo con Borrell está legislación, junto con otras impuestas por el régimen, muestran que “continúa el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil”.
Diversos sectores de la oposición consideraron que esa ley busca eliminar la competencia electoral y allanar el camino a una nueva reelección a Ortega, quien se encuentra en el poder desde enero de 2017.
“Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva”, añadió el político español.
-Lo que dijo EE. UU. y las sanciones impuestas ayer-
Con información de EFE.
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