Un académico venezolano sugiere que la reciente medida de la administración Biden de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, no resolverá la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos y que afecta gravemente a ciudades como Nueva York.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció el pasado miércoles la redesignación de TPS para Venezuela, que extiende por 18 meses la protección temporal contra la deportación y permite autorizaciones de empleo para venezolanos o «personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en Venezuela», siempre y cuando hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023.
Los llegados después de esa fecha no podrán obtener estos beneficios y “serán expulsados cuando se determine que no tienen una base legal para quedarse”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Mayorkas dijo que “la creciente inestabilidad y falta de seguridad de Venezuela debido a las duraderas condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”, justifican la medida.
Según cifras oficiales, actualmente hay unos 242,700 beneficiarios del TPS para venezolanos y se podrían sumar más de 470,000 con esta extensión.
La extensión desata reacciones encontradas
Si bien algunas organizaciones y funcionarios aplaudieron la medida, el Caucus del Sentido Común, del Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York, cuestionó que la redesignación realmente pueda solucionar la crisis migratoria local y desafió al gobierno federal a desalojar y cerrar los refugios que se han instalado en hoteles, parques, escuelas y edificios públicos para demostrar que la medida realmente funciona, ya que los venezolanos allí albergados ahora tendrían la posibilidad de conseguir un empleo.
“Sospechamos que estos nuevos beneficios no pondrán fin a esta crisis, sino que la exacerbarán al incentivar a más inmigrantes a venir aquí”, escribió el caucus el jueves en un comunicado.
Por su parte, Daniel Di Martino, miembro del Instituto Manhattan y académico sobre inmigración, originario de Venezuela, piensa que el hecho de que casi medio millón de migrantes venezolanos que ya están en Estados Unidos puedan trabajar legalmente, “resultará en mayores ingresos tanto para estos inmigrantes como para sus homólogos estadounidenses, ya que los trabajadores no autorizados tienen menos poder de negociación contra los empleadores y reducen los salarios”.
También dijo que esto generaría ingresos a los gobiernos estatales y federal a través del pago de impuestos.
Sin embargo, el analista cuestionó la funcionalidad de la medida. Dice que incluso si los inmigrantes pueden trabajar legalmente, no necesariamente abandonarán los refugios.
Di Martino dijo en entrevista a The Epoch Times que las autoridades neoyorkinas piensan que los migrantes están en los refugios porque no pueden trabajar.
«Pero esto es falso. La verdad es que la mayoría de las personas que están en estos centros de acogida ya están trabajando aún sin permiso, trabajando de forma ilegal. Eso no es algo nuevo», dijo. «¿Por qué se van a ir de un hotel tres estrellas en el cual están viviendo y comiendo gratis porque tienen un trabajo? Pueden seguir teniendo el trabajo y ahorrarse todo el dinero».
Nueva York y Masacchussets tienen problemas con inmigrantes en centros de acogida gratuitos porque son las únicas jurisdicciones que ofrecen este servicio a quienes acaban de cruzar la frontera, según el analista. Pronostica que los problemas seguirán mientras se mantengan el incentivo económico.
Por otro lado, el costo de mantener a tantos migrantes es muy alto. Di Martino dice a la ciudad le cuesta unos 100,000 dólares por familia al año.
También advirtió que con la nueva medida no solo los inmigrantes ilegales pueden aplicar para el TPS, sino también los venezolanos con cualquier otro tipo de visado y los que ingresaron bajo el programa de parole humanitario. Asegura que “puede empeorar la situación si se hace creer a los inmigrantes que se avecinan más redesignaciones para las que ellos también podrían calificar”.
¿Qué pasará con la crisis en la frontera?
El problema de la crisis fronteriza no se va a resolver con esta medida, asegura Di Martino. Pero considera que podría haber funcionado si primero se aseguraba la frontera.
Para él, uno de los problemas es que el proceso de asilo es muy largo (puede tomar hasta 5 años) y no se puede detener a los migrantes por tanto tiempo, ya que incluso podría ser algo injusto. Además, el sistema no tiene la capacidad para detener a tantas personas.
También cree que «la crisis fronteriza solo puede terminar mediante una aplicación mucho más estricta y mediante acciones del Congreso para acelerar el proceso de asilo”.
Propone que si no existe una historia de asilo creíble tras una entrevista al ingresar al país, se debe iniciar inmediatamente el proceso de deportación. Sugiere que quienes logren pasar el filtro deben someterse a un proceso de asilo más rápido.
«Para eso necesitamos contratar muchísimos más jueces de migración y muchísimos más abogados en el sistema migratorio, lo que nos va a costar dinero, pero nos va a costar mucho menos dinero que darles todos los servicios que ellos (los inmigrantes) consumen aquí», dijo.
Di Martino está consciente que la crisis migratoria de Venezuela es un problema que no solo atañe a Estados Unidos. De hecho, el país que ha recibido a más venezolanos que huyen de la crisis económica y las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen de Maduro, es Colombia. Y millones de venezolanos han migrado a países como Perú, Chile, Argentina y México, entre otros.
«Yo no le veo fin, igual que jamás le hemos visto fin a la crisis migratoria cubana», dijo. «La crisis migratoria venezolana no va a acabar hasta que el régimen de Nicolás Maduro deje de estar en el poder», agregó.
El analista señaló que el problema actual en la frontera no se limita a los venezolanos, ya que está entrando gente de todo el mundo.
«Entonces se tiene que controlar el flujo de tal manera que se le dé asilo a las personas más necesitadas, que de verdad estén perseguidas y que se permita la entrada de personas de altas habilidades. Obviamente, eso significa también excluir a muchas personas necesitadas y eso es una lástima muy grande. Pero tampoco Estados Unidos es el único país del mundo», concluyó.
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