La ONG Prisoners Defenders denunció este jueves un total de 683 presos políticos en Cuba en el último año–con 370 casos relacionados a las protestas del 11 de julio–aunque la cifra podría ser mayor.
Hasta noviembre de 2020, había un total de 137 presos políticos en Cuba. Sin embargo, para fines de octubre de 2021, se registraron 544 casos nuevos, lo cual representa tan solo «una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable», indicó el informe.
El informe agrega que de los 590 casos activos en octubre de 2021, 370 casos pertenecen a la represión del 11 julio, «cifra aún inferior al 25% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población».
La organización también informa que se encuentra documentando decenas de casos a los que se imputa el delito de sedición con penas fiscales que sobrepasan los 10 años e incluso 20 años.
«La media de edad de los convictos y condenados del 11 de julio presente en la lista de Prisoners Defenders, 358 prisioneros en los que la edad estaba presente, es de 34 años, lo que indica la gran participación de la juventud», agregan. El 60 por ciento tienen 35 años o menos, y el resto tienen 25 años o menos. Quince de ellos fueron menores de edad en el momento del arresto.
La ONG también destaca las constantes muertes en las cárceles de Cuba debido a los abusos de la policía del régimen comunista, quienes tienen derecho atribuido por el estado «para llegar a esos extremos y no sufrir consecuencia alguna penal, así como al régimen carcelario severo ordenado desde el poder político y con el que se castiga a muchos de los convictos de conciencia».
La más reciente que señala el informe es la muerte en prisión por presunto ahorcamiento del joven Julio Onelio Pérez Michel, ocurrida el 19 de octubre, el cual recibió fuertes golpes en la cabeza, según el Consejo de Relatores.
Además, señala las condiciones de trabajo forzado a las que son sometidas algunos prisioneros que son enviados a campos de trabajo, donde «la gran mayoría son campos de esclavitud en condiciones severas», y en los cuales producen carbón que Cuba exportaría como parte de su industria, actividades documentadas por la Unión Patriótica de Cuba entre 2016 y 2017.
Este informe se presenta a once días de que se lleve a cabo la marcha civil prevista para el próximo 15 de noviembre. Una de las promotoras de la misma, Saily González, dijo hace unos días a The Epoch Times que era “imperativo volver a salir” a protestar pese a las represiones que sufrió el pueblo cubano el pasado 11 de julio.
González señaló que más de 500 cubanos que salieron a las calles se encuentran presos aún y “están siendo procesadas por delitos comunes”, e indica que a pesar de que no se reconozca el carácter, “esas más de 500 personas son presos políticos”.
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