La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) responsabilizó este martes al régimen del líder Daniel Ortega por un aparente aumento de la inseguridad en Nicaragua, donde las noticias sobre robos, asaltos o asesinatos se observan cada vez con mayor frecuencia.
«Esto lo ha provocado el régimen Ortega Murillo: inseguridad ciudadana, al haber liberado a una gran cantidad de delincuentes que estaban cumpliendo penas, y que por tener una afinidad ideológica, ser encubridores, o (cometer) actos delincuenciales del régimen, fueron puestos en libertad, y ahora están golpeando la seguridad de los ciudadanos», denunció el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, en teleconferencia de prensa.
El señalamiento de Leiva se basó en que el régimen de Ortega ha enviado a sus casas a 6120 reos con condenas firmes, de estos, 1700 con motivo de la Semana Santa; 2815 por el Día de las Madres, mientras que los últimos 1605 salieron cuatro días antes del 19 de julio, fecha de la mayor celebración anual sandinista, en honor de la revolución de 1979.
Leiva sostuvo que la inseguridad actual es resultado de la decisión del régimen de armar a civiles para realizar ataques contra las protestas masivas antigubernamentales de 2018, que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y más de 100,000 personas en el exilio.
«Con todos los grupos paramilitares o parapoliciales que fueron armados por el Ejército del régimen, por la Policía, por el mismo Gobierno, y con esas liberaciones ilegales, hemos llegado a la inseguridad ciudadana», sostuvo.
La ola de inseguridad que vive Nicaragua coincide con la última liberación de los llamados «delincuentes comunes», y ha incluido ataques contra la Iglesia católica, con la que Ortega nunca ha tenido buenas relaciones.
Aunque la Policía nicaragüense brinda datos semanales sobre la captura de sospechosos de haber cometido delitos, no ha informado sobre un aumento en los delitos.
Por otra parte, la ANPDH recordó que la Policía Nacional no solamente arresta a personas que han cometido delitos, sino también a opositores, considerados como «presos políticos» por los defensores de los derechos humanos.
Leiva puso como ejemplo el caso de los exiliados Jadder González y Cristian Meneses, quienes fueron capturados recientemente cuando regresaban a Nicaragua tras haber perdido sus medios de vida en Costa Rica.
Hasta antes de abril de 2018, cuando estalló la crisis social y política, el régimen de Nicaragua se jactaba de tener uno de los países más seguros de Latinoamérica, gracias a una tasa de homicidios que llegó a ser de 6 por cada 100,000 habitantes y una tasa de robos de 71.5 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, todo eso cambió tras los ataques armados que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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