Un total de 72 exdiputados que respaldaron en 2019 a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela aprobaron este viernes la eliminación del Gobierno interino, una instancia que contaba con el reconocimiento de Estados Unidos y varios países del mundo.
Los exparlamentarios, reunidos de manera virtual, ratificaron esta decisión -que ya habían aprobado en una discusión que se llevó a cabo la semana pasada-, pese al rechazo de un grupo que defendía la continuidad del interinato.
Asimismo, acordaron mantener activa la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015 -que no reconoce la legitimidad del Legislativo instalado en 2021, de contundente mayoría chavista- únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero, que hasta ahora han sido controlados por el Gobierno interino.
El planteamiento de Guaidó, que era preservar el interinato, fue respaldado por 23 exdiputados que calificaron la eliminación de esta figura como un «magnicidio jurídico».
Ocho opositores, algunos independientes y otros de los partidos Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela, se abstuvieron en la votación al cuestionar la legalidad constitucional de la propuesta presentada por las formaciones Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.
Antes de la votación, Guaidó advirtió que eliminar el interinato representa un «salto al vacío», por lo que pidió a los integrantes de estos cuatro partidos defender la «institucionalidad» de la lucha opositora representada en la figura del Gobierno interino por encima de nombres e intereses personales.
El exdiputado y miembro de Primero Justicia Juan Miguel Matheus indicó que se requieren nuevas estrategias políticas para poder derrotar a Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales, previstas para 2024.
Por su parte, el exparlamentario Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, afirmó que eliminar la presidencia interina es un «error» que podrá ser cobrado a quienes apoyaron esta decisión.
El Gobierno interino contaba con el reconocimiento de Estados Unidos y varios países del mundo, lo que le permitió controlar algunos recursos públicos en el exterior.
Para continuar con esa política, los exdiputados insurrectos propusieron y aprobaron mantener las juntas ad hoc que manejan temas de la estatal petrolera Pdvsa y el Banco Central en el extranjero.
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