La orden de vacunación contra COVID-19 para los empleados federales seguirá bloqueada al menos hasta una audiencia judicial en septiembre.
Una Corte de apelaciones de Texas está disolviendo una decisión anterior que avalaba la orden de vacunación de la administración Biden para los empleados federales.
El lunes, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito acordó solicitar al tribunal en pleno que vuelva a juzgar el caso Feds for Medical Freedom vs. Biden (pdf), disolviendo de hecho la decisión de la corte del mes de abril.
Esto significa que la orden de vacunación del presidente Joe Biden, que introdujo a través de la Orden Ejecutiva 14043 en septiembre de 2021, seguirá bloqueada mientras la corte no emita una decisión en contrario. La corte ha programado provisionalmente los argumentos orales para la semana del 12 de septiembre.
Los demandantes, Feds for Medical Freedom, impugnaron por primera vez la orden de Biden en una corte de distrito de Texas en diciembre de año 2021 alegando que el presidente se excedió en su autoridad al imponer la orden de vacunación para los empleados federales.
El juez federal, el magistrado Jeffrey Brown, se puso del lado de los demandantes y emitió una orden judicial en enero para bloquear la orden federal de vacunación de Biden, que estaba en vigor en todo el país.
«Entonces, ¿someterse a la vacuna COVID-19, especialmente cuando se exige como condición para el empleo, es una conducta en el lugar de trabajo? La respuesta a esta pregunta quedó mucho más clara tras la sentencia de la Corte Suprema a principios de este mes», dijo J. Brown, en referencia a la conclusión a principios de enero de que la orden de vacunación de Biden para las empresas privadas queda fuera de las competencias del presidente.
Los abogados del gobierno declararon en la demanda que la ley federal dice que el presidente «puede prescribir normas para la conducta de los empleados del poder ejecutivo», y que el acto de vacunarse es «claramente una conducta».
En abril, la Corte de Apelación del 5º Circuito anuló la sentencia de enero de la corte inferior y levantó la medida cautelar, poniéndose del lado de la administración Biden y permitiendo que la orden se volviera a imponer en todo el país. Con la orden del lunes, la Corte ha vuelto a anular esta decisión.
America’s Frontline Doctors y Airline Employees for Health Freedom presentaron en junio sendos informes amicus en apoyo de los federales por las libertades médicas en el caso.
Acción disciplinaria progresiva
Después que Biden presentara la orden de vacunación el año pasado, la administración dejó claro que los trabajadores federales que no lo cumplieran se enfrentarían a consecuencias «disciplinarias».
«Si un trabajador federal no cumple, pasará por el proceso estándar [de recursos humanos], que incluye asesoramiento, y se enfrentará a una acción disciplinaria, se enfrentará a una acción disciplinaria progresiva», dijo entonces la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hasta el 8 de diciembre de 2021, el 92.5 por ciento de los 3.5 millones de empleados federales del país y de todo el mundo habían recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, dijo la Casa Blanca.
La orden de vacunación fue objeto de críticas por parte de grupos de defensa de la salud que alegaron extralimitación federal y fue impugnada en los tribunales por organizaciones que representan a los trabajadores federales, entre ellas la Federación Americana de Empleados del Gobierno, que cuenta con 700,000 miembros siendo el mayor sindicato que representa a los trabajadores federales.
«La idea principal del argumento es que el presidente no tiene autoridad para emitir una orden como ésta, de acuerdo con los poderes que le otorga el artículo dos de la Constitución de Estados Unidos, y ese es el mismo argumento que ganó en la Corte Suprema con respecto a los 100 o más empleados; el presidente no tiene esa autoridad», dijo en febrero a The Epoch Times el abogado Bruce Castor Jr. del bufete Van Der Veen, Hartshorn & Levin, que representó al sindicato.
«En lugar de pasar por los controles y equilibrios de la aprobación del Congreso, que incluye la opinión del público, la orden ejecutiva elimina todo eso. Simplemente dice: ‘A mi manera o en la carretera’. Ciertamente, la Constitución otorga poderes como ese al presidente en asuntos exteriores y para proteger a la nación de la agresión de potencias extranjeras. Pero no tiene la autoridad, de un plumazo, para afectar a la vida de millones de personas, pasando por encima del Congreso», añadió el abogado.
Con información de Katabella Roberts
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