Orden ejecutiva sobre la policía: Subvenciones dependerán de reformas y base de datos de mala conducta

Por Petr Svab
16 de Junio de 2020
Actualizado: 16 de Junio de 2020

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que solo otorgará ciertos subvenciones federales a las agencias de policía que reformen sus normas de uso de la fuerza y envíen datos sobre la mala conducta de los policías a una base de datos nacional. También destinará dólares federales para capacitar a los oficiales sobre cómo responder a incidentes relacionados con la salud mental, las sobredosis y la falta de vivienda, y elaborar normas para enviar a trabajadores sociales y policías a dichos incidentes.

La orden dará incentivos a la policía para adoptar “los más altos estándares profesionales para servir a su comunidad”, dijo Trump en sus declaraciones del 16 de junio antes de firmarla en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

El presidente estaba acompañado por representantes de la policía, así como por integrantes de familias cuyos seres queridos han sido asesinados por oficiales.

Los estadounidenses quieren que la policía los mantenga a salvo, pero también quieren que rindan cuentas, dijo Trump.

“Reducir la delincuencia y elevar los estándares no son objetivos opuestos. No son mutuamente excluyentes, funcionan juntos”, dijo.

La orden se produjo después de semanas de protestas por el asesinato de un hombre, George Floyd, durante un arresto de un policía en Minneapolis.

Las protestas a menudo se han vuelto violentas, y han incluido incendios intencionales, saqueos y ataques a la policía. La administración ha culpado principalmente al grupo anarco-comunista Antifa y a otros extremistas por incitar a la violencia.

Muchos manifestantes y algunos políticos demócratas han expresado sus peticiones para desfinanciar los departamentos de policía o disolverlos por completo.

Trump ha rechazado tales ideas.

“Los estadounidenses saben la verdad”, dijo. “Sin policías, hay caos, sin ley hay anarquía, y sin seguridad hay catástrofe”.

La orden establecerá una acreditación independiente a los departamentos de policía en actividades que incluyen el uso de la fuerza y la capacitación para la distensión, así como “sistemas de alerta temprana que ayuden a identificar a los policías que puedan requerir intervención” y “las mejores prácticas respecto a la participación de la comunidad”, dice la orden.

Solo las agencias que soliciten las credenciales podrán optar por subvenciones federales discrecionales.

Como parte de las credenciales, los departamentos tendrán que prohibir a sus policías usar los estrangulamientos “excepto en aquellas situaciones en las que el uso de la fuerza mortal esté permitido por la ley”, dice la orden.

El Fiscal General será el responsable de establecer las normas para que las entidades puedan emitir esas credenciales.

La orden establece una base de datos nacional “referente a los casos de uso excesivo de la fuerza en relación con asuntos de aplicación de la ley, teniendo en cuenta la privacidad aplicable y el derecho al debido proceso”.

La base de datos debe registrar qué policías han sido despedidos, descertificados, condenados por conducta de servicio o se les dictó sentencia civil por “uso indebido de la fuerza”, dice la orden. También debe incluir a quienes renunciaron o se retiraron “mientras estaban bajo investigación activa relacionada con el uso de la fuerza”.

“El Fiscal General tomará los pasos apropiados para asegurar que la información de la base de datos consista únicamente de casos en los que los policías hayan tenido un proceso justo”, dice la orden.

Solo las agencias que envíen su información a la base de datos tendrán derecho a recibir subvenciones federales discrecionales, “según proceda y de conformidad con la legislación aplicable”, dice la orden.

Los “datos agregados y anonimizados” de la base de datos se darán a conocer periódicamente al público.

La orden encomienda además al Secretario de Salud y Servicios Humanos “hacer una encuesta sobre los modelos de apoyo a la comunidad que abordan la salud mental, la falta de vivienda y la adicción” y elaborar un informe sobre la encuesta en un plazo de 90 días.

Se dará prioridad a los recursos federales “para apoyar la aplicación generalizada de modelos exitosos”, dice.

La orden también requiere la elaboración de una legislación que destine dinero a ayudar a los departamentos de policía en el proceso de obtención de credenciales, capacitación necesaria para las credenciales, presentación de informes a la base de datos sobre conductas indebidas, así como la aplicación de los “modelos de apoyo a la comunidad”.

La legislación debería abordar además la retención y la contratación de “agentes de policía de alto rendimiento”; el acceso confidencial de los policías a los servicios de salud mental; y “programas orientados a desarrollar o mejorar las relaciones entre los policías y las comunidades a las que sirven, incluyendo sesiones de divulgación comunitaria y de escucha, y el apoyo a organizaciones sin fines de lucro que se centren en mejorar las relaciones estresantes entre los policías y las comunidades a las que sirven”.

La orden fue respaldada por varias organizaciones policiales importantes, entre ellas la Orden Fraternal de Policía, el mayor sindicato de policía del país.

La propuesta legislativa se sumaría a iniciativas similares tanto en la Cámara como en el Senado.

“Me comprometo a trabajar con el Congreso en medidas adicionales”, dijo Trump.

Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una propuesta que, entre otras medidas, eliminaría la disposición de “inmunidad calificada” que protege a los trabajadores del gobierno de ser demandados en algunas circunstancias. Algunos agentes de policía han utilizado esta disposición para defenderse de demandas en las que se alegaba el uso excesivo de la fuerza u otras faltas de conducta.

Trump es “flexible” al examinar los proyectos de ley que le presentan, pero negar la inmunidad calificada sería “una colina muy alta a escalar”, dijo un alto funcionario de la administración a los reporteros durante una solicitud de antecedentes de la orden ejecutiva el 15 de junio.

Ese mismo día, la Corte Suprema se negó a escuchar ocho casos de inmunidad calificada. Siete de los casos involucraban a la policía.

Reuters contribuyó con este informe.


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