El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha iniciado una nueva ofensiva de amenazas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país, desde la “rebelión cívica” contra su régimen en 2018, informó este sábado la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Hay una nueva ofensiva del régimen, de tirar un mensaje de amenazas, de imponer el terror, de amedrentar a los líderes de la oposición”, dijo a Efe el miembro de la dirección de la Alianza Cívica, José Pallais, vía telefónica desde su casa en León (noroeste), desde donde denunció ser víctima de asedio policial.
La ofensiva consiste en estacionar una o varias patrullas junto a las puertas de las casas de los opositores, para impedir que salgan a la calle, ya que si lo hacen, son detenidos.
Este sábado al menos 12 opositores fueron sitiados en sus viviendas por la Policía de Nicaragua, según datos de la Alianza Cívica, entre ellos Pallais, el exguerrillero sandinista Fernando Brenes, el profesor Juan Bautista Guevara, o el académico Ricardo Baltodano.
Pallais mencionó que el pasado día 24, en la víspera de la creación oficial de la Coalición Nacional, que aglutina a partidos políticos y movimientos sociales opositores, al menos 44 líderes de la oposición fueron sitiados en sus casas por la Policía, para impedir que se sumaran a las manifestaciones.
Desde septiembre de 2018, la Policía Nacional mantiene una estricta prohibición de expresiones de rechazo hacia Ortega y su familia, así como el uso de la bandera de Nicaragua o juntar sus colores, azul y blanco, además de la entonación del himno del país, pese a que la medida atenta contra la Constitución, según los expertos en leyes.
En su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que “las violaciones de derechos humanos no han cesado” en el país, razón por la que “más de 98.000 nicaragüenses” han huido al exilio.
“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado, los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse”, agregó Bachelet, en su informe, presentado el jueves en Ginebra, Suiza.
La crisis de Nicaragua ha dejado entre 328 y 684 muertos desde el estallido social de abril de 2018, así como cientos de presos o desaparecidos, y miles de heridos, según organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales. Ortega admite 200 víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH), señalan al Gobierno de Nicaragua como responsable de la violencia, que incluye delitos “de lesa humanidad”.
Ortega, quien lleva 13 años en el poder y a quien la oposición llama “dictador”, ha explicado que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, la primera etapa de Ortega como líder del país centroamericano.
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