Padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en una rueda de prensa.
El litigante acompañó a los familiares de los jóvenes, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, en un plantón fuera del Campo Militar 1, donde exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregar la información que tiene el Ejército para seguir con la investigación.
“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.
Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014, cuando ocurrió el crimen en ese estado.
Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la “verdad histórica”, la polémica versión con la que Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.
Además, denunciaron que el exprocurador general de México, Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden de Peña Nieto.
“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.
Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.
Esto tras la polémica suscitada en días recientes sobre los archivos que el Ejército no entregó y que son imprescindibles para continuar con la investigación, según los padres, sus representantes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los padres anunciaron la suspensión del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.
La controversia aumenta en medio del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa porque se acaba el tiempo para que López Obrador cumpla con su promesa de resolver el caso en su último año de mandato, que termina en octubre de 2024.
Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.
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