Un grupo de familiares de las víctimas del tiroteo en la primaria Rob en Uvalde (Texas) solicitaron este lunes la destitución de Mariano Pargas, comisionado del condado de Uvalde y que se desempeñaba como jefe de policía cuando ocurrió la masacre ocurrida en mayo de 2022.
El pedido ha tomado fuerza después que el nombre de Pargas fuera citado varias veces en un informe de más de 600 páginas divulgado la semana pasada por el Departamento de Justicia sobre el asesinato de 19 niños y dos maestras.
La investigación federal señaló que hubo una «falta de urgencia» de los agentes policiales que respondieron al tiroteo causado por Salvador Ramos, de 18 años, y que condujo a «fallos en cascada» de los agentes, que tardaron 77 minutos en enfrentarse al agresor.
El reporte, resultado de un exhaustivo análisis de la respuesta de las autoridades al tiroteo, identificó una amplia variedad de problemas, incluyendo falta de preparación y liderazgo, así como comunicaciones deficientes de los agentes.
Pargas renunció en noviembre pasado a su cargo como jefe de la Policía de Uvalde, pero se mantuvo en su puesto como comisionado del condado de Uvalde, al que fue reelegido el año pasado.
Felicha Martínez, la madre de Xavier López una de las víctimas mortales, dijo hoy en la reunión de los comisionados que el reporte muestra qué Pargas “es descuidado, irresponsable, y le muestra al mundo entero que si nos falló el 24 (de mayo), seguirá fallando”, según información citada por la televisora KSAT.
En una conferencia de prensa la semana pasada, Brett Cross, tutor del pequeño Uziyah García, otra de las víctimas, dijo que el reporte del Departamento de Justicia presenta «nombres» como Pargas de los directamente involucrados y que “ya es hora de que rindiera cuentas”.
Pargas se ausentó de la reunión de hoy y no enfrentó el pedido de los padres.
El viernes pasado se constituyó un gran jurado en Uvalde para decidir si los policías que actuaron durante el tiroteo deben ser imputados.
Se espera que el gran jurado, formado por 12 personas, dedique al menos los próximos seis meses a trabajar con los fiscales para tomar una decisión.
Al menos 376 agentes de diferentes fuerzas del orden respondieron al crimen, entre ellos unos 100 del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
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