Un panel de la Cámara de Representantes votó el 19 de diciembre para recomendar cargos penales contra el expresidente Donald Trump, incluido un cargo que, si se impone una condena, le impediría volver a ser presidente.
Los miembros del comité selecto que investiga la irrupción del Capitolio de los EE. UU. del 6 de enero de 2021 emitieron sus votos para cuatro recomendaciones durante una audiencia en Washington. Votaron por unanimidad para recomendar los delitos de insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, hacer una declaración falsa al gobierno federal y conspirar para engañar al gobierno federal, al Departamento de Justicia de los EE. UU., donde los fiscales determinarán en última instancia si actuarán de acuerdo con las recomendaciones.
“La rendición de cuentas solo se puede encontrar en el sistema de justicia penal. Confiamos plenamente en que el trabajo de este comité ayudará a proporcionar una hoja de ruta hacia la justicia y que las agencias y las instituciones responsables de garantizar la justicia conforme a la ley utilizarán la información que proporcionamos para ayudar en su trabajo”, dijo el representante Bennie Thompson. (D-Mississippi), presidente del panel.
Ni un abogado de Trump ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La ley de los Estados Unidos prohíbe la insurrección. El código establece que “quien incite, inicie, ayude o participe en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes, o les brinde ayuda o consuelo, será multado con este título o pena de prisión no mayor de diez años, o ambas; y será incapaz de ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos”.
Una ley prohíbe la obstrucción de los procedimientos oficiales, comenzando en parte de que una persona no puede “influir, obstruir o impedir o tratar de influir, obstruir o impedir la debida y correcta administración de la ley” por el Congreso.
Un tercer estatuto prohíbe a las personas conspirar para engañar a los Estados Unidos. El código fue definido por un juez de la Corte Suprema como “principalmente para engañar al gobierno con bienes o dinero, pero también significa interferir u obstruir una de sus funciones gubernamentales legítimas mediante el engaño, astucia o artimañas, o al menos por medios que son deshonestos”.
Otra ley prohíbe hacer declaraciones falsas al gobierno federal.
Si el Departamento de Justicia cumple con los cargos recomendados, Trump enfrentaría hasta 25 años de prisión y multas.
La Cámara de Representantes acusó a Trump de incitar una insurrección tras la irrupción del Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, pero el Senado absolvió a Trump en un juicio político.
El fiscal especial Jack Smith, designado recientemente por el fiscal general Merrick Garland, está al frente de dos investigaciones que involucran o podrían involucrar a Trump. Eso incluye la investigación de si Trump violó las leyes al mantener ciertos registros en su resort de Mar-a-Lago, y la investigación de delitos relacionados con la interferencia de la transferencia de poder tras las elecciones presidenciales de 2020 o la certificación de votos electorales celebrada el 6 de enero.
El juez federal de distrito Amit Mehta, designado por Obama, dictaminó en febrero en un litigio civil que involucraba a Trump que era “al menos factible inferir que, cuando llamó a los asistentes a la manifestación para que marcharan hacia el Capitolio, el presidente lo hizo con el objetivo de interrumpir los esfuerzos de los legisladores para certificar los votos del Colegio Electoral”, y que también era factible que Trump supiera que su rol “era fomentar el uso de la fuerza, la intimidación o las amenazas para impedir que la Certificación procediera, y que grupos organizados como los Proud Boys y los Oath Keepers llevarían a cabo los actos requeridos”.
Trump, en un discurso en The Ellipse el 6 de enero, instó a los partidarios a “luchar como locos” e ir al Capitolio, pero también instó a la gente a “hacer oír su voz pacífica y patrióticamente”.
Ninguna persona ha sido acusada de insurrección en relación con la irrupción. Un subconjunto de los acusados ha sido condenado o enfrenta cargos de conspiración sediciosa.
El panel de la Cámara del 6 de enero está dominado por demócratas. Solo dos republicanos están en el panel, y ambos fueron designados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.). El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy (R-Calif.), propuso una lista de miembros, pero Pelosi rechazó dos de ellos, lo cual llevó a McCarthy a retirar al resto.
El representante Adam Schiff (D-Calif.), miembro del panel y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, señaló el domingo que el panel recomendará cargos contra Trump.
“Creo que hay evidencia de que Donald Trump cometió delitos en relación con sus esfuerzos por anular las elecciones”, dijo Schiff en “State of the Union” de CNN. “Y viéndolo como un exfiscal, creo que hay pruebas suficientes para acusar al presidente”.
Schiff dijo que “si miras los actos de Donald Trump y los comparas con el estatuto, es una muy buena coincidencia”, y agregó: “Me doy cuenta de que ese estatuto no se ha utilizado en mucho tiempo. Pero, entonces, ¿cuándo hemos tenido un presidente que esencialmente incite un ataque contra su propio gobierno?”.
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