Un grupo de parlamentarios australianos, tanto federales como estatales, convocaron una investigación interpartidista sobre la respuesta del país al virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, escuchando a expertos y a los afectados por las medidas del gobierno estatal y federal hacia la pandemia.
El evento fue presidido por el senador de Queensland One Nation, Malcolm Roberts. La investigación interpartidista incluyó a los parlamentarios George Christensen, de la Coalición de Queensland; Craig Kelly, líder de Australia Unida de Nueva Gales del Sur; Stephen Andrew, de Queensland One Nation; Gerard Rennick, de la Coalición de Australia del Sur, y Alex Antic, entre otros.
El 23 de marzo intervino entre los oradores el Dr. Phillip Altman, una autoridad australiana en materia de ensayos clínicos y asuntos reglamentarios con décadas de experiencia, quien cuestionó la narrativa predominante contra el uso del fármaco ivermectina en el tratamiento de COVID-19.
Altman presentó diapositivas sobre lo que él mismo calificó de «tsunami de desinformación» que fluyó de parte de los funcionarios de gobierno al público, según las fotos obtenidas por The Epoch Times.
La desinformación incluía que los cierres eran útiles para detener la propagación del virus, que las vacunas contra el COVID-19 basadas en genes eran «seguras», que era necesario inyectar a los niños con vacunas basadas en genes, que las máscaras protectoras de papel y tela eran eficaces y que el tratamiento temprano del COVID-19 no era necesario, entre otras cosas.
En su presentación, Altman tituló una diapositiva como «Masterclass in Marketing», en la que indicó que las empresas farmacéuticas que desarrollaron las vacunas contra COVID-19 no asumieron ninguna responsabilidad en Australia y que las vacunas contra COVID-19 recibieron una aprobación provisional temprana por parte de la Administración de Bienes Terapéuticos, similar a las autorizaciones de uso de emergencia de la FDA en Estados Unidos, basada en datos limitados.
Las diapositivas de Altman también indicaron que las vacunas se pagaron con dinero de los contribuyentes en acuerdos confidenciales entre el gobierno federal y las empresas farmacéuticas y que estas inoculaciones fueron impuestas al público.
Las vacunas contra COVID-19 ocuparon un lugar central en la respuesta del gobierno australiano a la epidemia de COVID-19. Durante varios meses, en las conferencias de prensa diarias celebradas por los líderes estatales y territoriales, se le dijo a la población que se vacunen y reciban las dosis de refuerzo.
En un momento dado, en 2021, los líderes estatales, en particular en Victoria y Nueva Gales del Sur, se negaron a aliviar las restricciones de COVID-19 hasta que el 70 u 80 por ciento de la población estuviera vacunada. Luego, a finales de 2021, los gobiernos estatales empezaron a imponer las vacunas contra COVID-19 para determinadas industrias.
Desde entonces, miles de personas perdieron sus puestos de trabajo por elegir no administrarse lo que algunos expertos consideran como vacunas experimentales.
En la investigación del miércoles, Roberts publicó en su canal de Telegram un breve clip que muestra el desarrollo del foro del 23 de marzo. En el vídeo, Roberts mueve la cámara alrededor de la mesa de los diputados, mostrando un monitor en el que aparece el cardiólogo y epidemiólogo Dr. Peter McCullough y otros especialistas que se unieron al encuentro virtualmente.
«Este es un gran día de presentaciones, Craig Kelly, George Christensen, Gerard Rennick, Stephen Andrew, Alex Antic y yo en mi foro, el COVID Cuestionado», escribió Roberts en Telegram.
«Escuchando al Dr. Peter McCullough aquí», dijo, refiriéndose al monitor.
McCullough es profesor de medicina en el Texas A&M College of Medicine de Dallas y es editor de dos revistas médicas. Ha arriesgado su carrera para expresar su opinión sobre las vacunas contra COVID-19 en un clima en Estados Unidos en el que las juntas médicas estatales han amenazado con revocar las licencias de los especialistas que se basan en una difusión de «información errónea» no identificada.
La investigación se produjo después de varios meses de presión por parte del público y de algunos políticos contra las órdenes de vacunación estatales y federales y las restricciones y bloqueos de COVID-19.
Los diputados conservadores Christensen y Antic se mostraron firmes a la hora de reclamar el restablecimiento de las libertades en medio de las restricciones de COVID-19 impuestas primero al público en general tras los brotes y más tarde solo para los no vacunados.
Ambos diputados se pronunciaron en Facebook sobre la investigación.
«Nosotros hablaremos con las víctimas de los procedimientos médicos aprobados provisionalmente, con las pequeñas empresas y los trabajadores víctimas de las políticas de pandemia, con los expertos médicos y con muchos otros», escribió Christensen el 23 de marzo.
«Hoy estoy participando en una investigación científica y médica interpartidista sobre los tratamientos, mandatos y respuestas de COVID organizada por [Malcolm Roberts] junto con el senador Gerard Rennick, Craig Kelly y George Christensen, entre otros», escribió Antic en Facebook el 23 de marzo.
«Estamos escuchando a patólogos, personas afectadas, empresarios, periodistas y profesionales de la salud como el Dr. Peter McCullough».
Roberts dijo en su canal de Telegram que las grabaciones del foro se publicarán en plataformas sin censura el viernes.
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