Miembros del Parlamento canadiense dieron su apoyo unánime a la aprobación final de un proyecto de ley destinado a frenar el tráfico internacional de órganos.
El proyecto de ley S-240, que originalmente fue promovido por la senadora Salma Ataullahjan y recibió el apoyo unánime del Senado antes de llegar a la Cámara de los Comunes, hace que sea ilegal para los canadienses obtener órganos en el extranjero sin el consentimiento del donante, y hace que las personas involucradas en la sustracción forzada de órganos no sean admitidas en Canadá.
El proyecto de ley fue aprobado con enmiendas el 30 de abril en la Cámara de los Comunes, y ahora volverá a los senadores para que voten sobre las enmiendas de la cámara baja antes de que el proyecto se convierta en ley.
Arif Virani, secretario parlamentario del ministro de Justicia, dijo que el proyecto de ley presentado por un miembro particular cuenta con el apoyo del gobierno y señaló que es la culminación de “más de 10 años de trabajo parlamentario”.
“Vale la pena recordar que antes del proyecto de ley S-240 se presentaron ante el Parlamento cuatro proyectos de ley sobre este tema, algunos de los cuales fueron patrocinados por [el miembro del parlamento liberal Borys Wrzesnewskyj] y por el exministro de Justicia Irwin Cotler”, dijo Virani. “Las disposiciones contenidas en el proyecto de ley S-240 permitirán a Canadá demostrar liderazgo en la lucha contra el tráfico de órganos y la protección de los derechos humanos internacionales”.
El miembro parlamentario conservador Garnett Genuis, patrocinador del proyecto de ley en la Cámara de los Comunes, dijo en una entrevista que se involucró en la legislación propuesta tras enterarse de que en ciertos países del mundo, “pero especialmente en China a escala industrial”, la gente está siendo asesinada por sus órganos.
“A veces los órganos son extirpados mientras [la víctima] aún está viva en un proceso terriblemente doloroso, y esos órganos son utilizados para trasplantes”, dijo Genuis.
La Gran Época dio a conocer por primera vez en 2006 la sustracción de órganos de donantes vivos no consentidos, que mueren durante el proceso, con la autorización del Estado chino. Los informes de los denunciantes –confirmados luego por las investigaciones realizadas por investigadores como el exparlamentario canadiense David Kilgour, el abogado de derechos humanos David Matas y el autor y periodista Ethan Gutmann– demostraron que las víctimas de la sustracción forzada de órganos eran prisioneros de conciencia, incluidos los practicantes de la Falun Dafa y otros grupos perseguidos como los uigures y los tibetanos.
“Estas disposiciones [del Proyecto de Ley S-240] no resuelven todo el asunto, y hay más trabajo por hacer, pero formalmente pone a Canadá en el lado correcto de esto, y pone fin a cualquier posibilidad de participación canadiense”, dijo Genuis.
Genuis instó a los parlamentarios a dar seguimiento al proyecto de ley para que sea aprobado en el Senado antes de las próximas elecciones, que se esperan para octubre. Si el proyecto de ley no se convierte en ley en este Parlamento, el proceso tendrá que comenzar nuevamente desde el principio.
“Hagamos de esto un legado del 42º parlamento (…) que fuimos capaces de hacer algo increíble por los más vulnerables del mundo”, dijo Genuis a los parlamentarios durante un debate sobre el proyecto de ley en la Cámara de los Comunes antes de la votación.
‘Legado’
Virani explicó durante el debate que la legislación propuesta refuerza la respuesta de Canadá sobre el tráfico de órganos mediante la creación de cuatro nuevos delitos penales relacionados con el tráfico de órganos, la ampliación de las jurisdicciones extraterritoriales a estos nuevos delitos y la enmienda de la Ley de Inmigración y Refugiados para añadir un nuevo motivo de inadmisibilidad en Canadá para quienes hayan participado en conductas consideradas un delito en virtud de la ley.
«Esta ley es el resultado de los sucesivos esfuerzos realizados por los parlamentarios de ambas cámaras para abordar lo que realmente es un crimen horrendo que sigue explotando a personas vulnerables en todo el planeta», dijo Virani.
Wrzesnewskyj, que había patrocinado proyectos de ley similares en Parlamentos anteriores, dijo que se preocupó por esta cuestión después de escuchar los informes de extirpación forzada de órganos por parte de grupos criminales en Ucrania y de extirpación de órganos en clínicas ilegales en la India “donde a los agricultores pobres se les extirparon los riñones para pagar sus deudas”.
La práctica “más bárbara” que le llamó la atención, dijo Wrzesnewskyj, fueron los negocios multimillonarios dirigidos por “el Ejército Popular de Liberación de China, que a través de sus hospitales militares habían construido una operación a escala industrial que extraía a pedido partes del cuerpo y órganos de prisioneros de conciencia encarcelados en la vasta red penal de China”.
«Once años después de que presenté por primera vez la legislación para hacer frente al tráfico de órganos humanos, me alienta que la legislación para combatir este horror –para combatir esta forma moderna de canibalismo– sea finalmente promulgada por este 42º Parlamento», dijo Wrzesnewskyj.
El parlamentario del NDP Murray Rankin dijo al Parlamento que su partido apoya “completamente” el proyecto de ley e instó a todos los parlamentarios a apoyarlo también.
«Queremos que sea un legado de este Parlamento, para que podamos abordar lo que mi amigo, el secretario del parlamento [Virani], llamó apropiadamente un ‘crimen horrendo'».
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