La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador retomó este miércoles el juicio político al expresidente Guillermo Lasso tras quedar interrumpido en mayo pasado, cuando el entonces mandatario disolvió el Legislativo, de mayoría opositora, en el momento que se aproximaba a poner a voto su destitución.
Tras haberse reinstalado la Asamblea luego de las elecciones generales extraordinarias derivada de la ‘muerte cruzada’ aplicada por Lasso, el pleno de la cámara reanudó el proceso pese a que el ex jefe de Estado ya no está en el cargo, puesto que optó por no presentarse a la reelección.
Los asambleístas continuaron el debate, ahora centrado sobre si el exmandatario debe ser censurado cuando ya no está en funciones, bajo la misma acusación de peculado (malversación) en contratos firmados por la flota petrolera estatal.
La sesión fue suspendida luego de cerca de tres horas en la que intervinieron dieciséis parlamentarios, y será reanudada el jueves por la mañana con más participaciones de asambleístas que pidieron el turno de palabra.
La Revolución Ciudadana, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), principales instigadores del juicio político, sostuvieron la necesidad de censurar a Lasso para inhabilitarlo de ejercer cargos públicos durante un plazo de tiempo.
Los argumentos se centraron en muchos casos en la situación generalizada que vive el país en términos de inseguridad y economía, sin tratar la denuncia de peculado en la que se basó este juicio.
En esta nueva Asamblea no está presente ningún representante de CREO, el partido que llevó a Lasso al poder en 2021, por lo que fueron pocas las voces que manifestaron su preferencia por archivar el juicio político.
Uno de ellos fue el asambleísta Otto Vera, quien consideró que «censurar a Lasso sería premiarlo, cuando lo que se busca es que pague por sus culpas»; y llamó a dejar en manos de la Justicia su destino.
Otro fue Pedro Velasco, de la alianza centrista Actuemos, quien planteó que «la ignorancia de la ley no nos exime de responsabilidad». «No podemos apartarnos de la ley», concluyó Velasco al considerar que sería irregular proseguir con el juicio político.
La semana pasada, antes de ceder el mando presidencial a su sucesor, Daniel Noboa, Lasso se reafirmó en su decisión de haber disuelto la Asamblea Nacional.
«Disolver la Asamblea Nacional fue una decisión política acertada que recibió el respaldo de más del 70 % de la población», reiteró Lasso al presentar un libro sobre sus dos años y medio de mandato, titulado ‘900 días: democracia y resultados’.
«Esta decisión sostuvo la democracia ecuatoriana, porque detuvo a un proyecto político que se propuso la desestabilización del Gobierno hasta lograr la destitución del presidente de la República y recuperar el poder para ellos y sus aliados», aseguró.
Ya sin la posibilidad de ser destituido, los promotores del juicio pueden lograr la inhabilitación del exmandatario para ejercer cargos públicos, como hicieron con algunos de sus exministros, entre ellos el extitular de Interior Patricio Carrillo, que hasta el momento no puede ejercer de asambleísta tras haber sido electo para ese cargo.
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