El Parlamento Europeo emitió una resolución el 27 de noviembre donde le recuerda a Cuba sus acuerdos con la Unión Europea en materia de Derechos Humanos.
En el documento los europarlamentarios “condenan la detención arbitraria” del disidente cubano José Daniel Ferrer por parte del régimen castrista y piden “encarecidamente su inmediata puesta en libertad”.
Además advierten a Miguel Díaz Canel que en caso de no cumplirse los acuerdos vinculantes de DDHH señalados en el tratado entre la Unión Europea y Cuba, su violación permite la suspención del mismo.
El 1 de octubre de 2019, el líder de la oposición de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, “fue detenido arbitrariamente sin cargos y se le negó cualquier contacto exterior durante al menos 72 horas”, señala el texto preparatorio de la Resolución definitiva.
El Parlamento considera el hecho que el Sr. Ferrer ha sido en repetidas veces “encarcelado, acosado e intimidado durante más de un año y medio”, debido a su activismo político pacífico; y que en 2018 fue retenido en confinamiento solitario durante 10 días.
Además señala que tiene conocimiento de la carta que el Sr. Ferrer envió de contrabando el 2 de noviembre de 2019, en la que afirmaba que había sido torturado y maltratado, y que su vida corrió peligro durante su detención.
Según la información recogida por los europarlamentario, facilitada por su médico el 15 de noviembre de 2019, el Sr. Ferrer se encuentra recluido en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, donde fue llevado a una celda de castigo. El 7 de noviembre de 2019, su esposa lo vio por unos minutos y confirmó que su salud estaba en un estado crítico dado que había perdido la mitad de su peso corporal, lo que también era el resultado de una huelga de hambre que él mismo había comenzado, dice la resolución.
Los eurodiputados de diferentes agrupaciones políticas pidieron en la resolución que al Sr. Ferrer “se le conceda acceso al abogado de su elección, tener contacto con su familia y tener acceso a toda la documentación relativa a su detención y a los supuestos motivos de la misma”.
“Las autoridades cubanas tienen el deber de prevenir la tortura y los malos tratos y de garantizar una investigación rápida e imparcial”, dice la resolución, instando también a que el Sr. Ferrer “tenga acceso inmediato a la atención médica de su elección, garantizándole el suministro de alimentos y agua sanitaria adecuados”.
Cese de la persecución
El Parlamento también reiteró “su gran preocupación por la persecución, el acoso y los ataques continuos contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición en Cuba”.
En el documento consideraron que según varias ONG, «el Sr. Ferrer no es más que uno de los 120 presos políticos que hay en Cuba», entre ellos muchos periodistas independientes, disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos.
Se mencionan en particular José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Haces Edilberto Ronal Azuaga y Roberto de Jesús Quiñones.
El 28 de octubre de 2019, Armando Sosa Fortuny, el cubano detenido durante más tiempo prisionero político, que había pasado 43 años en prisión, murió y se supo que las autoridades cubanas no había accedido a liberarlo a pesar de su salud en declive.
La resolución del 27 de noviembre “pide el cese inmediato de estas acciones y la liberación de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente por el mero hecho de ejercer su profesión su libertad de expresión y de reunión”.
También pide que se garanticen la libertad de reunión, la independencia del poder judicial y a garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente”.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Advertencias a Cuba y la Delegación de Cuba
El Parlamento hizo un llamado a los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a su Delegación de Cuba para “condenar públicamente la detención arbitraria del Sr. Ferrer y de las mencionadas personas y a tomar todas las medidas necesarias para defender la democracia y los derechos humanos”.
Según los europarlamentarios pese a los acuerdos firmados por Cuba, “los derechos humanos no han mejorado”.
Las acciones del régimen cubano “son contrarias a las disposiciones del artículo 1, apartado 5, y el artículo 22 del AACP entre la Unión Europea y Cuba”, en el que “el gobierno cubano se compromete a defender y mejorar los derechos humanos”, dice la resolución.
«Cuando el 5 de julio de 2017 el Parlamento dio su aprobación al AACP, la aprobación del Parlamento expresaba claramente sus serias preocupaciones sobre los derechos humanos”, añade.
Por esta razón exige a Cuba “que se cumplan las obligaciones vinculantes” y advierte que en caso de violación de las disposiciones convenidas se incluye una disposición para la suspensión del acuerdo.
Como primera medida se deberá presentar regularmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Parlamento un informe sobre la aplicación de la Convención.
El Parlamento en este sentido considera que el encarcelamiento y el tratamiento de José Daniel Ferrer y otros prisioneros políticos, como un «caso de especial urgencia» a tratar, tal como se establece en el documento en relación a los acuerdos vinculantes.
Por esta misma razón el régimen cubano está obligado a llevar a cabo reformas legales “para garantizar la libertad de prensa, de asociación y de manifestación, y poner en marcha las reformas políticas permitir la celebración de elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la soberanía y la libertad de los ciudadanos”.
A su vez, junto a otras disposiciones, el Parlamento Europeo hace un llamamiento al régimen cubano a que “deje de imponer la censura en línea y a que deje de bloquear sitios de Internet y restringir el acceso a la información”.
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