Un grupo de derechos humanos con sede en París está haciendo sonar la alarma sobre la creciente influencia de China dentro de las Naciones Unidas, diciendo que representa una amenaza para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los defensores de los derechos que quieren promover los derechos humanos.
Christine Mirre, directora de CAP Freedom of Conscience, calificó de «inquietante» la influencia de China en la ONU y dijo que hay que trabajar para proteger a la organización de ser “sinizada”.
«La creciente influencia de China dentro de la ONU plantea el riesgo significativo de que remodelen la organización para adaptarla a sus propios intereses, socavando potencialmente sus funciones principales», dijo Mirre durante un evento organizado por la organización Human Rights Without Frontiers, con sede en Bélgica, en el Club de Prensa de Bruselas el 29 de febrero.
Las ONG acreditadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) pueden obtener pases terrestres que permitan a sus representantes ingresar a las instalaciones de la ONU y participar en reuniones y debates oficiales. Para obtener la acreditación del ECOSOC, las ONG primero deben presentar una solicitud de evaluación. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) y el Comité de ONG, una subsidiaria del ECOSOC, son responsables de revisar la solicitud.
La Libertad de Conciencia de la CAP fue acreditada por el ECOSOC en 2016. Sin embargo, la Sra. Mirre explicó que obtener el estatus del ECOSOC no fue fácil, señalando que diferentes diplomáticos chinos han ocupado el cargo de subsecretario general del ECOSOC desde 2007.
«Nuestra solicitud de estatus en el ECOSOC fue bloqueada durante más de cuatro años por China, que nos puso en su ‘lista negra’ de ONG debido a la presentación que firmamos sobre la persecución a Falun Gong», explicó, refiriéndose a una presentación escrita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en 2013.
«Solo gracias a la ausencia del representante chino en la última revisión de nuestra ONG se nos concedió el estatus».
China en la ONU
En 2013, China se sometió a un proceso de revisión por pares llamado examen periódico universal, que todos los estados miembros de la ONU deben realizar cada cuatro o cinco años. Varias ONG, incluidas CAP Freedom of Conscience y Human Rights Law Foundation, firmaron conjuntamente la presentación pidiendo al Partido Comunista Chino (PCCh) que deje de “encarcelar, detener y sentenciar” a los practicantes de Falun Gong y que pusiera “fin inmediatamente a su campaña de erradicación» del grupo.
La Sra. Mirre añadió que su organización está ahora “bajo presión constante de China” para cumplir con la obligación como ONG acreditada por el ECOSOC de presentar un informe al Comité de ONG cada cuatro años para informar sobre sus actividades. Dijo que había habido retrasos en la verificación de sus informes y agregó que su organización tuvo que lidiar con “cuestiones ridículas e insignificantes”, como qué ha aportado su grupo a la libertad religiosa en Naciones Unidas.
La influencia de China dentro de la ONU también ha “conducido a restricciones a la participación de los grupos de derechos humanos”, añadió, recordando su experiencia de haber sido “violentamente interrumpida” por el representante de China mientras hacía una declaración oral ante el CDHNU.
La Sra. Mirre también recordó haber visto en persona cómo un representante chino intentó impedir que Dolkum Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur con sede en Munich, hablara en el CDHNU el 23 de marzo del año pasado.
“También hemos observado en los últimos años que China utiliza un truco injusto para manipular el tiempo de palabra asignado a las ONG durante las [sesiones] del Consejo de Derechos Humanos. Un gran número de ONG pro-China se registran para glorificar el modelo chino, evitando así cualquier declaración crítica por parte de los defensores de los derechos humanos”, añadió la Sra. Mirre.
A pesar de la creciente influencia de China, Mirre argumentó que el organismo de la ONU sigue siendo un lugar importante para la defensa de los derechos humanos debido a sus mecanismos especiales de presentación de informes.
«Creo que es importante hacer todo lo posible para proteger a esa institución de ser ‘sinizada’ y [es importante] seguir exponiendo los crímenes de China en la ONU a pesar de la presión política de Beijing», dijo.
“Es responsabilidad de todos los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y los Estados miembros [de la ONU] proteger los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y mantener abierto el espacio de expresión proporcionado por la ONU a todas las víctimas privadas de sus derechos”.
Falun Gong
La Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, declara que los derechos humanos son universales. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, de creencias y de reunión pacífica.
Para reconocer el 75 aniversario del documento el año pasado, CAP Freedom of Conscience envió una declaración escrita a las Naciones Unidas en la que pedía al secretario general de la ONU, António Guterres, que iniciara una «misión de investigación a la sustracción forzada de órganos en China mediante inspecciones independientes, internacionales y sin previo aviso”.
La declaración escrita hacía referencia al Tribunal de China, un tribunal popular independiente con sede en Londres, que concluyó en 2019 que la sustracción forzada de órganos había tenido lugar en China durante años “a una escala significativa”, siendo los practicantes de Falun Dafa la “principal fuente” de órganos humanos.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que anima a sus seguidores a vivir según los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Según estimaciones oficiales, en 1999 entre 70 y 100 millones de personas en China habían adoptado esta práctica.
El régimen comunista de China consideró la popularidad de la práctica como una amenaza a su gobierno y lanzó una brutal campaña contra el grupo en julio de 1999. Desde entonces, el PCCh ha enviado por la fuerza a cientos de miles de practicantes de Falun Gong a centros de detención, prisiones, pabellones psiquiátricos y otras instalaciones, sometiéndolos a trabajos forzados, torturas, lavados de cerebro y otros tratos inhumanos.
Más de 5000 practicantes de Falun Dafa han sido perseguidos hasta la muerte, según lo documentado por el Centro de Información de Falun Dafa. Sin embargo, según el centro, se cree que el número real de muertes es mucho mayor.
En diciembre del año pasado, CAP Freedom of Conscience y otras ONG enviaron una carta a los máximos representantes demócrata y republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Ben Cardin (demócrata de Maryland) y el senador James Risch (republicano de Idaho), pidiéndoles que presentaran la Ley para Acabar con la Recolección Forzada de Órganos (S.761) ante el comité lo antes posible.
La versión de la legislación de la Cámara (H.R. 1154) fue aprobada por 413 votos contra 2 en marzo del año pasado. Si se promulga, sancionaría a cualquiera involucrado en la sustracción forzada de órganos y requeriría informes gubernamentales anuales sobre tales actividades que tienen lugar en países extranjeros.
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