Las autoridades peruanas esperan la pronta extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) desde Estados Unidos, después de que se confirmara que el Departamento de Estado concedió entregarlo al país andino por delitos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht.
«La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos», detalló la Fiscalía en Twitter.
El Ministerio Público agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación «viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición».
Al respecto, el jefe de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, señaló que la Fiscalía espera que el expresidente esté «en días» en el país andino.
«Podría tardar unos días, no sabría decir cuántos, pero entendamos que la decisión de Estados Unidos en ambas etapas, la judicial como la del Ejecutivo, ha otorgado al Estado peruano la extradición», declaró en el Canal N
Ahora, dijo, «nace una etapa de coordinación» entre la Fiscalía, los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, y la Policía Internacional (Interpol), con las autoridades de Estados Unidos.
Toledo es acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.
En concreto, el exmandatario ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos ala empresa brasileña para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
En el capítulo peruano del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, también estuvieron implicados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.
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