Varios de los presos políticos de Nicaragua liberados este lunes denunciaron torturas y trato inhumano en las cárceles de máxima seguridad, donde las autoridades les repetían que no tenían derechos y que morirían encerrados.
«Nos decían que no teníamos ningún derecho y que ahí íbamos a morir, en la cárcel», dijo el exconvicto político Chester Membreño, horas después de haber sido liberado por el régimen, bajo la recién aprobada Ley de Amnistía.
Afirmó que el objetivo de los carceleros era «doblegarte la conciencia para que te doblegues y te mueras ahí, pero no, lo logramos», dijo el empresario, de regreso en su casa.
Al excarcelado, dueño de un hotel en la ciudad de Masaya (Pacífico) que fue incendiado por un grupo de encapuchados tras haberse rebelado públicamente contra el régimen de Ortega, se le negó un permiso para ver a su madre antes de que muriera en enero pasado, un beneficio que suele brindársele a los reos comunes.
La madre del empresario era una maestra jubilada de 68 años, que murió pidiendo libertad para su hijo, quien dijo no haber cometido ningún delito, y que protestar contra el Daniel Ortega no va contra la ley, pese a lo cual fue capturado por la Policía el 23 de julio pasado.
Membreño aseguró que incluso pedir atención médica es motivo de castigo en los calabozos de máxima seguridad de la cárcel «La Modelo».
En la cárcel de mujeres «La Esperanza», el castigo no siempre es físico, según dijo la exconvicta política Nelly Roque, quien denunció el caso de su excompañera de celda Amaya Coppens, una estudiante de Medicina de doble nacionalidad nicaragüense y belga.
«Amaya ha visto la excarcelación de todas, cada lista la ha escuchado y ella no está ahí, ha visto hacer maletas, nos ha abrazado a todas, nos ha despedido y nos da su fortaleza. Esta es una manera de tortura también. Amaya hoy quedó sola en la celda», señaló Roque, quien exigió «libertad para Amaya».
Según los liberados, la represión en los calabozos de máxima seguridad de Nicaragua es igual para presos políticos o comunes, nacionales o extranjeros.
A pesar de eso, afirmaron estar «con el ánimo alto», para seguir reclamando la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«Seguimos presos, pero ahora, en vez de estar en la cárcel, estamos presos en nuestro propio país, y Nicaragua y el pueblo de Nicaragua está preso, entonces (…) creo que todos estamos dispuestos a continuar en este lucha, aunque eso nos cueste otra vez cárcel y esta vez posiblemente la vida», dijo el exconvicto y líder estudiantil Hanssel Vásquez.
El régimen de Nicaragua liberó esta mañana a un grupo de 50 presos políticos bajo la Ley de Amnistía, misma que criticaron porque no se sienten beneficiarios de la misma, pues consideran que no han cometido delito, en cambio, creen que la misma beneficia a los funcionarios y grupos oficialistas que atacan a las personas que rechazan a Ortega.
Hasta el domingo, el régimen reconocía 142 presos políticos dentro de los calabozos estatales, pero la oposición hablaba de 221.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido contra cualquier amnistía que impida investigaciones y sanciones a los autores de violaciones a los derechos humanos, ha señalado al régimen de Nicaragua como responsable de delitos «de lesa humanidad» en el marco de la crisis local.
Desde abril de 2018 la crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos, según la CIDH. Varias ONG locales cuentan hasta 594 víctimas, mientra que el régimen reconoce 199.
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