Análisis de Noticias
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se opuso a la censura de las redes sociales con un proyecto de ley que permitiría multar y demandar a las grandes empresas tecnológicas por ciertas decisiones de vigilancia de contenido.
Empresas como YouTube, Facebook y Twitter disfrutan de una amplia protección de responsabilidad en virtud de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Sin embargo, la propuesta parece intentar eludir esas protecciones al pedir más transparencia, vinculando las medidas contra la censura a la normativa electoral del estado y otorgando a los usuarios más control sobre la vigilancia de contenido.
La Sección 230 protege a las plataformas de Internet de la responsabilidad por «cualquier acción tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad de material que el proveedor o usuario considere obsceno, impúdico, lascivo, inmundo, excesivamente violento, acosador o de otro modo objetable».
Algunos argumentan que las empresas de redes sociales interpretan la parte «de otro modo objetable» de forma demasiado amplia y que esto no estaba destinado a abarcar el discurso político que las empresas afirman encontrar «objetable».
La propuesta de Florida tiene un enfoque diferente. Primero, requeriría que las empresas publiquen sus estándares de vigilancia de contenidos. Las principales redes sociales como Facebook y YouTube, propiedad de Google, no explican completamente sus políticas de contenido, alegando que llevarían a los usuarios a esquivarlas. Según la información, la ley los obligaría a revelar plenamente sus normas.
Los usuarios recibirían una “explicación detallada y una notificación por escrito después de ser destituidos o prohibidos”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes del Estado de Florida, Chris Sprowls, en una conferencia de prensa el 2 de febrero con DeSantis anunciando la propuesta de ley.
La ley también «detendría los cambios frecuentes en los términos de uso, los que se comunicarían claramente para obtener el consentimiento previo para los cambios», dijo la oficina de DeSantis en un comunicado de prensa del 2 de febrero.
Además, el proyecto de ley prohibiría «la censura arbitraria y/o la eliminación de usuarios de las plataformas». Eso posiblemente podría evitar que las empresas censuren sobre una base ad hoc, más allá de lo que dicen sus reglas de contenido.
«Cuando las empresas de redes sociales aplican estos estándares de manera desigual a los usuarios, esto es discriminación, pura y simple», dijo DeSantis durante la reunión de prensa. «¿Se imaginan tolerar este tipo de comportamiento en la banca o en el cuidado de la salud o en otras industrias?»
Derechos civiles en Internet
La idea de hacer que el acceso a las redes sociales sea una especie de derecho civil y hacer que se cumpla a través de una legislación a nivel estatal fue propuesta previamente en 2019 por el abogado conservador Will Chamberlain, editor en jefe del sitio web de noticias Human Events.
“Será un desafío muy serio lograr que se apruebe una ley federal que proteja este derecho civil, dada la composición actual del Congreso. Pero los estados con legislaturas fuertemente republicanas pueden aprobar leyes que protejan a los ciudadanos de su estado de quedar fuera de la plataforma”, escribió Chamberlain en un artículo de opinión.
“Si ellos lo hacen, Facebook, Twitter y Google tendrán que cumplir si quieren seguir haciendo negocios en ese estado».
Para los críticos que dicen que regular la vigilancia de contenidos abre la puerta a la censura del gobierno, señaló que la Corte Suprema ya dictaminó en 2017 que las redes sociales son «la plaza pública moderna», a la que el gobierno no puede impedir el acceso de las personas.
«Las preocupaciones acerca de que la regulación gubernamental se cambie para restringir el discurso son simplemente infundadas», escribió.
Además, propuso que, en lugar de una agencia reguladora, la aplicación del acceso a las redes sociales debería dejarse en manos de los tribunales.
La propuesta de Florida parece seguir ese modelo y promete permitir que tanto los residentes de Florida como su fiscal general demanden a las grande empresas de tecnología por violar la ley.
¿Optar por entrar o por salir?
DeSantis también propone «dar a los usuarios el poder de excluirse de los algoritmos» que utilizan las empresas de tecnología para clasificar y filtrar el contenido.
Una idea similar fue propuesta por el autor y periodista de Breitbart Allum Bokhari, en 2018.
El periodista argumentó que no es necesario que las empresas de redes sociales prohíban o eliminen cualquier contenido legal. En cambio, deben dar a los usuarios la opción de activar cualquier filtro de contenido objetable por su propia voluntad.
Bokhari fue más lejos que DeSantis, proponiendo que los filtros deberían ser «estrictamente opcionales» y cualquier contenido al que se aplicaría un filtro debería etiquetarse como tal para que los usuarios sepan qué efectos tendrían los filtros en sus feeds de noticias.
«Si bien no los eliminaría como una amenaza política, los filtros opcionales seguirían obstaculizando gravemente la capacidad de los directores ejecutivos de las grandes empresas de tecnología para influir en las elecciones», dijo Bokhari en un artículo de opinión. “Ellos perderían para siempre el poder de purgar permanentemente a los malos pensadores de la opinión pública digital. No importa cuántos filtros apliquen en una cuenta conservadora, los usuarios aún tendrían que elegir conscientemente no ver el contenido».
Reglas de campañas electorales
DeSantis también quiere regular y multar a las empresas de tecnología por intromisión electoral.
“Las grandes empresas de tecnología han estado manipulando el contenido de las noticias y diseñando algoritmos para dar la ventaja a sus candidatos preferidos y lo hacen sin reparos”, dijo.
La ley propuesta impondría una multa de USD 100,000 por día a una empresa que inhabilite la cuenta de un candidato de Florida a un cargo.
“Cualquiera de Florida puede sacar de la plataforma a cualquier candidato que elija. Ellos simplemente los dan de baja. Este es un derecho que creo que pertenece al ciudadano”, dijo DeSantis.
«Además, si una gran empresa de tecnología promueve a un candidato a un cargo frente a otro, el valor de esa promoción gratuita debe registrarse como una contribución a la campaña política».
Las empresas también se enfrentarían a multas diarias si utilizan sus algoritmos para «suprimir o priorizar» el contenido relacionado con los candidatos o los medios de votación.
“El mensaje es fuerte y claro: cuando se trata de elecciones en Florida, las grandes empresas tecnológicas deben mantenerse al margen”, dijo el gobernador.
Facebook, Google y Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la propuesta de DeSantis.
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