Las representantes María Elvira Salazar (R-Fla.) y Verónica Escobar (D-Texas) presentaron este martes un proyecto de ley bipartidista de reforma migratoria llamado “Ley Dignidad”, la cual calificaron de “histórica” por ser la primera solución bipartidista sobre inmigración propuesta por el Congreso en más de una década.
La iniciativa propone cuatro principios: detener la inmigración ilegal, dar soluciones a los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, fortalecer la fuerza laboral, y garantizar la prosperidad y competitividad de Estados Unidos, según un comunicado.
La propuesta también incluye fondos para la seguridad fronteriza y reformar la manera en que las personas piden asilo.
“Nuestra intención es dignificar a muchos sectores de este país que están desesperados. Empezamos con la patrulla fronteriza, miles de agentes que están sobrecargados de trabajo y mal pagados se han enfrentado a una cascada de millones de migrantes, droga, terroristas, coyotes durante estos últimos dos años”, dijo Salazar en el House Triangle del Capitolio el 23 de mayo.
“Dignidad empresarial, docenas de industrias que necesitan manos para cubrir millones de puestos de trabajo vacantes y no las encuentran. Y finalmente dignidad para esos millones de personas que son invisibles para muchos norteamericanos pero que están haciendo los trabajos que otros no quieren o no pueden—los indocumentados”, agregó.
Salazar, quien representa al distrito 27 de Florida, dijo que la iniciativa legislativa representa un momento histórico en el que «dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país».
Según el comunicado, la ley “se basa en los principios bíblicos de Dignidad y Redención”, y con ella se proporcionaría USD 25,000 millones para asegurar totalmente la frontera sur que no correría por cargo de los contribuyentes. Obliga además que se utilice al 100 por ciento el sistema federal E-verify para garantizar que todas las empresas estadounidenses estén contratando a trabajadores legales.
También incluye la construcción de muros físicos reforzados y el despliegue de la tecnología más avanzada en la frontera, la contratación de miles de agentes nuevos de la Patrulla Fronteriza, funcionarios de la CBP y unidades de inteligencia fronteriza.
La propuesta de ley propone la creación de unos «campus humanitarios» para detener a quienes buscan pedir asilo en Estados Unidos y donde deberán esperar a que un oficial capacitado resuelva su caso en un periodo de 60 días.
Bajo la propuesta, las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en EE.UU., que hayan vivido por cinco años el país y que no tengan antecedentes penales, pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años.
En ese periodo, deberán pagar una suma de USD 5000 en concepto de restitución al gobierno, durante siete años que dura el programa. Estos fondos, dijo la congresista, se usarán para asegurar la frontera y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes ilegales.
Este proyecto de ley se presenta dos semanas después de que la administración Biden pusiera fin al Título 42, una normativa sanitaria que permitía las expulsiones rápidas en la frontera sur por la emergencia de COVID-19, y restituyera las restricciones del acceso al asilo para los inmigrantes ilegales en la frontera sur de la era Trump.
La “ley dignidad” también es copatrocinada por los representantes Jenniffer González-Colón (R-PR), Hillary Scholten (D-MI), Lori Chávez-DeRemer (R-OR), Kathy Manning (D-NC), y Mike Lawler (R-NY).
Con información de EFE.
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