WASHINGTON— El año comenzó con el presidente Donald Trump declarando una emergencia nacional en la frontera sur.
La crisis fronteriza se intensificó y en mayo casi 133,000 extranjeros ilegales fueron aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, y otros 11,000 se presentaron en los puertos de entrada sin documentación legal.
La grave situación en las abarrotadas estaciones de la Patrulla Fronteriza no se alivió hasta julio, cuando el Congreso asignó fondos de emergencia para el socorro humanitario.
A finales del año fiscal 2019, casi un millón de personas habían entrado ilegalmente a Estados Unidos, casi el doble que en el año fiscal 2018.
Más de 600,000 de ellos eran o bien individuos dentro de una unidad familiar o bien menores no acompañados —ambas poblaciones vulnerables que a menudo llegan enfermos y requieren más atención de la que se establece que la Patrulla Fronteriza deba proporcionar. El Comisionado Interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, dijo que la Patrulla Fronteriza realizó un promedio de 70 a 80 visitas al hospital con extranjeros ilegales cada día solo a lo largo de la frontera sur en el año fiscal 2019.
Para diciembre, las entradas ilegales habían disminuido a 42,000 al mes, después de una disminución constante desde el nivel más alto en mayo.
El verdadero cambio ocurrió al sur de la frontera por orden de la administración Trump: los Protocolos de Protección al Migrante entraron en vigor, México endureció sus esfuerzos en la aplicación y Estados Unidos forjó acuerdos con las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
La amenaza de los aranceles en junio impulsó a México a cooperar.
«Es un día triste en Estados Unidos cuando el gobierno de México está haciendo más para asegurar nuestras fronteras que los miembros del Congreso—porque ellos no han hecho nada», dijo Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En julio, los solicitantes de asilo dejaron de ser elegibles para recibir beneficios de asilo en Estados Unidos si no solicitaban asilo en un tercer país seguro, incluyendo México. El fallo fue inicialmente bloqueado en todo el país, pero posteriormente fue permitido por la Corte Suprema.
«Los pasos que [la administración] tomó fueron efectivos y tenían que hacerse porque no había un final a la vista», dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración.
«Pasó de ser un fenómeno mayoritariamente centroamericano con unos pocos cubanos y haitianos, a ser un fenómeno global con gente que venía de África, India y China, y que empezaba a llegar por la frontera norte. Así que no era demasiado rápido controlarlo».
Morgan dijo que desde 2018, la Patrulla Fronteriza ha visto un aumento de 200 a 300 por ciento de extranjeros ilegales que vienen de fuera del continente.
Permanecer en México
En lugar de recibir una pulsera de tobillo y ser liberados en los Estados Unidos, bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), los extranjeros ilegales pueden ser enviados de regreso a México para esperar sus procedimientos en la corte de inmigración.
Si un juez de inmigración considera que sus demandas son meritorias, se les concederá estatus legal y beneficios para vivir y trabajar en Estados Unidos. Si no, serán enviados de vuelta a casa, lo cual, bajo los nuevos acuerdos con los países centroamericanos, se ha vuelto más fácil.
El MPP efectivamente detuvo la «captura y liberación».
«Necesitaban encontrar una manera de evitar simplemente liberar a todos en Estados Unidos», dijo Vaughan. «La gente está recibiendo el mensaje de que la fiesta ha terminado».
El MPP comenzó oficialmente en enero en San Ysidro, California, y ha añadido lugares a lo largo de la frontera sur durante todo el año. El último fue en Nogales, Arizona, en la primera semana de diciembre.
Entre enero y noviembre, 56,004 personas presentaron casos de inmigración bajo el MPP, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse.
De ellos, 24,231 casos fueron completados con 117 personas a las que se les concedió el asilo u otro estatus legal y 15,441 a las que se les emitió una orden de expulsión. Otros 8099 se incluyeron en la categoría de «rescisión de procedimientos», lo que probablemente significa que retiraron su solicitud y luego TRAC no respondió a una solicitud de aclaración.
Casi 22,000 siguen esperando su primera audiencia, mientras que 17,136 no se presentaron en su última audiencia, según el TRAC.
«El gran problema que aún permanece es que ahora hay cientos de miles de personas que entraron en los últimos dos años, que no necesariamente están solicitando asilo, incluso —solo están aquí», dijo Vaughan.
«Están obstruyendo el sistema judicial. Algunos de ellos tienen permisos de trabajo, otros están trabajando ilegalmente, y a menos que sean arrestados por otra cosa, las posibilidades de que el ICE pueda expulsarlos son muy escasas».
«Es el grupo que los activistas contra la aplicación de la ley van a tratar de preparar para la próxima amnistía».
Los Tribunales
Superando un aluvión de fallos judiciales en contra de sus políticas, la administración de Trump ganó unos cuantos fallos importantes en la Corte Suprema este año—incluyendo el apoyo al uso de fondos militares para construir una valla fronteriza, permitiendo la detención de extranjeros criminales antes de la deportación, y permitiendo que continúe la regla de un tercer país seguro para los solicitantes de asilo mientras se abre paso a través de los tribunales inferiores.
Desde entonces, un tribunal de Texas emitió un mandato judicial a nivel nacional contra el uso de fondos militares para la construcción del muro fronterizo. Noventa y seis millas (más de 150 km) de muro fronterizo fueron erigidas hasta ahora bajo la administración de Trump.
En mayo, un tribunal de apelaciones permitió que el programa MPP continuara después de que una orden judicial nacional bloqueó el programa en abril.
En julio, una corte de apelaciones permitió que la administración penalizara a las jurisdicciones santuarias reteniendo algunos fondos a las zonas que se negaban a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Varios tribunales bloquearon una norma de carga pública ampliada que la administración pretendía promulgar en octubre. La regla buscaba negar los beneficios de inmigración a los individuos que probablemente se convertirían en los principales dependientes del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid. No se aplica a los refugiados y solicitantes de asilo.
Dos cortes de apelaciones posteriormente levantaron la mayoría de las órdenes judiciales a nivel nacional, pero la orden judicial de Nueva York sigue vigente.
La Corte Suprema está considerando actualmente el caso de los beneficiarios de la Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA, por sus siglas en inglés), a quienes el entonces presidente Barack Obama concedió una amnistía de deportación en 2012 en forma de una orden ejecutiva. La administración Trump rescindió la orden ejecutiva en septiembre de 2017, pero el programa ha permanecido abierto mientras se abre paso en el sistema judicial.
Se espera que en 2020 haya más disputas en los tribunales, incluyendo la decisión sobre DACA y una posible batalla por el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Congreso 2020
Aunque la crisis en la frontera ha disminuido un poco, es poco probable que el Congreso haga algo en 2020 para resolverla, predicen tanto Homan como Vaughan.
«Todavía hay 40,000 personas al mes que cruzan esa frontera, y el Congreso no ha hecho nada para abordarla», dijo Homan.
Le preocupa que la redacción del proyecto de ley de apropiaciones recién entintada provoque otra oleada de menores no acompañados que cruzan la frontera.
El proyecto de ley prohíbe al ICE usar cualquier parte de su presupuesto para investigar a los padres y patrocinadores de los menores no acompañados, incluso si están en el país ilegalmente.
«Vas a ver cómo se dispara el número de menores no acompañados porque básicamente has abierto las puertas y has dicho, ‘OK, adelante y pasa de contrabando a tus hijos, porque el ICE no puede hacer nada al respecto'», dijo.
«Habla de la publicidad para que más niños sean traficados, más niños sean abusados».
Predice que los menores no acompañados se convertirán en otro grupo que demanda amnistía y ciudadanía.
Morgan, de CBP, dijo que para abordar los problemas actuales, el Congreso todavía tiene que arreglar la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata (TVPRA, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Conciliación Flores y el umbral de temor creíble.
Quiere que la TVPRA permita el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen. Ahora, sólo los canadienses o los mexicanos pueden ser devueltos.
Morgan quiere que el acuerdo Flores permita la detención de la familia hasta la finalización de sus procedimientos judiciales, lo que supondría unos 50 o 60 días. Actualmente, los niños no pueden ser detenidos por más de 20 días, incluso con sus padres.
Y el umbral de temor creíble permite que casi todos los que alegan «temor al regreso» a su país de origen pasen el examen inicial, a pesar de que casi todos ellos posteriormente no cumplen con los requisitos de asilo.
Visados
La Cámara de Representantes aprobó el 11 de diciembre la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola que esencialmente daría amnistía a hasta 2 millones de extranjeros ilegales en el país.
«Para 2 millones de personas, significaría que ya no enfrentarían la amenaza de deportación», dijo el Rep. Joaquín Castro (D-Texas) el 11 de diciembre.
Es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado porque «va demasiado lejos», dijo Vaughan. Pero el solo hecho de hablar de amnistías crea un aumento en la frontera, dijo. «El problema es que… cada vez que el Congreso comienza a hablar de amnistías, e incluso de aprobarlas en una u otra cámara, motiva a la gente a tratar de venir aquí ilegalmente».
En el Senado, la reestructuración de las visas se está discutiendo con la Ley de Equidad para Inmigrantes de Alta Calificación. Esta ley busca eliminar el límite máximo por país para los inmigrantes que trabajan en el extranjero, principalmente trabajadores tecnológicos indios y chinos.
También crearía un estatus comparable a una tarjeta verde y se aplicaría potencialmente a cientos de miles de personas cada año, incluyendo estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio, trabajadores del TLCAN, inversionistas y más, según Vaughan.
Santuarios
Las jurisdicciones santuarias que protegen a los extranjeros ilegales de la aplicación de la ley de inmigración permanecerán en el centro de atención en el 2020.
Tanto Nueva York como Nueva Jersey acaban de aprobar leyes que permiten a los extranjeros ilegales obtener licencias de conducir. Nueva York fue más allá y bloqueó al ICE para que no acceda a los datos de la base de datos del DMV.
«Ya es malo para el ICE [y] se va a poner peor», dijo Homan.
En Los Ángeles, los arrestos del ICE de criminales extranjeros ya son mucho menores que en Nueva Orleans y Salt Lake City.
«Los Ángeles solía ser el mayor productor de extranjeros criminales que eran arrestados. Y los números están en el retrete en Los Ángeles porque el ICE no tiene acceso a las cárceles», dijo Homan.
«No puedes tenerlo todo. No se puede exigir el debido proceso y decirnos que ignoremos la decisión final [de deportación] de los tribunales [de inmigración]. Ningún otro sistema legal en el mundo funciona de esa manera».
Vaughan dijo que hasta que la autoridad del ICE sobre las detenciones sea aclarada por la Corte Suprema y hasta que la supremacía de las autoridades federales sea establecida más claramente —ya sea por el Congreso o en los tribunales— las jurisdicciones santuarios podrán burlarse del ICE.
Drogas y cárteles
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza incautó más de 800,000 libras (cerca de 363,000 kilos) de drogas en el año fiscal 2019, en su mayoría en los puertos de entrada, según Morgan.
«Los cuatro narcóticos duros —heroína, metanfetamina, fentanil y cocaína— aumentaron el año pasado», dijo. Es imposible determinar cuánto se introdujo sin ser detectado, ya sea en los puertos de entrada o entre ellos, incluyendo los túneles.
Trump ha jugado con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, pero dijo que se ha contenido a petición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Vaughan sugiere que López Obrador está políticamente cómodo con las políticas de inmigración de Trump, pero «su falta de voluntad para enfrentarse a los cárteles está socavando el progreso en materia de inmigración».
Homan dijo que cree que Trump presionará a México para que permita que Estados Unidos tome la delantera sobre los cárteles.
«México tiene que dejarnos ir allí y utilizar nuestra experiencia en la aplicación de la ley, nuestras investigaciones financieras forenses, nuestra autoridad de enjuiciamiento. Déjenos ir allí y ayudarles a eliminar los cárteles», dijo Homan.
Le preocupa que los activistas izquierdistas «compren a algún juez» para declarar que México ya no es un tercer país seguro para que los centroamericanos esperen sus audiencias de inmigración bajo el programa MPP. Si el programa termina, desencadenará otra carrera hacia la frontera.
Candidato demócrata para el 2020
Todos los principales candidatos demócratas han prometido despenalizar los cruces fronterizos, proporcionar atención médica a los inmigrantes ilegales, eliminar o abolir el ICE y proporcionar amnistía a grandes sectores de extranjeros ilegales que ya están en el país.
«Creo que esta frontera será un caos si uno de los demócratas gana las elecciones», dijo Homan.
Vaughan dijo que el candidato probablemente afirmará ser duro en la seguridad de la frontera, pero esencialmente erradicará la aplicación de la ley en el interior.
«Los puntos de discusión más importantes para ellos serán la amnistía», dijo. «Porque ven a los beneficiarios de una amnistía como futuros votantes para ellos».
Sigue a Charlotte en Twitter: @charlottecuthbo
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