Revisión de los fallos y votos de la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett

Por Janita Kan
07 de Octubre de 2020
Actualizado: 07 de Octubre de 2020

Se espera que la jueza Amy Coney Barrett se enfrente a fines de este mes a una tensa audiencia para la confirmación de su cargo en la Corte Suprema. Su experiencia como jueza y sus opiniones y votos durante su corta permanencia en el 7º Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos serán probablemente puestos bajo lupa y cuestionados como parte de la contienda de confirmación.

Si Barrett es confirmada, será considerada como una de las personas con menos experiencia en la corte, con solo tres años de experiencia como jueza federal, pero con un historial y cualidades personales que la hacen muy querida por los conservadores y algunos libertarios.

“Creo que ella es un epítome de lo que un jurista debería ser”, dijo a The Epoch Times, Thomas Brejcha, presidente y fundador de la firma de abogados conservadores provida, Thomas More Society. “Ella no es una persona que simplemente sigue sus inclinaciones políticas”.

“Ella es una persona que cree que en su papel judicial, debe seguir la ley tal como la interpreta. (…) Hay un sentido de autocontrol y disciplina judicial que creo que habla muy bien de su naturaleza conservadora”, añadió.

Los liberales, por otra parte es probable que continúen oponiéndose a su ascenso a la magistratura, al tiempo que están expresando con firmeza su preocupación por el futuro del aborto y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare.

“Amy Coney Barrett es una amenaza para nuestros derechos reproductivos y la atención sanitaria. Nominar a Barrett es un insulto al legado [de Ruth Bader Ginsburg] y a todo por lo que ella pasó su vida luchando. Este es el tribunal del pueblo, la sede del pueblo”, dijo el Fondo de Acción de Planned Parenthood en una publicación en Twitter.

Mientras estaba en el estrado de la Corte del 7º Circuito, Barrett participó en algunos casos dignos de mención y posiblemente controvertidos, que iban desde el debido proceso hasta el aborto. Esta es una mirada a algunas de sus notables opiniones y votos.

Aborto

Barrett se enfrentó a algunos casos de regulación de abortos mientras estaba en el estrado del 7º Circuito y emitió votos que indicaron una oposición a los fallos que anulaban las restricciones relacionadas con el aborto.

En 2018, Barrett votó a favor volver a examinar un caso en el estrado, para que la decisión del panel de tres jueces fuera revisada por el tribunal en pleno, lo que implicaba una ley de Indiana que exigía que los restos fetales fueran enterrados o cremados después de un aborto. Los jueces del tribunal de primera instancia y de apelación determinaron que la ley violaba la Constitución. Finalmente Barrett fue superada en número y el 7º Circuito decidió negar la repetición del juicio y restituyó la opinión original que impedía que la ley se aplicara.

En ese momento, se unió a una opinión disidente escrita por el juez Frank Easterbrook. La disidencia se refería a otra parte de la ley que había sido anulada pero que no estaba en cuestión en el procedimiento de la nueva audiencia, a la que Easterbrook describió como “el estatuto de la eugenesia”. Esa parte de la ley prohíbe los abortos por razones de sexo, raza y discapacidad.

Easterbrook argumentó que la Corte Suprema nunca se había pronunciado sobre tal ley y que sería la única autoridad para decidir sobre el tema.

“El uso del aborto para promover los objetivos eugenésicos es discutible por moralidad y prudencia con base diferente a los que subyacen a los estatutos [Planned Parenthood v.] que Casey consideró”, dijo la disidencia (pdf). “Ninguna de las decisiones de la Corte sobre el aborto sostiene que los estados no tienen poder para prevenir abortos diseñados para elegir el sexo, la raza y otros atributos de los niños”.

La Corte Suprema luego reinstauró la ley de Indiana sobre la disposición de restos fetales.

En 2019, Barrett votó para volver a examinar un fallo de un panel de tres jueces del 7º Circuito que apoyó una impugnación a otra ley de aborto de Indiana. La medida estatal requería que se notificara a los padres de una menor de 18 años que solicitara un aborto, incluso en situaciones en las que ya había pedido a un tribunal que este diera su consentimiento en lugar de sus padres.

El 7º Circuito finalmente negó la audiencia. Barrett se unió a una disidencia ante la negativa de la audiencia, de la que fue autor el juez Michael Kanne, quien dijo “impedir que un estatuto estatal entre en vigor es un acto judicial de extraordinaria gravedad en nuestra estructura federal”.

También en 2019, Barrett se unió a una opinión sobre un caso de la Primera Enmienda relacionado con una ordenanza de Chicago que prohibía a los consejeros provida de las aceras acercarse y hablar con las mujeres que entraban en una clínica de abortos, también conocida como la ley de la “zona de burbujas”. Esa ordenanza se basó en una ley de Colorado que fue confirmada por la Corte Suprema en un caso, Hill contra Colorado, en el 2000. La jueza Diane Sykes escribió en la opinión que la corte de apelaciones no tenía otra opción que seguir el precedente de la corte superior.

“El camino que los demandantes instan no está abierto para nosotros en nuestro sistema jerárquico. La ordenanza de la zona de burbujas de Chicago es materialmente idéntica a —de hecho es más estrecha que— la ley que se sostuvo en el caso Hill contra Colorado”, escribió. “Aunque la Corte Suprema ha profundamente alterado el caso Hill vs. Colorado, no ha anulado la decisión. Así que sigue siendo vinculante para nosotros. Los demandantes deben buscar un remedio en la Corte Suprema”.

Thomas More Society fue uno de los bufetes que representaron a los demandantes en el caso de Chicago. Brejcha señaló que aunque Skyes, a quien se unió Barrett, encontró que los casos posteriores habían sacudido los cimientos del caso Hill contra Colorado, como Corte de circuito no tenían autoridad para anular el precedente de la Corte Suprema.

Esto demuestra la disciplina judicial de Barrett y su autocontrol como jurista, dijo Brejcha. “Su metodología es muy limitada y disciplinada”.

Ilya Shapiro, director del Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales del Instituto libertario Cato, dijo a The Epoch Times que los votos y opiniones de Barrett en los casos de regulación del aborto muestran que ella no necesariamente votaría para anular el caso Roe vs. Wade. En cambio, lo que muestran es que ella tomaría cada regulación como viene y aplicaría mejor los estándares del gobierno, añadió.

La Corte Suprema en Washington el 10 de marzo de 2020. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

El debido proceso

Barrett fue la autora de la opinión mayoritaria en un caso de debido proceso presentado por un estudiante de la Universidad de Purdue que había sido acusado de abusos sexuales. Como resultado de la acusación, el estudiante varón al que llamaron John Doe fue suspendido de la escuela, lo que llevó a su expulsión del programa ROTC de la Marina y a la pérdida de su beca. Él mantuvo su inocencia durante las acusaciones.

John demandó a los funcionarios de la universidad alegando que el proceso de disciplina de la universidad era deficiente. Argumentó que la universidad había violado sus derechos al debido proceso bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Título IX al imponer un castigo basado en el sesgo de género. El Título IX es una ley federal que protege a las personas de la discriminación basada en el sexo en los programas educativos.

La universidad, en un informe, supuestamente “afirmó falsamente que [John] había confesado las acusaciones de Jane” y había dejado fuera información del testimonio de John sobre el estado emocional de Jane, según la opinión de Barrett. La estudiante fue remitida como Jane Doe en el caso.

Tampoco se le dio a John la oportunidad de presentar testigos, los miembros del panel no habían leído el informe —indicando que basaban su juicio en acusaciones y no en pruebas— y John no pudo abordar las evidencias porque no las había visto durante el programa de disciplina de la universidad. La universidad tampoco recibió una declaración escrita de Jane sobre las acusaciones.

Más tarde él fue encontrado culpable “por la preponderancia de la evidencia de violencia sexual”.

La Corte de Distrito desestimó las demandas del estudiante varón, pero el panel de la corte de apelaciones no estuvo de acuerdo con el fallo y reinstaló la demanda. La Corte dijo que a John se le debería haber permitido continuar con sus reclamos.

“El proceso de Purdue se quedó corto de lo que incluso una escuela secundaria debe proporcionar a un estudiante que se enfrenta a una suspensión de días”, escribió Barrett (pdf) en el caso citado como Doe vs. Purdue.

La Corte también consideró plausibles las reclamaciones del Título IX de John, pero añadió que “puede que se enfrente a problemas de evidencia y que el que determine los hechos no crea las inferencias que está ofreciendo”.

Shapiro, que también es el editor de “Cato Supreme Court Review”, dijo que este caso es importante porque muestra que Barrett da importancia a los derechos individuales y a las protecciones del debido proceso bajo la Constitución.

El presidente Donald Trump llega para presentar a la jueza Amy Coney Barrett como su nominada a la Corte Suprema en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, el 26 de septiembre de 2020. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Derechos de armas

Barrett indicó su apoyo a los derechos sobre las armas en su disidencia en el caso Kanter c. Barr, en 2019, que impugnó una ley federal que quitaba los derechos sobre las armas a los delincuentes no violentos. Un hombre de negocios que se había declarado culpable de fraude postal argumentó que la ley violaba su derecho a portar armas de la Segunda Enmienda.

La mayoría de 2-1, ambos jueces que fueron nombrados por el presidente republicano Ronald Reagan, dijeron que la ley federal y una similar de Wisconsin eran constitucionales.

En su disidencia, Barrett dijo que desde la fundación del país, las legislaturas han quitado el derecho a las armas a las personas que se consideraban peligrosas.

“La historia es coherente con el sentido común: demuestra que las legislaturas tienen el poder de prohibir a las personas peligrosas la posesión de armas”, escribió. “Pero ese poder se extiende solo a las personas que son peligrosas”.

Añadió que, aunque el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen un gran interés en proteger al público de la violencia con armas de fuego, no han demostrado que el propietario de una empresa que posee un arma de fuego suponga un riesgo.

“La Segunda Enmienda confiere un derecho individual, íntimamente relacionado con el derecho natural de la autodefensa y no limitado a la participación cívica”, dijo.

Según Shapiro, el caso Kanter es importante porque “muestra que ella toma la estructura del texto y la historia de la Segunda Enmienda en serio, así como la comprensión de la prohibición de los delincuentes en posesión de armas de fuego y miró lo que eso significaba históricamente”.

“Su disentimiento fue más largo que la opinión de la mayoría. Es un escrito académico muy bien razonado”, dijo.

Inmigración

Barrett dictaminó en varios casos de inmigración y se puso del lado del gobierno de Trump en su mayor parte. La jueza disintió de una decisión mayoritaria que apoyaba el bloqueo de un tribunal inferior en la regla de inmigración de “carga pública” del gobierno de Illinois. La regla restringe la elegibilidad de los nuevos inmigrantes que se considera probable que dependan de la asistencia pública.

Ella no estaba de acuerdo con los demandantes caracterizando sus argumentos como un “desacuerdo con” una “elección de política”. “El litigio no es el vehículo para resolver disputas políticas”, añadió.

A principios de este año, la Corte Suprema levantó el mandato judicial confirmado por el 7º Tribunal de Circuito.

Barrett también fue la autora de la opinión mayoritaria en otro caso, citado como Yafai contra Pompeo, en el que estuvo de acuerdo con la decisión del Departamento de Estado de denegar un visado a la esposa de un ciudadano estadounidense por haber intentado introducir de contrabando dos niños en Estados Unidos, a pesar de que los padres dijeron que los niños habían muerto en un accidente. Su solicitud fue reconsiderada pero fue denegada.

La mayoría confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar el caso basándose en una doctrina conocida como no revisabilidad consular, que impide a los tribunales revisar las decisiones sobre visados adoptadas por funcionarios consulares en el extranjero.

Barrett también determinó que el demandante no había demostrado que el funcionario consular hubiera actuado de mala fe, diciendo que la decisión de denegar la solicitud de visado era legítima a primera vista y de buena fe. Ella dijo que el funcionario había pedido documentos adicionales, lo que “sugiere un deseo de hacerlo bien”, y que la embajada había enviado un correo electrónico al abogado del demandante, que “revela razones de buena fe para rechazar la respuesta del demandante a la acusación de contrabando”.

Inmigrantes esperan en fila para convertirse en ciudadanos estadounidenses en una ceremonia de naturalización en la ciudad de Nueva York, N.Y., el 2 de febrero de 2018. (John Moore/Getty Images)

Crimen

Shapiro dijo que Barrett ha demostrado que “no está reflexivamente a favor de las fuerzas de seguridad, ni a favor de los defensores de criminales” en la forma en que ha fallado en casos relacionados con el crimen.

Ella ha denegado la inmunidad cualificada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han abusado de sus facultades y violado los derechos constitucionales, mientras que en otros casos ha fallado en nombre del gobierno contra acusados de delitos.

“Es muy metódica en su forma de enfocar las cosas”, dijo Shapiro.

En el caso Rainsberger contra Benner, escribió la opinión mayoritaria para denegar la inmunidad cualificada, una protección legal que protege a los funcionarios públicos de la responsabilidad civil, a un detective que había presentado información falsificada para una declaración jurada de causa probable.

“La ilegalidad de utilizar alegaciones deliberadamente falsificadas para establecer una causa probable no podría ser más clara”, escribió en la opinión (pdf).

En 2019, anuló una condena que se había obtenido en parte después de que agentes del Organismo de Lucha contra las Drogas registraran el apartamento de un sospechoso. Los agentes obtuvieron el consentimiento de una mujer que no vivía en el apartamento para registrarlo.

“¿Es razonable que los agentes asuman que una mujer que abre la puerta en bata de baño tiene autoridad para consentir el registro de la residencia de un sospechoso varón?”, escribió Barrett para la mayoría (pdf).

“Los oficiales pueden asumir razonablemente que la mujer ha pasado la noche en el apartamento, pero eso es lo más lejos que una bata de baño puede llevarlos. Sin más, no era razonable que concluyeran que ella y el sospechoso compartían el acceso o el control de la propiedad”, añadió.

En otra decisión de 2019, disintió en un caso (pdf) que concedía el hábeas corpus a un acusado criminal que argumentaba que sus derechos al debido proceso habían sido violados porque el Estado había retenido pruebas favorables a su caso.

Barrett dijo que disentía porque la opinión mayoritaria “no le da a la Corte de Apelaciones de Indiana la deferencia” requerida por la ley federal. Dijo que aunque cree que la retención de pruebas constituye una violación de las garantías procesales en virtud de una decisión de la Corte Suprema de 1963, “no fue ni contrario ni una aplicación irrazonable de la ley federal claramente establecida que la Corte de Apelaciones de Indiana concluyera lo contrario”.

Otros casos

En el caso Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo contra Autozone, la comisión pidió al tribunal que revisara en el estrado una decisión que había dictaminado para una tienda AutoZone que utilizaba la raza como característica definitoria para trasladar a los empleados a instalaciones separadas. El gobierno federal había argumentado que la tienda violaba el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que hace ilegal que los empleadores segreguen o clasifiquen a los empleados en función de su raza.

Barrett, que acababa de ocupar el cargo, se unió a cuatro de sus colegas para negar una nueva audiencia del caso. Barrett no fue uno de los jueces que dictaminó en el caso de las apelaciones.

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