Agentes inmobiliarios de Alabama y Georgia pidieron a la Corte Suprema que bloqueara una moratoria federal sobre los desalojos que fue impuesta el año pasado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) con la esperanza de frenar la propagación del virus del PCCh, la cual causa la enfermedad COVID- 19.
El Congreso promulgó una moratoria a nivel nacional sobre los desalojos y extendió su vigencia hasta el 31 de enero de 2021. Los CDC con sede en Atlanta, que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., impusieron su propia moratoria a instancias del entonces presidente Donald Trump, cuya versión actual finalizará el 30 de junio de este año. La teoría era que desalojar a los inquilinos propagaría el virus, el cual ahora parece estar en descenso. Los infractores enfrentan sanciones penales y multas de seis cifras.
Los agentes de bienes raíces argumentan en su solicitud de emergencia en la Alabama Association of Realtors vs. Department of Health and Human Services, expediente judicial 20A169, interpuesto el 3 de junio, que la moratoria de los CDC «transfirió las responsabilidades económicas de la pandemia de los inquilinos a los propietarios».
“Al hacerlo, los CDC trasladaron las cargas financieras de la pandemia de los 30 a 40 millones de inquilinos del país a sus 10 a 11 millones de propietarios—la mayoría de los cuales, al igual que los solicitantes, son individuos y pequeñas empresas—lo que resultó en más de 13 mil millones de dólares en alquiler impagado por mes. Desde entonces, los CDC han extendido dos veces su moratoria, la que actualmente vence el 30 de junio de 2021 (a menos que se extienda, una vez más)».
El efecto total “de la extralimitación de los CDC puede alcanzar hasta 200 mil millones de dólares si permanece en vigor durante un año. Y debido a la inmunidad soberana del gobierno, su incapacidad para brindar asistencia de alquiler oportuna y la naturaleza a prueba de juicios de los inquilinos cubiertos por la moratoria, esa transferencia masiva de riqueza (y la ocupación ilegal de propiedad sancionada por el gobierno que la acompaña) nunca se deshará por completo».
Hace un mes, el juez federal de distrito Dabney Friedrich anuló la moratoria al considerar que excedía la autoridad que el Congreso otorgó a los CDC en las leyes federales de salud pública.
La Ley del Servicio de Salud Pública «autoriza al Departamento a combatir la propagación de enfermedades a través de una variedad de medidas, pero estas medidas claramente no abarcan la moratoria de desalojo a nivel nacional establecida en la Orden de los CDC», escribió Friedrich, una persona designada por Trump, en un memorándum de opinión 5 de mayo.
“Por lo tanto, el Departamento ha excedido la autoridad provista en § 361 de la Ley de Servicios de Salud Pública, 42 USC § 264 (a)”, escribió el juez.
Los agentes inmobiliarios se refieren a la Ley del Servicio de Salud Pública como «un estatuto de 1944 que rara vez se utiliza y que trata sobre cuarentenas e inspecciones con el fin de detener la propagación de enfermedades a nivel internacional o interestatal».
Ellos dicen que los CDC afirman que el estatuto «le otorgó el poder incondicional de tomar cualquier medida imaginable para detener la propagación de enfermedades transmisibles—ya sea moratoria de desalojo, límites de culto, cierres nacionales, cierres de escuelas o mandatos de vacunas».
Friedrich suspendió su orden a la espera de la apelación del gobierno. La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia dejó la suspensión en su lugar.
“La orden de suspensión no puede mantenerse”, argumentan los agentes inmobiliarios en su solicitud.
“El Congreso nunca le dio a los CDC la asombrosa cantidad de poder que ahora reclama. Los precedentes de esta Corte tampoco permiten que las acciones de agencias ilegales persistan durante la tramitación de una apelación simplemente porque el gobierno ha planteado serias dudas sobre el fondo—un estándar que se cumplirá en casi todos los casos en los que se haya desafiado la autoridad del gobierno».
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pidió al gobierno que respondiera a la solicitud antes del 10 de junio a las 5 p. m.
The Epoch Times se puso en contacto con la procuradora general interina, Elizabeth Prelogar, para solicitar un comentario, sin embargo no recibió una respuesta al cierre de esta edición.
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