El Senado del estado de Georgia aprobó el lunes un amplio proyecto de ley de reforma electoral que, entre múltiples disposiciones, derogaría el voto en ausencia sin excusa y limitaría las boletas por correo a ciertos criterios.
El proyecto de ley, respaldado por los republicanos, fue aprobado en una votación 29 a 20. Ahora pasa al Comité de Integridad Electoral de la Cámara de Representantes, donde se espera que se apruebe en las próximas semanas. El proyecto debe ser aprobado antes del 31 de marzo para tener la posibilidad de convertirse en ley antes de que finalice la sesión legislativa de 2021 en Georgia, quedando sujeto a la decisión del gobernador Brian Kemp de firmarlo o vetarlo.
El proyecto de ley, SB 241 (pdf), contiene cambios radicales en el Código de Georgia relacionados con las elecciones y el voto. De acuerdo con la legislación propuesta, las personas con derecho a votar por correo se limitarán a las personas con discapacidades físicas; o mayores de 65 años; que reúnan los requisitos para ser votantes militares o en el extranjero; que tengan una festividad religiosa en torno al día de las elecciones; que trabajen en las elecciones; o que, de algún modo, necesiten estar fuera de su distrito electoral durante el periodo de votación anticipada y el día de las elecciones.
El proyecto de ley también eliminaría el voto en ausencia sin excusa, algo que se ha permitido en Georgia desde 2005.
Entre otras disposiciones, el proyecto de ley exigiría la identificación del votante para solicitar un voto en ausencia. Además, Georgia estaría obligada a participar en un sistema no gubernamental de registro de votantes de varios estados para comprobar el derecho al voto de los votantes. La participación actual del estado es voluntaria. El proyecto de ley también aclara una ley sobre las unidades móviles de votación, diciendo que estas unidades solo se utilizarán para reemplazar las actuales instalaciones de votación de ladrillo y mortero, y no para complementarlas.
Según el proyecto de ley, se crearía una línea telefónica directa para recibir quejas e informes de intimidación a votantes y fraude electoral, que serían revisados por el fiscal general en un plazo de tres días. El grupo republicano del estado dijo que la línea directa ayudaría a crear confianza en el sistema electoral, ya que el responsable de la línea directa, el fiscal general, es independiente de la oficina que gestiona las elecciones, la oficina del secretario de Estado.
«Hemos dedicado varios cientos de horas a la investigación y al desarrollo de políticas en torno a la integridad electoral, abordando la falta de fe e integridad en nuestros actuales sistemas electorales, tal y como han expresado muchos de nuestros ciudadanos», dijo el Caucus Republicano del Senado de Georgia en un comunicado. «Animamos a todos los ciudadanos a practicar su deber cívico y, a cambio, es nuestra responsabilidad garantizar la confianza pública en el sistema, asegurando la protección de nuestros derechos». El SB 241 codifica la reforma abierta y honesta de una multitud de áreas relativas a la supervisión de las elecciones, los procesos de votación y la transparencia».
Poco antes de la votación del proyecto de ley, los republicanos de Georgia emitieron unas declaraciones en las que decían: «Queremos que todas las personas voten. Queremos que las elecciones sean seguras. Estamos abiertos a soluciones, pero Georgia no será vulnerable al fraude electoral». Las declaraciones se refieren presumiblemente a las elecciones presidenciales de 2020, en las que se produjeron numerosas acusaciones de irregularidades en la votación y denuncias de fraude electoral.
El vicegobernador Geoff Duncan, el republicano número 2 de Georgia, decidió no presidir el debate del proyecto de ley. Dijo al The Atlanta Journal-Constitution que «se niega a ser el presidente de una medida a la que se opone tan rotundamente», según el medio.
John Albers, Kay Kirkpatrick y Brian Strickland, fueron los únicos senadores estatales republicanos que no copatrocinaron el proyecto de ley. Los tres también optaron por excusarse de la votación. Otro republicano, Chuck Hufstetler, tampoco participó en la votación.
El líder de la mayoría republicana, Mike Dugan, principal patrocinador del proyecto de ley, dijo que durante la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que coincidió con el último ciclo electoral, el aumento de las boletas de voto ausente supuso una carga para las oficinas electorales de los condados, informó The Associated Press.
«La creciente carga para las oficinas electorales locales y el aumento de los costes para cada uno de nuestros condados ha aumentado significativamente», dijo Dugan, según el servicio de noticias. «En los últimos años, el número de boletas de voto ausente por correo ha aumentado hasta el punto de que los condados están, en esencia, celebrando tres elecciones simultáneamente». Añadió que se estima que 2.7 millones de georgianos seguirían teniendo derecho a votar en ausencia según los criterios expuestos en el proyecto de ley.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó su propia versión de un proyecto de ley de reforma electoral, el HB 531, que tiene muchas coincidencias con el SB 241. Sin embargo, el proyecto de la Cámara seguiría permitiendo el voto en ausencia sin excusa.
Otros proyectos de ley relacionados con el voto fueron aprobados el lunes en el Senado de Georgia.
La SB 62, que fue aprobada por una votación de 37-15, exigiría que todas las boletas electorales contengan elementos de seguridad adicionales, así como el nombre y la designación del recinto electoral.
La SB 202, que fue aprobada por 32-20, prohibiría que cualquier persona que no sea el secretario de Estado o los funcionarios electorales locales envíe solicitudes de voto en ausencia a los votantes que hayan solicitado un voto en ausencia.
El SB 74, que fue aprobado por una votación de 36-18, ampliaría las áreas a las que tienen acceso los observadores electorales en los centros de recuento, de manera que puedan estar en cualquier área donde se reciban y procesen las boletas y los resultados electorales.
La SB 72, que fue aprobada por una votación de 48-5, requeriría que los registradores del condado revisen los registros actualizados de las muertes en el condado cada mes, y utilicen la información para actualizar los registros de inscripción de votantes.
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