La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador juramentó este domingo a 98 jueces en medio de una polémica reforma a la Ley de la Carrera Judicial que cesa a más de 200 jueces.
La reforma entró en vigencia el sábado, pero la Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel ordenó el miércoles a la CSJ «suspender la aplicación» del decreto de reforma, aprobado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista y firmado por el presidente Nayib Bukele.
No obstante, dos apoderados legales del Supremo presentaron la tarde del viernes ante la Sala de lo Constitucional un recurso de apelación por la resolución que emitió dicha cámara, por lo que se ha generado una incertidumbre judicial.
Los jueces juramentados fueron escogidos de entre «los mejores elementos» de la institución, no son letrados «externos» y «tomarán sus respectivos cargos y funciones a partir del lunes», dijo este domingo el presidente de la CSJ, Óscar López Jerez.
«Nadie de afuera del órgano Judicial ha sido nombrado este día. Fueron nombrados por corte plena para distintas sedes judiciales del país, luego de un completo análisis exhaustivo del perfil de cada uno, todo con el fin de que el país y el pueblo tengan una correcta, pronta y efectiva administración de Justicia», manifestó el presidente del CSJ.
López Jerez también informó, luego de una reunión extraordinaria realizada hoy, que hasta el viernes 100 jueces presentaron su renuncia.
El Congreso reformó la Ley de la Carrera Judicial para cesar a los juzgadores sexagenarios con el argumento de depurar el sistema judicial.
Esta justificación, que únicamente restringe las supuestas prácticas corruptas en jueces de 60 años o con carrera de 30 años, fue dada por los diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), pero no está en el decreto aprobado.
La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la «consumación del golpe de Estado» contra el órgano Judicial.
Uno de los jueces cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.
Dicho juez conoció el proceso penal por la masacre de 1000 civiles desarmados perpetrada por el Ejército en la remota localidad de El Mozote, en 1981.
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