Un director del Departamento de Salud de un condado de Florida fue dado de baja con licencia administrativa el 19 de enero después de difundir un correo electrónico que podría haber infringido las leyes estatales.
El Dr. Raul Pino, un director del condado de Orange, escribió el 4 de enero en un correo electrónico quejándose de que un bajo porcentaje de los empleados de salud del condado se habían vacunado.
Pino escribió que el 38 por ciento de los trabajadores de la salud habían completado su serie de vacunas, incluido un 13 por ciento que había recibido la dosis de refuerzo y un seis por ciento una sola dosis.
Un análisis de los datos de vacunación de los empleados mostró que de los 568 empleados activos en el departamento, solo 77 habían recibido una dosis de refuerzo de COVID-19, 219 tenían dos dosis de la vacuna y 34 tenían una sola dosis.
El departamento de salud de Florida dio a conocer el correo electrónico en su totalidad a The Epoch Times.
«¡Me cuesta entender cómo podemos estar en la salud pública y no practicarla! Las razones pueden ser muchas, pero ¿tantos de nosotros?», escribió Pino.
«Lo siento, pero a estas alturas, a falta de razones razonables y reales, es una irresponsabilidad no vacunarse”.
«Llevamos dos años en esto, fuimos los primeros en vacunar a las masas, hemos hecho más de 300,000 y no estamos ni al 50 por ciento. Es patético», escribió a continuación.
El Departamento de Salud emitió la siguiente declaración:
«Como la decisión de vacunarse es una opción médica personal que debe tomarse libre de coacciones y mandatos de los empleadores, el empleado en cuestión fue puesto bajo licencia administrativa y el Departamento de Salud de Florida está llevando a cabo una investigación para determinar si se violó alguna ley en este caso», dijo el secretario de prensa del departamento de salud, Jeremy Redfern, en una declaración escrita.
«El departamento se compromete a respetar todas las leyes, incluida la prohibición de las órdenes de vacunación para los empleados del gobierno y tomará las medidas apropiadas una vez que se conozca una información adicional», agregó Redfern.
El alcalde del condado de Orange y exsheriff, Jerry Demings, que actualmente está luchando contra COVID-19, emitió una declaración el 19 de enero sobre el papel de Pino y su «actual situación laboral en el departamento de salud» diciendo que «el Dr. Raul Pino fue nuestro socio y amigo de confianza durante toda la pandemia».
«Sus sólidos consejos médicos nos han ayudado a mí y a otros innumerables líderes del Condado de Orange a tomar las mejores decisiones posibles para hacer frente al COVID-19», dijo Demings.
«Tengo la ferviente esperanza de que el Dr. Pino vuelva pronto a trabajar en nombre de los residentes del Condado de Orange», dijo a continuación.
Pino llegó a Florida Central desde Nueva Inglaterra, donde se había reasentado tras abandonar Cuba como refugiado político hace 25 años.
El médico se licenció en medicina en Cuba y se formó en cirugía plástica en el Hospital Naval de La Habana.
Su primer trabajo en Estados Unidos fue recogiendo arándanos en Connecticut, luego quiso incorporarse a la listas de médicos de Estados Unidos pero el país no reconocía su título de médico de Cuba.
Pino volvió a estudiar y obtuvo un máster en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut.
Fue contratado por el departamento de salud pública de ese estado como epidemiólogo y luego fue comisionado.
En mayo de 2020, Pino y su familia se trasladaron a Orlando, tras lo cual se convirtió en funcionario médico del Condado de Orange.
Varios periódicos se refirieron a él como «el Dr. Fauci de Florida Central», ya que estuvo presente junto al alcalde Demings en las conferencias de prensa cuando daba las actualizaciones de COVID-19 y se dirigía al público utilizando sus conocimientos de español bilingüe.
La Asamblea Legislativa de Florida aprobó una ley que prohíbe la vacunación obligatoria y prevé exenciones médicas y religiosas, incluso para los empleados del gobierno.
El 18 de noviembre, el gobernador promulgó la ley.
El 12 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las órdenes de vacunación de la administración Biden pero permitió que se mantengan para los trabajadores sanitarios que trabajaban en centros que reciben dinero federal.
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