Los abortos en Texas cayeron significativamente durante los primeros meses tras la anulación de Roe contra Wade, con el estado rojo implementando decididas leyes antiaborto mientras los legisladores republicanos impulsan más políticas provida en todo el país.
En agosto de 2022 solo se produjeron tres abortos en Texas, frente a los 2596 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe contra Wade, según datos de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. Esto representa un descenso del 99.88% de los abortos en un lapso de dos meses.
«El informe oficial muestra que solo se registraron tres abortos en Texas en agosto de 2022, todos debidos a emergencias médicas. Todavía tenemos trabajo por hacer para detener los abortos ilegales, especialmente las píldoras traficadas a través de la frontera y online, pero esto muestra un progreso que salva vidas», declaró Texas Right to Life, una organización provida, en un tuit el 3 de enero.
Tras la sentencia del caso Roe contra Wade, a finales de agosto entró en vigor una ley desencadenante en Texas que prohíbe los abortos. La ley prohíbe todos los abortos excepto cuando la vida de la madre está en peligro.
En septiembre de 2021, el estado promulgó la Ley del Latido del Corazón de Texas, que prohíbe los abortos una vez que se detecta el latido del corazón del feto. En el primer mes de la ley, los abortos en el estado habían caído a 2251 en comparación con 5706 abortos en agosto de 2021.
Impulso provida
Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes impulsaron dos medidas provida el 11 de enero. La primera fue la «Ley de Protección a los Supervivientes de Abortos Nacidos Vivos», aprobada con 220 votos a favor y 210 en contra. La ley exige que un niño nacido vivo tras un intento de aborto reciba el mismo grado de atención que otros niños nacidos prematuramente.
«Un profesional de la salud que no proporcione el grado requerido de atención, o un profesional de la salud u otro empleado que no informe de tal incumplimiento, está sujeto a sanciones penales: una multa, hasta cinco años de prisión, o ambas», establece el proyecto de ley.
«La persona que mate o intente matar intencionadamente a un niño nacido vivo será procesada por asesinato».
La segunda medida es una resolución aprobada por 222 votos a favor y 209 en contra que condena el aumento de los ataques contra los centros de crisis del embarazo (CPC), que son organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen apoyo, asesoramiento y recursos para persuadir a las mujeres contra el aborto.
La congresista se refería al borrador filtrado de la opinión mayoritaria en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, que mostraba la intención de la Corte Suprema de EE. UU. de anular el derecho al aborto decidido en Roe contra Wade.
Leyes estatales sobre el aborto
Desde el 9 de enero, 12 estados de EE. UU. han aplicado una prohibición casi total del aborto, con muy pocas excepciones: Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental, según el Instituto Guttmacher, un organismo de investigación y defensa de políticas para mejorar la salud sexual y los derechos reproductivos.
En Wisconsin y Dakota del Norte no se puede abortar, aunque no se ha aplicado ninguna prohibición. En Arizona, Georgia, Utah y Florida, las leyes prohíben el aborto después de un determinado número de semanas.
Las leyes de aborto de Ohio, Wyoming e Indiana están actualmente bloqueadas por los tribunales. Iowa, Montana y Nebraska han indicado que quieren prohibir el aborto.
En Nebraska, los legisladores propusieron un proyecto de ley que prohibiría los abortos seis semanas después del embarazo, que es aproximadamente el momento en que se detecta el latido del corazón del feto. La «Ley del Latido del Corazón de Nebraska» fue presentada por la senadora estatal republicana Joni Albrecht junto con otros legisladores.
En Virginia, los legisladores republicanos han propuesto prohibir el aborto 15 semanas después del embarazo. Los médicos que practiquen o ayuden en este tipo de operaciones abortivas tendrían que enfrentarse a cargos por delitos graves.
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