Un tribunal federal de apelaciones ha fijado un plazo hasta mediados de enero para que la Asamblea Legislativa del estado de Luisiana elabore un nuevo mapa del Congreso, el último en una larga disputa legal que incluyó un fallo de un tribunal inferior que consideraba que el mapa actual probablemente diluía injustamente el poder de los votantes negros.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió su orden el 10 de noviembre, exigiendo a la Legislatura estatal que aprobara un nuevo mapa antes del 15 de enero de 2024.
La orden del tribunal de apelaciones señala que, si la Legislatura estatal no adopta un nuevo mapa antes de la fecha límite, entonces el tribunal inferior debería avanzar a un juicio para ultimar los límites rediseñados para las elecciones de 2024.
Si hay objeciones al nuevo mapa, el asunto se devolverá al tribunal de primera instancia para que examine si es compatible con el artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto, como alegan los opositores al mapa actual, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Luisiana, dirigida por el Partido Republicano.
El tribunal de apelaciones señaló en su decisión que simplemente estaba revisando la concesión de una medida cautelar preliminar y no emitiendo una sentencia definitiva en el caso.
La orden del tribunal de apelaciones anula un fallo de un tribunal inferior de 2022 que, según los jueces de apelación, fue «emitido con la urgencia de establecer un mapa para las elecciones de 2022» y «ya no es necesario».
El tribunal de apelaciones también concluyó que el tribunal inferior probablemente tenía razón al determinar que el mapa aprobado por la Legislatura controlada por el Partido Republicano de Luisiana violaba la ley.
«El tribunal de distrito no se equivocó claramente en sus determinaciones de hecho necesarias ni cometió un error jurídico en sus conclusiones que decían que era probable que los demandantes tuvieran éxito en su reclamación de que se había producido una violación del artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto en la redistribución de distritos prevista por la Legislatura», afirma la decisión del tribunal de apelaciones.
Batalla legal
La batalla por el mapa del Congreso de Luisiana ha estado marcada por giros y cambios, incluso después que el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, un demócrata, vetó el mapa de redistribución de distritos liderado por los republicanos, lo que llevó a los legisladores a responder anulando su objeción y convirtiendo el mapa en ley.
Después de que se anuló el veto, una coalición de demandantes, representada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentó una demanda.
Finalmente, esto llevó a un fallo de un tribunal inferior, emitido en junio de 2022 por la jueza de distrito estadounidense Shelly Dick, que ordenó una revisión al mapa para incorporar un segundo distrito de mayoría negra, lo que provocó una apelación ante el Quinto Circuito, que emitió su orden el 10 de noviembre.
Un portavoz de la ACLU de Luisiana elogió la decisión del tribunal de apelaciones.
“El fallo de hoy ha fortalecido nuestra determinación de continuar la lucha por mapas justos que afirmen los derechos fundamentales de voto de nuestra comunidad”, dijo en un comunicado Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana.
En línea con el fallo, el republicano Jeff Landry, gobernador electo de Luisiana, dijo que tiene la intención de convocar una sesión especial para volver a trazar el mapa.
«La redistribución de distritos es una función legislativa estatal. Según el fallo de hoy, convocaré una sesión especial para que nuestra Legislatura pueda resolver este asunto», le dijo Landry a la prensa en un comunicado.
Sin embargo, Landry no asume el cargo hasta el 8 de enero, lo que significa que habrá poco tiempo para cumplir con la fecha límite del 15 de enero.
Mientras tanto, Edwards, el actual gobernador de Luisiana, no ha indicado si estaría dispuesto a convocar la sesión especial antes de que finalice su mandato. Emitió una declaración diciendo únicamente que el fallo del tribunal de apelaciones lo deja «confiado» en que el estado «tendrá un mapa justo con dos distritos de mayoría negra antes de las elecciones al Congreso el próximo año».
El mapa actual de Luisiana tiene mayorías blancas en cinco de seis distritos. Los votantes negros representan aproximadamente un tercio de la población del estado.
Los demócratas han argumentado que el mapa discrimina a los votantes negros, mientras que los republicanos han dicho que el mapa es justo porque las poblaciones negras del estado están demasiado dispersas por todo el estado para formar un segundo distrito de mayoría negra.
El fallo del Quinto Circuito es el último desarrollo en el caso Robinson vs Ardoin, la demanda presentada en 2022 por una coalición de grupos e individuos representados por la ACLU.
Fuera de Luisiana, hay otras luchas sobre nuevas líneas en el Congreso que podrían influir en qué partido controlará la Cámara de Representantes después de las elecciones de 2024.
Los republicanos han elaborado un mapa en Carolina del Norte que podría ayudarles a conseguir al menos tres escaños, mientras que los demócratas esperan conseguir escaños en las batallas legales que se desarrollan en Nueva York y Georgia.
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