Tribunal Supremo chavista avanza contra otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional

Por VOA
14 de Mayo de 2019 Actualizado: 14 de Mayo de 2019

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que responde al régimen de Nicolás Maduro, decidió este martes admitir la solicitud puesta por la Fiscalía chavista contra cuatro nuevos diputados por ocho delitos contra el Estado, profundizando así lo que la oposición y la comunidad internacional han calificado como una persecusión.

En esta oportunidad, los señalados son Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores. El máximo tribunal del país admitió la responsabilidaden la “comisión flagrante” de los delitos de: “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado”.

Estos diputados se unen a la lista de siete diputados que desde la semana pasada tienen su inmunidad parlamentaria revocada por la chavista Asamblea Nacional Constituyente.

El primer vicepresidente del parlamento Edgar Zambrano, detenido el pasado 8 de mayo, está en el primer grupo señalado y tiene prisión preventiva en una cárcel militar. Otros dos se refugiaron en la embajada de Italia en Caracas, otro en la de Argentina y uno decidió exiliarse en Colombia.

Apenas el día de ayer, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en sesión extraordinaria una resolución para condenar la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Otros tres parlamentarios ya fueron señalados por el TSJ y esperan la decisión de la Constituyente. Se trata de Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejías.

En la nota de prensa donde comunican su decisión, el tribunal chavista pide remitir una copia de la orden al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para que “determine lo conducente” y al fiscal general Tarek William Saab para que continúe la tramitación de la causa penal.

Esta desición se da el mismo día que la sede del parlamento de Venezuela amaneció tomada por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, el día correspondiente a una sesión ordinaria del cuerpo legislativo, por lo que los diputados lo consideran “un secuestro” para que el Poder Legislativo no pueda ejercer sus funciones.

 

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