NUEVA YORK —El expresidente Donald Trump compareció el martes a distancia ante el Tribunal Penal de Manhattan para escuchar las instrucciones de un juez sobre su manejo de las evidencias en la causa penal abierta contra él por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
La audiencia fue la primera comparecencia de Trump después de que el expresidente se declarara inocente en abril de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con supuestos pagos de dinero para silenciar a la actriz de entretenimiento para adultos Stormy Daniels.
Dirigiéndose a Trump, que compareció por videoconferencia, el juez Juan Merchan, de la Corte Suprema de Nueva York, dijo al expresidente que el 8 de mayo firmó una orden de protección sobre las pruebas que se descubran en el caso y que la orden de protección (pdf) es un mandato judicial. La orden de protección limita el material que Trump puede ver y dónde puede verlo, y prohíbe al expresidente, o a cualquier miembro de su equipo, filtrar al público dicho material.
Estos materiales de descubrimiento incluyen actas y pruebas del gran jurado, declaraciones de testigos, materiales relacionados con citaciones y correos electrónicos internos de la fiscalía, según indicaron los fiscales de la fiscalía de Manhattan durante la audiencia de lectura de cargos de abril.
El juez dijo a Trump y a su abogado Todd Blanche que una violación de la orden de protección podría acarrear sanciones, incluida la acusación de desacato al tribunal. El desacato al tribunal es una acusación penal que puede acarrear multas o penas de prisión.
Esto se produjo después de que los fiscales del distrito de Manhattan argumentaran en una presentación judicial (pdf) el 26 de abril que se debería prohibir a Trump, mediante una orden de protección del tribunal, que compartiera las pruebas descubiertas con los medios de comunicación o el público.
Esta orden de protección es necesaria, afirman los fiscales, para proteger a «testigos, investigadores, fiscales, jurados de primera instancia, grandes jurados, jueces y otras personas implicadas en procesos judiciales contra» Trump de verse perjudicados en caso de que el expresidente publique esos materiales.
El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo durante la audiencia que como Trump «se presenta a presidente de Estados Unidos, le preocupa mucho que se violen sus derechos de la primera enmienda».
En respuesta, el juez dijo que la orden de protección «ciertamente no es una orden de mordaza» y que su intención no es obstaculizar la capacidad de Trump para hacer campaña presidencial.
Tras unas breves deliberaciones entre ambas partes, el juez ha fijado un nuevo calendario de instrucción. Ha dicho que los abogados de Trump tienen hasta el 29 de agosto para presentar peticiones previas al juicio, y el demandante tiene hasta el 10 de octubre para responder. El juez dijo que emitiría una decisión sobre las peticiones previas al juicio el 4 de enero a las 9.30 horas, y que el juicio comenzaría el 25 de marzo de 2024.
Se espera que los abogados de Trump presenten peticiones de desestimación de los cargos basándose en que los fiscales del caso han incurrido en una acusación selectiva y en mala conducta fiscal, como indicó el abogado de Trump, Joseph Tacopina, durante la vista de la comparecencia de Trump el mes pasado.
«Acabo de tener una audiencia en la Corte Suprema del condado de Nueva York en la que creo que se han violado mis derechos de la Primera Enmienda, la ‘Libertad de Expresión’, y nos han impuesto una fecha de juicio para el 25 de marzo, justo en plena temporada de primarias. Muy injusto, pero esto es exactamente lo que querían los Demócratas de Izquierda Radical», escribió Trump en un posteo en Truth Social poco después de la audiencia.
«¡¡¡Se llama INTERFERENCIA ELECTORAL, y nunca había ocurrido nada parecido en nuestro país!!!», escribió Trump.
Una imputación histórica
La imputación de Trump en abril lo convirtió en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos acusado penalmente, aunque los expertos han señalado que el caso de Bragg se basa en fundamentos jurídicos poco sólidos.
La acusación de 16 páginas y la exposición de los hechos de 13 páginas (pdf), publicadas el 4 de abril tras la comparecencia de Trump, afirman que Trump falsificó registros relacionados con múltiples pagos efectuados para mantener oculta información negativa sobre él.
Los fiscales alegan que Trump ordenó a uno de sus abogados, Michael Cohen, durante las elecciones presidenciales de 2016 que pagara a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels 130,000 dólares para evitar que hiciera pública una presunta aventura entre ella y Trump en 2006, que el expresidente niega.
Los expedientes judiciales alegan que Trump reembolsó entonces a Cohen mediante cheques mensuales y documentó ese pago como gastos legales en la Organización Trump, lo que dio lugar a 34 entradas falsas en los registros mercantiles de Nueva York.
Un delito grave de falsificación de registros requiere que el fiscal demuestre que se hizo con la intención de ocultar la comisión de un segundo delito.
La acusación y los documentos judiciales no especifican este segundo delito. Pero Bragg, en una rueda de prensa posterior a la audiencia de imputación, mencionó tres posibilidades: una violación de la ley electoral estatal que prohíbe cualquier conspiración para promover a un candidato «por medios ilícitos», una violación de un límite federal a las contribuciones a las campañas y una violación de la ley fiscal estatal.
Alan Dershowitz, profesor que enseñó en la Facultad de Derecho de Harvard durante casi cincuenta años, expresó su escepticismo sobre los fundamentos jurídicos en que se basa el caso de Bragg, afirmando que está utilizando «leyes inventadas» para organizar un ataque por motivos políticos.
«Nunca se debería detener a nadie basándose en leyes inventadas o combinando un estatuto federal y otro estatal», declaró Dershowitz a The Epoch Times en una entrevista en marzo, cuando saltó la noticia de que Trump podría ser acusado penalmente. «Enseñé Derecho Penal durante 50 años en Harvard, y la única norma era que los fiscales no se permitían ninguna creatividad. La ley tiene que ser clara».
«No es una acusación justa. No es un procesamiento justo. Y creo que todo libertario, sea conservador o liberal, debería oponerse a ella», afirmó.
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